La erosión eleva costos de producción y causa empobrecimiento, advierten expertos
Débiles, las políticas oficiales ante la degradación de suelos, señala estudio
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Contaminación en suelos y agua por desechos tóxicos de empresas instaladas en El Salto, Jalisco. Imagen de archivo
Foto: Francisco Olvera
A pesar de que la degradación de suelos en el país es alarmante -ya que ocurre en 45 por ciento del territorio y causa pérdidas por unos mil millones de dólares al año-, las políticas oficiales ante el problema son "débiles y dispersas", señala el estudio La conservación de suelos como interés público, realizado por Helena Cotler, Sofía Cortina y otros expertos del Instituto Nacional de Ecología, organismo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Esa situación ha "tomado proporciones muy importantes" en cuanto a extensión e intensidad, lo cual provoca aumento de los costos de producción y empobrecimiento de la población rural, "hasta el punto de incentivar su migración".
El documento analiza las políticas agropecuarias y de medio ambiente en relación con la degradación de suelos, la cual afecta los intereses públicos, no sólo los de los agricultores en términos de disminución de productividad y aumento de costos.
Los costos públicos van desde azolves de presas, inundaciones, deterioro de hábitats acuáticos, contaminación de ríos y lagos y emisión de gases invernadero hasta ser causa de la desertificación. Sin embargo, todos estos aspectos públicamente no se asocian al deterioro de suelos.
De acuerdo con los expertos, es probable que la percepción del gobierno y la población sobre esta crisis sea restringida, lo cual impide que este recurso natural y elemento del paisaje ocupe un lugar importante en la agenda pública nacional.
En el país hay leyes para protección de los suelos, pero están orientadas al aspecto productivo, "lo cual dificulta la conservación del conjunto de sus funciones y la promoción de su adecuado manejo. De manera general se puede decir que la respuesta institucional ante esta situación sigue siendo débil y dispersa", añaden.
Existen pequeños programas gubernamentales dedicados al control de la erosión, distribuidos en la Semarnat y la Secretaría de Agricultura, pero entre sí tienen poca vinculación, afirman.
Sumado a ello, exponen, la conservación de los recursos naturales se ha planteado como asunto antagónico al crecimiento del sector agropecuario, y siempre se privilegia este último, "sin que hasta ahora se note un esfuerzo continuo por parte del gobierno por encontrar el justo medio entre estos aspectos fundamentales para lograr el desarrollo sostenible".
Además el presupuesto federal abre una brecha entre los temas ambientales y los agropecuarios, ya que en este sector los recursos asignados son 2.4 veces mayores que los que se destinan al primero. Dentro de los programas forestales en 2003, por ejemplo, sólo 6 por ciento se dedicó exclusivamente a conservación de suelos.
"Los programas de conservación de suelos no muestran una relación con los tipos, intensidades y causas de la degradación, por lo cual se podría pensar que para su diseño no se utilizó la información técnica generada a nivel nacional."
Advierten que en el sector agrícola el problema es mayor porque muchos subsidios al campo tienen efectos negativos para el medio ambiente, entre ellos los apoyos al diesel y a los fertilizantes y pesticidas, cuyo mal uso puede provocar contaminación de agua y suelos.
En el sexenio pasado, abundan, se observó la tendencia a unificar los programas con énfasis en elevar la rentabilidad agropecuaria, lo cual hizo que "las acciones y el presupuesto propuesto para la conservación de suelos agrícolas quedara relegado".
Sistemáticamente los programas federales adjudican menos recursos a la conservación de suelos que a los programas productivos que necesitan de esos mismos suelos en buen estado.