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Eliminar la inmunidad sólo a los legisladores debilitará al Congreso: Navarrete

El PRD exige a Acción Nacional que discuta quitar el fuero al Ejecutivo

No trataremos ese punto; no nos corresponde, dice el senador panista Aguilar Coronado

ANDREA BECERRIL

El grupo parlamentario del PRD en el Senado analiza la propuesta de la bancada de Acción Nacional para eliminar el fuero a funcionarios federales y gobernadores, pero de entrada, el coordinador perredista, Carlos Navarrete, pidió al panista Santiago Creel que se ponga también a discusión el punto para quitar la inmunidad constitucional al presidente de la República.

Si se pretende desaparecer el fuero constitucional a los legisladores, para crear un régimen de incompatibilidad y obligarlos a que respondan ante la autoridad por delitos penales, debe obligarse también al titular del Ejecutivo federal a que enfrente de igual manera su responsabilidad.

De lo contrario, advirtió Navarrete, si sólo se elimina el fuero de los diputados y senadores "se deja en situación de debilidad al Congreso y el presidente sigue con sus seis años de impunidad absoluta, ya que, de acuerdo con la Carta Magna, sólo se le puede juzgar durante su sexenio por traición a la patria y ese delito ya desapareció del Código Penal".

El perredista destacó que los panistas se niegan a incluir el asunto relacionado con el presidente de la República, por lo que el PRD no puede aceptar que se quite el fuero sólo a los legisladores y a funcionarios federales y estatales, ya que siempre habría la tentación del Ejecutivo de aprovechar el nuevo contexto para tomar represalias o presionar a miembros del Congreso, por medio de las agencias del Ministerio Público.

Sin embargo, dijo que el PRD está dispuesto a que se busquen alternativas para que se aprueben las reformas necesarias que impidan a legisladores aprovechar el cargo para obtener beneficios económicos. "No queremos que se repita el caso de Diego Fernández de Cevallos, quien por las mañanas era un senador que impulsaba leyes, y por la tarde, como abogado, litigaba contra el Estado, llevándose fuertes ganancias".

La reforma, sin embargo, ha pasado por varios cambios, primero por las resistencias entre los propios senadores del PAN, que consideraron que se lesionaba sus intereses, al impedirles dedicarse a otras actividades remunerativas, y luego entre las otras bancadas, por el asunto del fuero.

Las opciones

El senador del partido del sol azteca señaló que se debe encontrar una solución, con el propósito de que los legisladores enfrenten acusaciones penales que tengan que ver con tráfico de influencias, malversación de recursos y otras relacionadas con su gestión, sin escudarse en el fuero, pero también sin quedar a merced de otros poderes.

Una comisión en la que participan Pablo Gómez, por el PRD; Pedro Joaquín Coldwell, por el PRI, y el panista Humberto Aguilar Coronado trabaja ya en ello.

Navarrete adelantó algunas opciones: que los legisladores puedan responder ante la autoridad correspondiente por acusaciones penales, sin perder el fuero durante el proceso legal, y que sea hasta el final, luego de una sentencia condenatoria, cuando el juez ordene al Congreso su desafuero.

La otra alternativa es eliminar el fuero de los legisladores, pero también del presidente de la República.

Al respecto, el panista Aguilar Coronado dijo que en definitiva no discutirán ese punto y que ya se los dijo claramente a los representantes del PRI y el PRD. "La discusión no es esa, sino dar una muestra de que los legisladores queremos transparentar el ejercicio de la función y no tener inmunidades que no nos corresponden".

Si no hay acuerdo en la reforma al artículo 61, para eliminar el fuero de los legisladores, de todas formas el tema comprometido es el de conflicto de intereses de diputados y senadores, dijo.

Navarrete, en tanto, confió en que Pablo Gómez, quien en la pasada legislatura presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa para eliminar el fuero de todos los servidores públicos, incluido el presidente de la República, encuentre una salida legal y pueda aprobarse la llamada ley antiDiego.

 
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