"Se debe brindar un trato digno a indocumentados", afirma el titular de la SG
Ramírez Acuña: falta infraestructura para lograr el control en la frontera sur
Frontera Talismán, Chis., 9 de marzo. Para el gobierno federal, la falta de infraestructura en la frontera sur mexicana para controlar el flujo de centroamericanos que viajan rumbo a Estados Unidos en busca de trabajo sigue siendo un problema, afirmó el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña.
Entrevistado al término de una gira para verificar en qué condiciones se encuentran las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), el ex gobernador de Jalisco señaló que "se trata de estar atentos y brindar un trato digno y con pleno respeto a los derechos humanos" de quienes ingresan ilegalmente al país.
El funcionario estuvo en Chiapas en compañía de Cecilia Romero Castillo, comisionada del INM, Florencio Salazar Adame, subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, y Juan Sabines Guerrero, gobernador del estado.
Todos ellos recorrieron el municipio de Comitán, después llegaron a Frontera Talismán, paso que comunica a los países de Centroamérica con México, donde el mes pasado fue inaugurada la llamada Casa Roja, que brinda apoyo a los migrantes que vienen a trabajar a las fincas cafetaleras de Chiapas.
Agentes del INM que los recibieron les dieron una explicación de la labor que realizan y aseveraron que a esta zona llegan hasta 14 mil jornaleros al año para cosechar el café.
Al interrogarlo sobre la falta de seguridad y la existencia de los puntos por los que entran los indocumentados, dijo que no son tantos los cruces, "sólo es uno del que no tenemos control en la frontera sur, debemos darle seguridad y atención a este rubro pero debemos trabajar todos".
Renuente a hablar sobre temas que no fuera el migratorio, Ramírez Acuña acordó con Sabines Guerrero el inicio de trabajos conjuntos para beneficiar a las fincas cafetaleras con los programas de gobierno, así como a los migrantes.
En 2006, las condiciones de las estaciones migratorias y la violación a los derechos humanos de migrantes derivaron en 73 quejas que ingresaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de las cuales sólo siete culminaron en recomendaciones.