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Se inspira en modelos europeos para la defensa legal

Seguro para funcionarios públicos, sin cobertura para actos deshonestos: GMX

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Ampliar la imagen Ciudad de contrastes Foto: Archivo La Jornada

El Seguro de Responsabilidad Legal y Gastos de Defensa para Servidores Públicos no es un escudo para cubrir actos deshonestos o acciones hechas con dolo por algún funcionario; más bien cubre sus responsabilidades en materia administrativa, civil, penal no dolosa y política durante su gestión en la administración pública, por las que hayan ocasionado un daño a un tercero, asegura el director jurídico y de desarrollo de GMX Seguros, Francisco Lueza.

El directivo expuso en entrevista que GMX Seguros ofrece la cobertura de los gastos de defensa legal que se originen con motivo de la reclamación y que ocurran durante el periodo de vigencia del seguro.

"Lo anterior permite a un funcionario público enfrentar las reclamaciones y las erogaciones monetarias que tuviera que realizar por su cuenta, para determinar si incurrió en una responsabilidad, por lo que si la autoridad determina que el funcionario incurrió en un acto con dolo o en irregularidades, fincará las penas o multas a que haya lugar."

Refiere que esta cobertura está inspi- rada en los modelos que existen en Europa, donde es un beneficio que los diferentes niveles de gobierno ofrecen a sus trabajadores con cargo al erario y también prevé que este seguro lo adquieran en lo particular.

En México, "con la reforma constitucional al artículo 113 y la Ley Federal Patrimonial, se estipula el derecho de que el Estado demande a los servidores públicos que causen daños a terceros y este es el concepto por el que GMX desarrolla este seguro", dijo.

De acuerdo con la legislación actual, los funcionarios que tienen derecho a esa cobertura son los secretarios de Estado o titulares de entidades, subsecretarios, oficiales mayores, jefes de unidad, así como directores y coordinadores generales.

Quienes no pueden contratar este seguro son los servidores públicos que laboran en las entidades públicas encargadas de la seguridad nacional, como la Secretaría de Seguridad Pública o la Procuraduría General de la República.

"Tampoco cubre los actos de senadores, diputados o jueces. Los ministros de la Corte, con un dictamen, evidentemente pueden causar un perjuicio a una persona, por lo que no pueden ser objeto del seguro", aclara.

La cobertura en cuestión cubre acciones de gobierno realizadas en el perio- do en el que el funcionario haya trabajado. "Toda la actividad pública se cubre, siempre y cuando no exista dolo por parte del contratante", reitera el directivo de la aseguradora.

De 2005 a 2006, este seguro creció 250 por ciento, por lo que GMX manifestó que ya tiene colocadas en el mercado nacional más de mil cien coberturas.

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación del 13 de diciembre de 2005, la contratación del seguro de responsabilidad civil puede hacerse con cargo a una cantidad que aportará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante licitación.

Se podrá cargar a los respectivos presupuestos de la administración pública federal, de sus órganos desconcentrados y de la Presidencia de la República "una parte del costo del seguro que no excederá de dos mil 40 pesos anuales, sin incluir IVA, por cada servidor".

La figura de responsabilidad civil en materia de seguros está prevista en la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.

 
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