Usted está aquí: viernes 9 de marzo de 2007 Política La reforma penal planteada por el Ejecutivo requeriría cambiar la Constitución: experto

La cadena perpetua soslaya el propósito de readaptación social, considera

La reforma penal planteada por el Ejecutivo requeriría cambiar la Constitución: experto

El aumento en el castigo no inhibe ni disminuye la incidencia delictiva, afirma

JESUS ARANDA

En noviembre de 2005, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en votación dividida, abrió la puerta para que en México se impusiera la cadena perpetua.

En aquella ocasión los ministros establecieron que la prisión vitalicia no constituye una pena inusitada de las prohibidas por el artículo 22 de la Carta Magna, ya que si bien inhibe la libertad del individuo, "no tiene por objeto causar en su cuerpo dolor o alteración física".

En las tesis jurisprudenciales 1/2006 y 2/2006, el máximo tribunal determinó que la condición para que una pena fuera "inusitada" y, por tanto, inconstitucional, radica en que: "tenga por objeto causar en el cuerpo del sentenciado un dolor o alteración física; que sea excesiva en relación con el delito cometido; que no corresponda a la finalidad que tenga la pena; que se deje al arbitrio del Poder Judicial su determinación al no estar prevista en la ley pena alguna exactamente aplicable al delito". Y que "siendo utilizada en determinado lugar no lo sea ya en otros", es decir, que no sea de aplicación general.

En la decisión que fue adoptada por mayoría de seis votos contra cinco, la Corte concluyó que la prisión vitalicia corresponde a la finalidad de la pena, "pues ha sido reconocida como adecuada para el restablecimiento del orden social, sin que la característica de vitalicia la haga perder esa correspondencia.

Este criterio sirvió para que el gobierno de Felipe Calderón concediera en enero pasado más de 11 extradiciones de capos de la droga hacia Estados Unidos, porque ahora sólo basta que el gobierno del vecino país se comprometa a no aplicar la pena de muerte al acusado para que éste sea entregado sin problemas.

Respecto del anuncio hecho ayer por el presidente Calderón en el sentido de que impulsará una reforma legal para que el delito de secuestro de mujeres, ancianos y menores sea castigado con cadena perpetua, el penalista Félix Francisco Garza dijo que aun cuando la SCJN reconoció la acumulación de penas -que podrían equipararse con la pena vitalicia-, se requiere de una reforma constitucional para instaurar la prisión de por vida.

Explicó que la Carta Magna prevé que las sanciones penales deben tener una temporalidad -lo cual se contrapone a la pena vitalicia-, además de que el régimen carcelario tiene el fundamento de que pretende la "readaptación social del individuo", lo que no sucede con la prisión perpetua.

Asimismo, el especialista señaló que el aumento en las penalidades no inhibe ni disminuye la incidencia delictiva, sino al contrario.

No es cuestión de años de prisión, dijo, sino de contar con un verdadero sistema de readaptación, porque "no hay ningún penal que tenga elementos para la eficiente readaptación social"; el actual sistema lo único que ha generado es una corrupción cada vez mayor en las cárceles del país, y que la delincuencia continúe en aumento, sostuvo.

Zapata Perogordo expresa su apoyo a la estrategia propuesta por Calderón

El senador panista Alejandro Zapata Perogordo manifestó ayer su apoyo a la estrategia integral para prevenir el delito que dio a conocer el jefe del Ejecutivo el pasado miércoles, y a los operativos que buscan frenar el narcotráfico.

Sobre estos últimos dijo que han tenido resultados positivos, pero no basta. "Tenemos que jalar la cuerda todos para el mismo lado", subrayó.

Integrante del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, pidió hacer un examen frío de los operativos y ver cuáles han sido sus resultados. Estos se pueden ver en las detenciones, el decomiso de drogas y una baja en la incidencia de la delincuencia, subrayó.

Consideró también que se ha superado la polémica en torno a si debe o no intervenir el Ejército en el combate al narcotráfico, luego de que la SCJN resolvió que este cuerpo armado tiene capacidad de intervenir cuando se lo requiera el Ejecutivo, en contra de actividades que pongan en peligro la soberanía nacional. Uno de ellas es la del crimen organizado, refirió.

Rechazó la posibilidad de que las fuerzas armadas puedan ser infiltradas por los capos de la droga, al manifestar su confianza en la honorabilidad y en la educación con valores patrios y nacionalistas que tienen los integrantes del Ejército.

Por último, calificó como positivos los ejes de la estrategia a favor de la seguridad pública, entre los que se encuentra la creación de un sistema único de datos criminales y un mayor control sobre las policías.

Georgina Saldierna

 
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