Usted está aquí: jueves 29 de marzo de 2007 Capital Admite la Ssa alta incidencia de abortos entre adolescentes

El riesgo de morir es mayor para las jóvenes embarazadas que para el resto de las mujeres

Admite la Ssa alta incidencia de abortos entre adolescentes

Presenta la dependencia informe sobre la salud de los mexicanos durante el sexenio de Fox

El país no alcanzará a cumplir la meta del milenio sobre la reducción de decesos maternos

ANGELES CRUZ MARTINEZ

Ampliar la imagen Las movilizaciones contra la iniciativa que busca despenalizar el aborto en la capital han sido encabezadas en su mayoría por organizaciones religiosas Foto: Cristina Rodríguez

El riesgo de morir para las adolescentes que se embarazan es 1.2 veces mayor con relación al resto de las mujeres, mientras que de 30 a 60 por ciento de ellas terminan en abortos inducidos y, en países donde el procedimiento es ilegal, se suman peligros adicionales a este sector de la población, reconoció la Secretaría de Salud (SSa) en el informe Salud México 2001-2005.

Al hacer un balance del sexenio pasado, también resaltó que una de las características de las sociedades actuales es el inicio temprano de la vida sexual de sus adolescentes, que en México se ubica en los 16 años de edad para las mujeres y 15 para los hombres. Con ello están aparejados los embarazos no deseados o las infecciones de transmisión sexual.

A partir de las estadísticas sobre los embarazos y partos atendidos en el sector salud se desprende que 21 por ciento del total de nacimientos reportados en el país corresponden a mujeres menores de 20 años de edad, aunque en entidades como Baja California, Chihuahua, Coahuila, Sonora, Quintana Roo, Campeche y Baja California Sur, la cifra se eleva hasta 30 por ciento.

El documento destaca que uno de los retos del sistema nacional de salud es incorporar plenamente las políticas de salud sexual y reproductiva a los adolescentes, diseñar servicios y estrategias que atiendan las necesidades de salud sexual de este grupo y abatir las desigualdades en el acceso a los servicios de planificación familiar.

Por otra parte, la SSa reconoció que México no alcanzará a cumplir con la meta del milenio respecto a reducir la mortalidad materna, problema en el que el aborto ocupa el tercer sitio en importancia. No obstante, en las Conferencias Internacionales de El Cairo y Pekín el gobierno mexicano reconoció la vinculación entre aborto y mortalidad materna y la necesidad urgente de enfrentar esta problemática.

El reporte Salud México 2001-2005 retomó la propuesta de la Organización Mundial de la Salud respecto de "dejar el enfoque asistencial en la atención materno infantil y transitar hacia un nuevo esquema en el cual el Estado se vuelve garante del acceso equitativo y a servicios de calidad en la atención del embarazo, parto y puerperio", con lo que la salud materna se convierte en un asunto de derechos humanos.

Ayer, organizaciones civiles feministas recordaron cada uno de los tratados internacionales que han sido suscritos por México, con relación a la defensa y promoción de los derechos sexuales y reproductivos de la población.

Sobresalen las recomendaciones de la Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés) que en 2003, planteó que el gobierno mexicano debía evaluar la conveniencia de revisar la legislación que penaliza el aborto; que los estados de la República revisaran su legislación de modo que, cuando proceda, se garantice el acceso rápido y fácil de las mujeres al aborto, y tomar medidas para disminuir la mortalidad provocada por el aborto ilegal, entre otras.

Apenas en agosto de 2006, el CEDAW emitió nuevas recomendaciones a México y expresó su preocupación porque el aborto es todavía una de las principales causas de muerte materna. Resaltó que a pesar de su legalización en casos específicos, las mujeres no tienen acceso a servicios seguros de interrupción del embarazo, ni a una gran variedad de medidas anticonceptivas. Asimismo, solicitó al Estado mexicano que armonice su legislación relativa al aborto tanto a nivel federal como estatal o local, además de poner en marcha una estrategia integral que incluya medidas para garantizar el acceso efectivo a abortos seguros en las situaciones previstas en la ley. Este es un tema pendiente.

 
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