Usted está aquí: miércoles 14 de marzo de 2007 Política Proponen perredistas que delitos de militares sean procesados en vía civil

Iniciativa senatorial para castigar abusos a la población

Proponen perredistas que delitos de militares sean procesados en vía civil

GEORGINA SALDIERNA, ANDREA BECERRIL

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó ayer en el Senado una iniciativa para reformar la Constitución y el Código de Justicia Militar, a fin de que integrantes de las fuerzas armadas que cometan delitos contra la población, puedan ser juzgados por la vía civil.

Esto debido a que se ha producido un sinnúmero de violaciones y actos de tortura y represión contra integrantes de comunidades indígenas, sin que hayan habido sanciones correspondientes. El caso más reciente es el de la anciana violada tumultuariamente en la comunidad de Atzompa, Veracruz.

El senador perredista René Arce dijo que las violaciones de los derechos humanos cometidas por elementos de las fuerzas armadas han quedado impunes debido a que, en esos casos, la justicia militar actúa como juez y parte.

Manifestó que las víctimas de estos delitos no pueden ejercer los derechos que les asisten -que se encuentran asentados en el artículo 20 de la Constitución-, porque los militares están sujetos a una jurisdicción especial, en la cual los perjudicados tienen nulas posibilidades de participación.

Patrón de agravios

El legislador presentó una larga relación de violaciones a los derechos humanos ocurridas en los estados de Oaxaca, Guerrero y Veracruz.

Recordó así que el 22 de marzo de 2002, en Barranca Tecuani, Ayutla de los Libres, Guerrero, Inés Fernández Ortega de 27 años, fue violada en su casa por 11 soldados. Un mes antes, la indígena tlapaneca Valentina Rosendo Cantú, de 17 años, fue torturada y agredida sexualmente por ocho soldados del 41 Batallón de Infantería, en Barranca Bejuco, Acatepec, Guerrero.

En este caso, la Procuraduría General de Justicia del estado declinó su competencia en favor de la jurisdicción militar, sin embargo, a cinco años de los hechos, nada se ha investigado.

Otro caso que citó Arce fue el de El Charco, Guerrero, donde 11 personas que se encontraban en la escuela Caritino Maldonado fueron asesinadas por el Ejército. Pese a la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, nunca se ha investigado para sancionar a los responsables y brindar justicia a las víctimas y sus familiares, puntualizó.

La iniciativa presentada busca reformar el artículo 13 constitucional y derogar la fracción 2 y el último párrafo del artículo 57 del Código de Justicia Militar, para que la investigación y sanción de delitos del orden común cometidos por militares y que impliquen graves violaciones a los derechos humanos o al derecho humanitario, sean de competencia civil. El documento fue turnado a comisiones para su análisis.

 
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