El gobierno de Ulises Ruiz intenta invisibilizar la violencia, plantean al organismo
Víctimas de la represión en Oaxaca denuncian abusos ante la CIDH
Una delegación de abogados y víctimas de la represión en Oaxaca fueron recibidos ayer en el seno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, en una audiencia que duró varias horas, durante la cual denunciaron ante este organismo los numerosos abusos cometidos por el gobierno de Ulises Ruiz contra el pueblo oaxaqueño, la violación de los derechos humanos en el estado, así como práctica de tortura, fabricación de delitos y encarcelamiento de dirigentes sociales y ciudadanos comunes.
Yésica Sánchez Maya, representante de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) en el estado, declaró en entrevista telefónica que en enero de este año solicitaron la audiencia ante esta instancia internacional y encontraron eco a su petición, por lo que en la sesión se presentó todo el compendio de violaciones a los derechos humanos en Oaxaca.
Cuatro abogados y tres víctimas acudieron a la exposición de hechos ante la comisión y además se reunieron con grupos de migrantes en Estados Unidos, como Mexicanos sin Fronteras, y con organizaciones defensoras de los derechos humanos, como Amnistía Internacional.
Sánchez Maya informó que a la fecha han tenido lugar cuatro audiencias sobre el caso Oaxaca, dos de ellas a raíz de la intensificación del conflicto.
Denunció que el gobierno de Ulises Ruiz aún mantiene acciones persecutorias de líderes y simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), sólo que ahora se están llevando a cabo de forma "invisible", a "obscuras". Prueba de ello, señaló, es que de diciembre a la fecha se han concretado otras 20 detenciones sin argumentos legales sólidos.
Además, añadió, todavía hay múltiples órdenes de aprehensión que está otorgando el Poder Judicial, en contubernio con el gobierno estatal, contra quienes se movilizaron, pero también contra "sospechosos", aun quienes no son miembros de la APPO y ni siquiera participaron en las acciones. Pero además se "criminalizó" la defensoría legal de las víctimas del movimiento, ya que contra los abogados pesan acusaciones muy graves para intimidarlos.
Tal es el caso de la propia Yésica Sánchez, quien tiene una orden de aprehensión por supuestamente haber participado en el incendio del Tribunal Superior de Justicia del estado, así como de otras defensoras que fueron acusadas de despojo agravado por la toma del Canal 9, todo lo cual es falso, pero cumple el objetivo de intimidar a la defensoría, ya que no se pueden presentar ante los tribunales a litigar por temor a ser aprehendidas y torturadas.
La representante de la Limeddh planteó que el gobierno de Ulises Ruiz simula que hay calma en la entidad, cuando, de facto, hay un "estado de sitio" en el cual no se permite ni siquiera realizar actos públicos. "Está disfrazada la paz", ya que hay repudio generalizado contra el gobernador, el cual se impuso para quedarse a costa de sangre, tortura y encarcelamiento de quienes se oponían a su régimen, pero tarde o temprano puede regresar la movilización a las calles, porque persisten el mal gobierno, la violación a los derechos humanos más elementales y es una falacia la división de poderes en el estado", sostuvo.
Advirtió que aún hay 62 presos en diversas cárceles del país por el caso de Oaxaca, los cuales, "evidentemente, son víctimas de procesos legales amañados". Indicó que en el caso de 25 personas los jueces no han encontrado la forma de otorgar un amparo, ya que "no hay elementos de delito"; sin embargo, siguen encarceladas por cuestiones políticas y no jurídicas. A pesar de las limitaciones e intimidaciones, afirmó, se continuará con su defensa hasta sacar al último de ellos.
La organización Mexicanos sin Fronteras, por su parte, externó su preocupación por la integridad física de Sánchez Maya.