Legisladores señalan que ex integrantes de la Corte ganan más que el Presidente
Necesario, revisar en el Senado las pensiones de 37 ministros retirados
En las negociaciones que se realizan en el Senado con el fin de aprobar una ley para que nadie gane más que el presidente de la República, se tendrá que analizar la situación de 37 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) retirados, con pensiones por más de 263 mil pesos mensuales brutos -equivalentes a 80 por ciento del sueldo de sus pares en activo-, además del pago de dos choferes y trabajadores de apoyo, así como de gastos "personales" y de "representación".
Durante la presidencia de Mariano Azuela, el pleno de la SCJN aprobó por decreto la homologación de las pensiones de los ministros enviados a retiro con la reforma constitucional de 1994, pese a que ésta ordenó ese beneficio exclusivamente para los que fueran designados a partir de 1995.
El resto de ministros tenía ese año una pensión de alrededor de 60 mil pesos, pero sin el resto de las prestaciones que les otorgó el pleno sin consultar al Congreso de la Unión.
En ese contexto, legisladores de oposición han coincidido en afirmar que los salarios de los servidores públicos no podrán superar el del Ejecutivo federal.
Han señalado que las pensiones de los ministros retirados tendrán que revisarse, aun cuando se establezca un régimen transitorio para los integrantes del Poder Judicial -cuyos ingresos al principio quedarán por encima del salario del presidente- y se supriman todas las pensiones y haberes que no hayan sido otorgados por contrato colectivo, condiciones generales de trabajo o decreto legislativo.
Dichas pensiones tendrán que revisarse, han reiterado los legisladores, porque no son producto de un acto del Congreso, sino de un acuerdo del pleno de ministros.
El propio acuerdo no toma en cuenta el tiempo que los beneficiarios fueron integrantes del máximo tribunal, pues hay desde lo que estuvieron unos meses hasta los que se mantuvieron en el cargo por años.
Tampoco importa si siguen teniendo percepciones por otras actividades, como seguir litigando abiertamente o coyoteando asuntos para importantes despachos de abogados; también hay quienes ocuparon en su momento cargos diplomáticos y otros más que continúan en la academia o la investigación.
De acuerdo con información oficial de la Corte, ninguno de los 37 beneficiarios -o sus viudas, en el caso de los fallecidos- se ha negado a recibir la pensión vitalicia bruta, que va de 188 mil 513 pesos mensuales a un máximo de 263 mil 831.
Entre los beneficiarios de esa pensión se encuentran Moisés Calleja, ex líder sindical de la Confederación de Trabajadores de México; los litigantes Salvador Rocha Díaz y Trinidad Lanz Cárdenas; los ex procuradores generales de la República Jorge Carpizo McGregor y Diego Valadés, así como el ex fiscal del caso Colosio, Miguel Montes, quien estuvo unos cuantos meses como integrante de la SCJN.
Estos y otros ministros jubilados, entre ellos José Vicente Aguinaco Alemán, Juventino V. Castro y Castro y Juan Díaz Romero (estos sí, producto de la reforma constitucional de 1994), tienen algo en común con sus antecesores: todos gozan de una pensión vitalicia que, de mantenerse en los mismos términos, sería superior al sueldo propuesto para el presidente de la República.