Los empleados de IMMSA enfrentarán en libertad el proceso judicial
Dictan formal prisión a 5 implicados en la tragedia de Pasta de Conchos
Saltillo, Coah., 28 de marzo. El juez penal de Sabinas, Coahuila, Sergio Tamez Moreno, resolvió la situación jurídica de los cinco funcionarios de la empresa Industrial Minera México Sociedad Anónima (IMMSA), a quienes dictó auto de formal prisión, pues encontró evidencias sobre su posible responsabilidad en la explosión y los derrumbes ocurridos hace poco más de un año dentro de la mina de carbón Pasta de Conchos, donde murieron 65 trabajadores.
Los implicados en este caso son el gerente general de la empresa, Rubén Escudero Chávez, además de los superintendentes y responsables de la seguridad dentro de la mina, Sergio Rico Pérez, Fermín González Bermea, Antonio Campos González y Emilio Rodríguez Díaz.
Sin embargo, los cinco acusados de homicidio simple culposo no irán a prisión, pues horas después de que el juez del fuero común avaló las pruebas aportadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado sobre su aparente responsabilidad en los hechos del 19 de febrero de 2006, el juez primero de distrito en Saltillo, Eduardo Loredo Morelón, les concedió la posibilidad de no ser detenidos al emitir la suspensión definitiva.
Lo anterior significa que los inculpados enfrentarán en libertad el proceso en su contra, hasta el momento en que el juez Tamez Moreno dé la sentencia del caso.
La mañana de este miércoles, en las afueras del juzgado de lo penal con sede en Sabinas, se manifestaron medio centenar de familiares de los mineros fallecidos, mientras que los inculpados no acudieron a la cita judicial en la que les sería notificada la determinación del juez.
El abogado de los deudos refirió que "les han negado el acceso al expediente a las viudas, no les quieren dar copias del documento, mientras que el juez de lo penal ha recibido a los defensores de los inculpados y les admitió 58 actas de defunción como prueba de descargo, cuando únicamente han sido rescatados del yacimiento tres cadáveres".
Aun cuando Tamez declarara culpables a los implicados, éstos podrían no ingresar a un reclusorio al cubrir una fianza, ya que el delito por el que se les persigue no es considerado grave y la ley les concede el beneficio de la libertad bajo caución. "No pueden ser detenidos porque siguen hasta este momento gozando de la medida de suspensión que otorgó un juez", señaló el juez Tamez Moreno en conferencia de prensa.
"En su momento, si cesan los efectos de esa medida suspensional, entonces estarán en posibilidad de solicitar la fianza", añadió.
El juez de Sabinas consideró que procedimientos judiciales como éste se pueden extender hasta por seis meses, siempre y cuando las partes involucradas no soliciten la ampliación de términos y periodos legales.
La resolución judicial tuvo como contexto una manifestación que a las afueras del juzgado realizaron unos 50 familiares de los trabajadores muertos, en un intento por conseguir que los acusados vayan a prisión.
Sobre este mismo tema, el procurador de Justicia en Coahuila, Jesús Torres Charles, dijo que la dependencia sigue en espera de conocer si la Procuraduría General de la República (PGR) solicitará órdenes de aprehensión a un juez federal en contra de funcionarios y ex funcionarios de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), que también tendrían responsabilidad en la tragedia minera.
"Hasta el momento no tenemos información de que la PGR haya terminado de analizar la averiguación que nosotros le turnamos y sobre la cual, si así lo considera, estaría en posibilidad de pedir las órdenes de aprehensión en contra de los funcionarios federales" como el ex delegado de la STPS en Coahuila Pedro Camarillo Adame y los funcionarios delegacionales de la misma dependencia, Luis Raúl Sarmiento Villegas, Rogelio Fernando Aguirre, Jesús Reynaldo Menchaca Medina, Mario Alberto Fraga Zamarrón y Teresa Melchor Paz.