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Gustavo Iruegas

Braceros y mojados

Ante el hecho de que la construcción del muro en la frontera reducirá drásticamente el paso de trabajadores indocumentados de México a Estados Unidos, pero no hará lo mismo con la demanda de mano de obra barata en la economía de aquel país, los debates acerca de la regularización de los inmigrantes indocumentados en aquel país reaparecerán en las noticias como la posibilidad de creación de un programa de trabajadores huéspedes. Sólo después de que el complejo asunto sea resuelto en el interior del país vecino se podría consultar y eventualmente incluir al gobierno mexicano para que asuma la responsabilidad de la selección y contratación desde este lado de la frontera, por ejemplo.

Los acuerdos del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales de 1942 empezaron como una solicitud del gobierno estadunidense al de México y se consideró una aportación a los esfuerzos de guerra. Al término del conflicto, los acuerdos, ya con un claro propósito económico, se fueron prolongando hasta 1964, cuando Estados Unidos los canceló abruptamente. En esa época los braceros podían llegar a ser unos 200 mil y junto a un número varias veces mayor de mojados -trabajadores indocumentados que cruzaban el río a nado- completaban la demanda de mano de obra barata de la agricultura estadunidense.

La sorpresa de la cancelación hizo que, al principio, cundiera la alarma en el lado mexicano, porque "irse de bracero" en la temporada de cosechas ya era una fuente de trabajo regular para los campesinos, un recurso de consideración para la economía nacional y una manera de atenuar el problema político y social del desempleo. Sin embargo, pronto se hizo evidente que la demanda de mano de obra barata persistía y que el efecto real de la cancelación fue convertir a los braceros en mojados, pero no reducir su número.

A lo largo de los más de 40 años que han transcurrido desde la derogación de los acuerdos, el fenómeno migratorio ha sufrido transformaciones importantes con efectos a ambos lados de la frontera.

Conforme los trabajadores agrícolas del otro lado, bajo la guía de César Chávez, luchaban por sus derechos laborales, y los de origen mexicano, cobraban conciencia de su identidad como "chicanos", las fuentes de trabajo se fueron desplazando de la agricultura a los servicios y, consecuentemente, los trabajadores pasaron del campo a la ciudad. El fenómeno dejó de ser uno de trabajadores agrícolas temporales y evolucionó hacia una franca corriente de emigrantes que en la actualidad representa la transferencia a Estados Unidos de 15 por ciento de la población nacional.

A partir de 1982, año en que se inicia la implantación en México del modelo económico neoliberal, el gobierno mexicano reorientó su apreciación del fenómeno migratorio, y dejó de verlo como la opción personal de miles de mexicanos ante la miseria y empezó a tratarlo como un negocio internacional.

La poca atención gubernamental a los indocumentados se trasladó de la Secretaría del Trabajo al Banco de México. Ante la falta de una política migratoria expresa, la Secretaría de Relaciones Exteriores continuó aplicando sus servicios de protección consular hasta que, por dictados del Fondo Monetario Internacional, fueron draconianamente reducidos y, eventualmente, sustituidos por los programas Paisano y de Comunidades en el Extranjero.

Al inicio del siglo XXI el gobierno de México es ya un decidido promotor de la emigración de sus nacionales. Prácticamente los invita a lanzarse a la aventura de la emigración y a mandar "remesas", que, dicen, son ya más importantes que los ingresos por turismo.

Ante estas circunstancias, si el gobierno de Estados Unidos tratara de implantar un nuevo programa de trabajadores temporales lo tendría que dirigir ya no a la agricultura, sino a la amplia variedad de servicios, en los que los indocumentados ya compiten y, seguramente, otros más.

Si ese programa se diseña a partir de un número determinado de trabajadores que sea inferior al de la demanda, automáticamente surgirán quienes encuentren empleo al margen del programa, muy probablemente en número superior al del cupo previsto por las autoridades. Como el muro impedirá el paso a los nuevos trabajadores, serían los ya contratados los que prolongarían su estancia más allá del plazo autorizado en busca de la permanencia ilimitada, legal o ilegal. Esto haría que las redadas de indocumentados fueran interminables. Otro actor de importancia determinante en el tema será el conjunto de los sindicatos estadunidenses que verá amenazado el universo del empleo para sus agremiados, ya de por sí constreñido por la políticas laborales de nuestros vecinos. Es de suponerse que el trabajador común en Estados Unidos enfrentará una fuerte competencia -que podría sentir como desleal- de parte de los temporales con sus bajas tarifas.

Por su parte y por sus propios motivos, México deberá insistir, durante la negociación de los acuerdos o mientras se discute el tema en el Congreso de aquel país, que el esquema se diseñe a partir de las condiciones laborales, de salud, y de confianza que deberán cumplir los trabajadores y no por su número, para dejar a las fuerzas del mercado marcar los límites del programa y evitar la creación de una segunda y más baja categoría de trabajadores migratorios, a semejanza del binomio braceros y mojados.

Es en esta gran complejidad en la que hay que buscar la razón de que el gobierno espurio relegue a niveles inferiores el tema migratorio en sus tratos con el gobierno estadunidense. No sabría qué hacer.

 
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