Advierte ONG sobre posible ''emboscada'' contra el activista Omar Esparza Zárate
Persiste hostigamiento en Oaxaca contra defensores de derechos humanos: Cactus
Los actos de "hostigamiento" en contra de defensores de derechos humanos en Oaxaca continúan. Hace un par de semanas elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) acudieron a las oficinas del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), en la región mixteca, en busca del activista Omar Esparza Zárate para que se presentara a comparecer "pronto" ante la oficina regional de la Procuraduría General de la República (PGR) con relación a hechos sucedidos en el estado a finales de 2006, aunque no se le especificó de qué delitos se le acusa.
Así lo denunció la Red Cuali Nemilistli, organización social oaxaqueña, por lo que emitió una acción urgente por la seguridad y ante el temor de que el defensor de derechos humanos sea privado de su libertad de "forma arbitraria", pues tampoco se le proporcionó una copia del acta de presentación.
Ante estos hechos y debido a que podría tratarse de "una emboscada", Esparza -también integrante de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO)- acudirá hoy a las oficinas regionales de la PGR para saber de qué se le acusa y así enfrentar las acciones legales en su contra.
"Este acto de hostigamiento e intimidación puede ser el inicio de una nueva ola de represión en las distintas regiones del estado, en contra del movimiento social oaxaqueño y de los defensores de derechos humanos; por lo que ahora es momento de detenerla y prevenirla", denunció la red oaxaqueña.
No es la primera vez
La organización estatal de defensa de derechos humanos subrayó que ésta no es la primera vez que el gobierno estatal hostiga al activista, pues el 24 de enero de 2006 Esparza fue detenido y encarcelado "arbitrariamente" por policías municipales de Huajuapan de León, Oaxaca, cuando su vehículo fue interceptado por patrullas de la Policía Municipal.
En esa ocasión los policías le exigieron descender de su automóvil, a lo que el activista se negó demandando se le explicara el motivo de esa orden. Los elementos de seguridad argumentaron que se trataba de una operación de "rutina", porque había información de que una camioneta llevaba armas, abrieron "violentamente" la puerta de su vehículo, lo esposaron, lo obligaron a permanecer de rodillas y lo subieron a una patrulla.
Tras esa agresión, uno de los mandos de la Policía Municipal le fijó una multa y se le concedió su libertad. Ante estos hechos, Esparza presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, misma que aún no ha sido resuelta.
La Red Cuali Nemilistli denunció que meses después, el 12 de junio del año pasado, sujetos desconocidos se introdujeron en las oficinas de Cactus para registrar expedientes, información de grupos y personas con las que trabajaban, objetos personales, además de que se llevaron dos cámaras fotográficas.
Otro acto de hostigamiento se presentó a finales de 2006, pues su esposa, Alberta Cariño -también integrante de Cactus- fue objeto de amenazas telefónicas anónimas, en las que le advertían que si "seguía hablando de más al pueblo le iban a cortar la lengua".
Los hechos referidos, señaló la ONG, "contradicen" los derechos a la libertad personal, de pensamiento, ocupación y expresión, así como a los derechos a la seguridad jurídica y a la igualdad ante la ley, "todos protegidos" por la Constitución mexicana e instancias internacionales.
"El trabajo de los defensores de derechos humanos es fundamental y, por desgracia, sumamente riesgoso en nuestro país; por tanto, deben tomarse todas las acciones posibles para protegerlo, pues al atentar contra sus garantías individuales y colectivas, se atenta directamente contra las de aquellos a los que protege y con quienes trabaja", expresó la ONG.
Debido a ello, demandó a las autoridades estatales y federales, a las que responsabilizó de cualquier acto intimidatorio o violento contra Esparza, tomen las medidas necesarias para el cese del "hostigamiento" contra el activista, su familia e integrantes de Cactus; que se les garantice libertad, seguridad e integridad física; que las autoridades tomen las medidas adecuadas para salvaguardar los tratados internacionales de protección a los defensores y asegurar la aplicación de dichos acuerdos.