Aprueban legisladores aumentar tasa de impuesto catastral

Visto bueno a proyecto vial del gobierno de NL

El valor de los terrenos subirá de 2 a 3 mil pesos por metro cuadrado

Funcionarios públicos, los beneficiarios de las obras, aseguran vecinos

DAVID CARRIZALES CORRESPONSAL

Monterrey, NL, 22 de marzo. A solicitud del gobierno del estado, el Congreso de Nuevo León declaró de utilidad pública el Arco Vial Sureste (cuyo trazo incluye un proyecto para construir un túnel de 1.6 kilómetros en el cerro de la Silla), y autorizó elevar la tasa del impuesto catastral por ''mejoría específica'' en esa zona, de 2 mil hectáreas, lo que incrementaría de 2 pesos a 3 mil pesos el precio del metro cuadrado de los terrenos.

Ambientalistas y comuneros que por 10 generaciones han vivido en las faldas del cerro de la Silla rechazaron la construcción del túnel, pues entre los beneficiarios de esta obra, dijeron, hay políticos y funcionarios estatales, como el secretario del ayuntamiento de Ciudad Guadalupe, Alfonso Rodríguez Ochoa, y el juez Leonel Cisneros, quienes se han apoderado de tierras en esa zona.

La decisión del Congreso daría luz verde para despojar a los comuneros de esas tierras, pues hace algún tiempo el gobernador Natividad González Parás decretó la disolución de la copropiedad rural de la localidad La Tinaja y Cañitas, con el objetivo de conceder títulos de propiedad a 20 personas que no tienen derechos, afirmó Rigoberto Dávila Salinas, representante legal de los 50 comuneros de La Tinaja y Cañitas, que por generaciones han usufructuado estas tierras.

Señaló que el gobernador pretende disolver, con base en la Ley Estatal de Copropiedades Rurales, comunidades que tienen en custodia tierras nacionales desde el siglo XIX y que hoy son reguladas por la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA).

El abogado agregó que los comuneros han promovido amparos contra la disolución de la copropiedad, ''y tenemos una suspensión definitiva en nuestro favor". La lucha es para exigir que dichas tierras, que se localizan en la parte posterior de la Sierra cerro de la Silla, mantengan su uso actual, que se conserven como pulmón de la zona urbana, pues de cambiarse su uso en pocos años habría una inmensa devastación ecológica.

''Aquí no hay dueños; es un terreno federal. Quienes lo han detentado son campesinos y ganaderos, pero el gobierno del estado, mediante un decreto, le da legalidad a una supuesta copropiedad y les reconoce personalidad a un grupo de individuos que se ostenta como posesionarios.

''Los integrantes de esa copropiedad son gente que nunca ha estado en esa área, pero se quieren quedar con los terrenos. Entre ellos están Alfonso Rodríguez Ochoa, secretario del ayuntamiento de Guadalupe, y el juez octavo penal, Leonel Cisneros, además de un notario de Guadalupe que ya falleció. Cada uno se apropió de unas 100 hectáreas.

''Creemos que entre los interesados en beneficiarse de este proyecto están Arnoldo Ramos, director de Asuntos Agrarios del gobierno estatal, y Rogelio Cerda Pérez, secretario general de Gobierno estatal.''

Por ello, anticipó, se le dará vista a la Procuraduría Agraria, para que a su vez notifique a la Procuraduría General de la República, porque los comuneros tienen una resolución de la delegación de la SRA que confirma que son terrenos federales, que no pueden ser objeto de copropiedad rural.

Hace dos días González Parás logró que el Congreso aprobara el proyecto del Eje Vial Sureste, que incluye el túnel y las bases para aumentar el impuesto predial por mejoría específica. ''Yo le dije a mis clientes: esto tiene relación con lo nuestro.

''Pienso que estas personas son prestanombres. Detrás de ellos hay gente de alto nivel político, muy cercana al gobernador, porque no se entiende cómo pueden hacer las cosas en forma tan ilegal a sabiendas de que son propiedades federales'', expresó el abogado.

''El túnel en sí mismo es cuestionable, por todo lo que implicaría. Será un gran negocio para los inversionistas, pero el beneficio será directamente proporcional al daño que le va a ocasionar al patrimonio ecológico de la nación. Con este decreto, el gobernador está legalizando un robo'', concluyó el asesor legal de los comuneros.

Rodolfo Dieck, vecino que se sumó a la causa de los comuneros, comentó que hace seis años los falsos propietarios quisieron comprar, pero la entonces titular de la SRA, María Teresa Herrera Tello, les dijo que esas tierras no eran enajenables.

Luego recurrieron a ''otra artimaña'': se dijeron posesionarios, pero el entonces alcalde de Santiago, Ruy Montemayor, señaló por escrito que él conocía a quienes han vivido en esa zona y entre ellos no estaban los solicitantes.

''El gobernador no puede disponer de la SRA. Está faltándole al respeto a las instituciones que tienen las funciones constitucionales. Esta gente se quiere apropiar a como dé lugar de más de mil 800 hectáreas de uno de los principales pulmones de la mancha urbana de cuatro millones de habitantes'', dijo Dieck.

Guillermo Martínez Berlanga, ambientalista, expresó que le extraña mucho que el gobernador haya ido primero al Congreso local a pedir un aumento de impuestos sin presentar los estudios de impacto ambiental, de impacto hidrológico, ni los permisos de la Semarnat ni de los municipios de Guadalupe y de Monterrey.