Ordena rectificar datos sobre pagos a medios impresos
El IFAI halla inconsistencias en reporte de gastos de Los Pinos
El Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) encontró inconsistencias en la información que entregó la Presidencia de la República a un particular, la cual refiere que el gobierno de Vicente Fox erogó 44 millones 988 mil 437 pesos durante su sexenio para pagar inserciones y publicidad en medios de difusión impresos, por lo que el órgano colegiado ordenó que se rectifiquen los datos y se hagan del conocimiento público.
La Presidencia de la República tendrá que revisar sus archivos y presentar los montos que se invirtieron en cada revista, periódico o medio de comunicación electrónico en los que pagó propaganda gubernamental.
Además, en la sesión de ayer los comisionados del IFAI determinaron que no procede la clasificación de reserva que por 12 años estableció el Instituto Nacional de Antropología e Historia sobre el análisis de los materiales arqueológicos encontrados en el predio del ex Casino de la Selva y en la excavación del paso a desnivel llamado La Selva en Cuernavaca, en el estado de Morelos.
En otro tema, los comisionados ordenaron a la Policía Federal Preventiva (PFP) que proporcione información sobre los elementos en activo que participaron en el operativo de vigilancia desplegado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en 2006, como parte del sexto Informe de gobierno de Vicente Fox.
Ahora, la PFP deberá entregar un listado completo con los rangos de los elementos que participaron en dicho operativo, aunque podrá reservarse sus nombres.
Finalmente, el IFAI ordenó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que dé a conocer el texto del acuerdo mediante el cual México se adhiere al Grupo de Acción Financiera para prevenir el lavado de dinero.
El órgano colegiado consideró inaceptable la respuesta que la cancillería mexicana dio a un ciudadano que pidió copia del tratado internacional, mediante el cual México se suma al citado instrumento multilateral.
Originalmente la SRE negó la copia del documento, porque supuestamente en la consultoría jurídica de la dependencia no existía dicho texto.