Duda CDHDF de legalidad del acto expropiatorio
Una de las garantías individuales que pudo haber sido violentada con el desalojo de Tenoch 40, en el barrio de Tepito, es el derecho a la seguridad jurídica, ya que es probable que el gobierno capitalino carezca de personalidad para realizar una expropiación con la finalidad de combatir al crimen organizado, así lo aseguró en entrevista el tercer visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis González Plascencia.
"Hay que tomar en cuenta que la expropiación es un acto administrativo, que tiene fines muy concretos y está regulado por una legislación que tiene muchos huecos.
"Además, no hay que olvidar que la norma que regula las expropiaciones fue concebida como documento administrativo que tiene que ver con el mejor uso del bien público, y aquí el tema es que se utiliza para combatir al crimen organizado"; abundó que se han presentado 23 quejas ante el organismo.
Por su parte, Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos, y Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, consideran que en la expropiación se vulneraron cuando menos dos garantías: derecho a la vivienda y legalidad, y que si el GDF demuestra que el acto fue legal y garantiza vivienda para los desalojados, daría un ejemplo de cómo debe actuar una administración en defensa de los derechos humanos.