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Andrés Aubry /I

Chiapas: la nueva cara de la guerra

La nueva contaminación que perturba la llamada zona de conflicto se debe a viejos actores que cambiaron de táctica, se dieron un nuevo rostro y otros nombres: URCI y Opddic. Antes de identificarlos y de analizar la preocupante, profunda y peligrosa transformación del nuevo panorama de la selva Lacandona, importa recorrer el proceso desde sus inicios hasta la reciente situación revelada por la racha de comunicados que emanaron no de la Comandancia General sino de las juntas de buen gobierno de todos sus caracoles. El objetivo actual de la contrainsurgencia se presenta como un trastorno de la geografía territorial, para devolver a sus antiguos dueños "las tierras recuperadas" o progresivamente liberadas por el EZLN desde los tiempos de su clandestinidad.

La disputa por las "tierras recuperadas"

Antes de que estallara el conflicto, los dueños de la selva fueron sucesivamente las monterías para el saqueo de su riqueza forestal, los chicleros, las fincas latifundistas anticonstitucionales progresivamente convertidas en ganaderas, los narcos y 400 lacandones finalmente "concentrados" por Echeverría en lo que hoy es la reserva nacional de la biosfera Montes Azules. Entre estos emporios existían espacios desiertos, las tierras nacionales, que se ofrecieron a migraciones de campesinos sin tierra con la promulgación de "la apertura de la frontera agrícola" por José López Portillo. En este espacio nació en 1983 el EZLN.

En la segunda mitad del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, los zapatistas eran ya un poderoso movimiento, aunque clandestino, y hacia él convergieron estas decenas de miles de migrantes que aspiraban a hacer suya la selva, cuna de su civilización, formando allí nuevos ejidos con engorosos trámites nunca finiquitados. El EZLN se presentó como un ejército defensivo, para protegerlos de los antiguos dueños; es decir, así como antaño el presidente Lázaro Cárdenas había dotado de armas a los campesinos para defender sus primeros ejidos y sus escuelas rurales, así el EZLN limpió progresivamente la selva de quienes la habían usurpado.

Los primeros en irse fueron los narcos, por lo tanto la policía (ya omnipresente) se deshizo de sus armas, ofreciéndolas sin problemas a los zapatistas, porque los confundían con pistoleros de los finqueros, pero no las vendían (por supuesto ilegalmente) sin adiestramiento previo de sus clientes. Así empezó una mala hora para los finqueros, pero también una buena para los campesinos: iban recuperando tierras con ejidos en formación hasta que Salinas, en 1992, reformando el artículo 27 de la Constitución, declaró que ya no había tierras repartibles. Bajo la presión del primero de enero de 1994, los latifundistas también abandonaron la selva.

Desde entonces, el EZLN iniciaba su fase pública. Para crear las condiciones del primer diálogo de paz, aquel de la Catedral, la diplomacia del comisionado Camacho logró crear una "zona gris", sin militares (grosso modo, aquella de las ex tierras nacionales), en cambio de lo cual el EZLN liberó al ex gobernador Absalón Castellanos Domínguez. Ulteriormente, pasada la jornada trágica del 9 de febrero de 1995, que hizo peligrar la tregua pactada el 12 de enero del año anterior, se promulgó la ley del diálogo del 11 de marzo (de reciente aniversario), que hizo posible otro diálogo, aquel de San Andrés. La zona gris de Camacho, pero sin él en esa nueva circunstancia, se convirtió en el espacio en el cual el EZLN, conforme a la nueva ley, se iba transformando de movimiento armado en "fuerza política", con la creación progresiva y pacífica de los municipios autónomos zapatistas. Desde ese momento, los nuevos dueños campesinos de la selva se iban fortaleciendo. A partir de 2003, la creación de los caracoles gestó allí un enorme esfuerzo pacífico y político, retroalimentado por escuelas y clínicas alternativas, programas de agroecología y un promisorio comercio alterno, directo (sin intermediario), de productos orgánicos.

Este espacio de ejidos (con resolución presidencial favorable pero no ejecutada) es el que el EZLN llama "tierras recuperadas", no sólo en su aspecto agrario sino también en términos de gestión social. Hoy, con URCI, Opddic y hasta finqueros cuyas antiguas posesiones fueron pagadas a buen precio por el gobierno, está otra vez amenazado y, pese a la cancelación del reparto agrario por Salinas en 1992, hoy en vía de legalización por la Procuraduría Agraria en beneficio de estos nuevos usurpadores. Lo que está en juego, por lo tanto, es un retorno al statu quo ante aquel de los antiguos dueños de la preguerra. Las víctimas no son puros zapatistas, sino también los demás campesinos no afiliados al EZLN, también beneficiarios de la gestión plural de los caracoles.

 
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