Ser independiente del Ejecutivo y tener presupuesto, requisitos: Incalcaterra

México debe instalar en junio próximo el mecanismo para prevenir la tortura

PATRICIA MUÑOZ RIOS

El gobierno de México deberá poner en marcha, en junio de 2007, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, como se comprometió el año pasado al ratificar el protocolo, afirmó el representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra. Señaló que esta instancia deberá ser independiente del Poder Ejecutivo, representar a todos los sectores y grupos minoritarios, y contar con presupuesto.

Explicó que este "mecanismo deberá contar con todas las garantías necesarias para su plena eficacia", por lo que además de presupuesto suficiente es necesario que cuente con información pública y con "pleno acceso a todos los centros en los que se encuentren personas privadas de su libertad, no solamente cárceles y centros penitenciarios, sino también lugares como estaciones migratorias, hospitales siquiátricos, centros de detención militar, y de niños y adolescentes en conflicto con la ley".

Incalcaterra fue entrevistado durante el Seminario sobre la Implementación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, que se celebró en la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde funcionarios de la dependencia pretendieron impedir el ingreso de reporteros, aun cuando éstos fueron invitados.

El representante de Naciones Unidas en México para Derechos Humanos planteó que la administración de Felipe Calderón deberá tener en funcionamiento el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura antes de que concluya junio próximo, de acuerdo con el plazo determinado por la convención.

Cuestionado acerca de cómo valora la ONU a México en materia de derechos humanos después de los casos de Atenco y Oaxaca, Incalcaterra planteó que Naciones Unidas no hace una clasificación de países que torturan más.

"El que exista la posibilidad de que haya una sola persona que esté sometida a la tortura es una de las figuras que la humanidad ha manifestado que es inaceptable", dijo. Lo importante es que los países construyan políticas públicas para impedir que se den estas situaciones, que manifiesten voluntad de investigación, que se responsabilice a quienes hayan cometido estos hechos y que se dé respuesta adecuada a las víctimas, agregó.

-¿Qué tan difícil es verificar los caos de tortura en México? -se le preguntó.

Y respondió que los casos de tortura se dan principalmente en lugares donde los funcionarios públicos no están a la vista de nadie, donde creen que hay condiciones para cualquier tipo de actos y que éstos quedarán impunes, "no se realiza la tortura a la luz pública". Por esta razón, la forma de romper este círculo vicioso es someter los lugares de detención a escrutinio público.

Destacó que el protocolo que firmó México no define de manera rígida el modelo que deberá adoptar para "presentir" la tortura, cada país lo debe delinear, pero dicho mecanismo tendrá que observar los siguientes principios: independencia funcional, para que no esté bajo las órdenes del Poder Ejecutivo; capacidad técnica y profesional, así como diversidad y pluralidad de sus integrantes; recursos económicos necesarios para alcanzar sus objetivos; garantías de acceso a los lugares de detención y a las personas privadas de su libertad, y contar con información relevante y adecuada.

Precisamente, para garantizar la independencia del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura se requiere que en el instrumento jurídico que le dé origen se definan sus características y facultades, y que además tenga "rango de ley", planteó Incalcaterra.