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El Centro Pro demanda intervención presidencial

Recibe amenazas de muerte defensora de derechos humanos

EMIR OLIVARES ALONSO

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) emitió una acción urgente dirigida al gobierno federal en la exige garantías para la defensora de derechos humanos Elena López Hernández, integrante de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad (RSDCI) y abogada de tres indígenas de Veracruz acusados de terrorismo y detenidos en enero de 2006.

Lo anterior debido a que la activista ha recibido amenazas telefónicas -por las cuales ya levantó la denuncia correspondiente- en las que una voz le advierte: "escucha lo que les pasa a los que defienden guerrilleros", mientras en segundo plano se escuchan estallidos. Estas amenazas han obligado a López Hernández a distanciarse del caso que defendía y a mudarse provisionalmente de domicilio.

Agregó que tras una conferencia de prensa en la que se hicieron públicas irregularidades en el caso de los hermanos Gerardo y Marcial Tzompaxtle Tecpile y de Gustavo Robles López, detenidos el 12 de enero de 2006 y acusados de asociación delictuosa en la modalidad de terrorismo, comenzaron las amenazas contra la defensora.

La organización no gubernamental afirmó que el pasado 12 de enero, alrededor de las 23 horas, López Hernández recibió la primera amenaza al teléfono de su domicilio; una segunda llamada se produjo 20 minutos después, en la que le dejaron el mismo mensaje.

Por estas intimidaciones, la defensora decidió entablar la denuncia penal correspondiente, pero a la fecha las autoridades no han respondido a las expectativas de la activista.

Pese a la denuncia efectuada el 7 de marzo pasado, López Hernández volvió ser amenazada telefónicamente. Ahora el interlocutor le dijo: "ya sé dónde vives"; en esta ocasión la activista logró identificar el número desde el que se produjo la llamada (3312912232), el cual presuntamente corresponde a la ciudad de Guadalajara; la RSDCI prepara entablar otra denuncia por estos nuevos amagos.

Con esto, "se actualiza el temor de que se consumen en perjuicio de Elena y su familia violaciones irreparables a sus derechos humanos a la vida y a la integridad personal. El mismo temor existe con respecto a los miembros de la RSDCI", expone el Centro Prodh en su misiva.

 
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