Debe indagarse a autoridades estatales y federales involucradas en violaciones a derechos
Impunes, 23 homicidios en el conflicto de Oaxaca, documenta ONG internacional
Recomienda la CCIODH atender pobreza, caciquismo y desigualdad, raíces del problema, dice
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Enfrentamiento entre miembros de la APPO y la PFP, en noviembre pasado
Foto: Francisco Olvera
Durante el conflicto social en Oaxaca se vulneraron los derechos a la vida, a la libertad e integridad personal, a la libertad sexual, a las garantías judiciales, a la libertad de expresión, de informar y ser informado, además de que hubo torturas, agresiones sexuales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y secuestros, revela el informe final de la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH), presentado ayer.
La ONG internacional -que investigó las transgresiones a las garantías individuales en que incurrió el Estado mexicano durante el movimiento social- señala que logró documentar 23 casos de muertes en el conflicto, "cifra significativa del nivel de violencia y de la magnitud de la represión ejercida por el gobierno a manos de sus servidores públicos, de forma cubierta o encubierta".
Conformado en su mayoría por activistas europeos, el organismo subraya que pese a las obligaciones internacionales del Estado mexicano, se constató la violación del derecho a la vida mediante el homicidio de numerosas personas, mismo que no ha sido sancionado.
"La falta de investigación de actos de vulneración a garantías fundamentales representa una violación del deber de proteger a sus ciudadanos mediante los tratados internacionales y, por tanto, fomenta y fortalece la impunidad, impropia de un estado democrático de derecho", refiere en informe. La garantía a la libertad personal se vio vulnerada, pues muchas personas fueron detenidas "de manera indiscriminada y arbitraria", denuncia el organismo.
Agrega que "algunos de los encarcelados no tuvieron conocimiento del motivo de su detención y no les fue concedida comunicación alguna con un abogado ni con algún familiar. Muchos fueron trasladados directamente al penal sin haber sido puestos a disposición de la procuraduría".
Asimismo, el informe destaca que se pudo constatar que "agentes de Estado vestidos de civil" efectuaron secuestros, amén de que "existen indicios fundados" para afirmar que hubo "muertes no reportadas y cuerpos desaparecidos".
Las autoridades estatales y federales también incurrieron en torturas físicas y sicológicas, además de otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes en contra de los detenidos; tanto hombres como mujeres sufrieron abusos y agresiones sexuales de los policías durante los traslados a los penales.
Ante las violaciones a las garantías fundamentales del pueblo oaxaqueño, la CCIODH advierte en su informe final que es necesario investigar la actuación de las secretarías de Seguridad Pública estatal y federal, de las procuradurías General de la República y de la local, de la Secretaría de Gobierno de Oaxaca y de la Policía Federal Preventiva.
También recomienda "atender las causas originales del conflicto, cuyas raíces se hallan en la pobreza, el caciquismo, desigual acceso a los recursos, falta de medios para la educación y la salud"; diseñar y aplicar una reforma "profunda" del Estado; restablecer el estado de derecho, garantizando sin dilación la investigación de los delitos cometidos por el gobierno -en especial por las muertes, desapariciones, torturas y agresiones sexuales-; que las autoridades reconozcan públicamente las vulneraciones que han cometido; que se depuren las responsabilidades y "de hoy en adelante se cumplan estrictamente los convenios internacionales; restablecer el orden mediante el diálogo, y reparar el daño económico, moral y social a la población.