Apuesta el gobierno a recaudar $100 mil millones de ISR y trabajadores informales
Iniciativa de reforma fiscal dejará intactos privilegios empresariales
El presidente Felipe Calderón, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), enviará a la Cámara de Diputados durante la segunda semana de abril una iniciativa de reforma fiscal que contempla incrementar la recaudación en más de 100 mil millones de pesos mediante la modificación al impuesto sobre la renta (ISR) y el establecimiento de un gravamen a las actividades de los trabajadores informales, pero no tocará los regímenes que exentan a los empresarios de obligaciones tributarias.
El anuncio fue hecho por Agustín Carstens, titular de la SHCP, al coordinador de la bancada priísta en San Lázaro, Emilio Gamboa Patrón. El secretario se reunió en privado a finales de la semana pasada con el legislador y le prometió que la iniciativa del Ejecutivo federal no incluirá cobrar impuesto al valor agregado (IVA) en medicinas y alimentos.
Durante el encuentro, el secretario de Hacienda fue insistente en que no se aplicará ningún gravamen a los productos de primera necesidad. En respuesta, Gamboa sostuvo que el interés de la bancada priísta es que las propuestas no atenten contra los intereses de las mayorías.
En ese contexto, la bancada priísta en la Cámara de Diputados es la principal interesada en que el Ejecutivo federal sea el autor de la reforma, para que, si ésta acarrea un costo político, tanto el Presidente como el Partido Acción Nacional (PAN) sean los que lo paguen.
Se prevé que la reforma dejará intactos los regímenes fiscales que favorecen la evasión por las grandes empresas, y cuyo monto anual sobrepasa 400 mil millones de pesos. Por el contrario, las expectativas del gobierno, del PAN y de su aliado, el Partido Revolucionario Institucional, se fundamentan en aplicar gravámenes a los comerciantes ambulantes y a todos los demás que se mantengan en la economía informal.
Una vez que la secretaría general de la Cámara de Diputados reciba la iniciativa presidencial, las ocho bancadas dispondrán de cuatro meses para analizar, modificar en su caso y votar su contenido antes de agosto, con objeto de que la reforma entre en vigor el año próximo.
El gobierno federal, los panistas y los priístas buscan obtener una recaudación extra por cien mil millones de pesos, con el fin de destinarlos a inversión productiva y creación de empleo.
Los recursos adicionales se obtendrían de una franja importante de la población que carece de empleo remunerado y se sostiene del comercio informal. A éstos se les aplicaría una tasa impositiva fija.
Se le preguntó a Gamboa si considera que la reforma recibiría el respaldo del resto de las bancadas. Respondió que sí y, en el caso del Partido de la Revolución Democrática, afirmó que éste apostaría por la reforma, dado que la clase menos privilegiada del país no sería afectada.
A partir de ahora, Carstens sostendrá reuniones en privado con cada dirigente de las bancadas en la Cámara de Diputados, para explicarles el contenido de la iniciativa, la cual, una vez recibida en San Lázaro, será enviada por el presidente de la mesa directiva, Jorge Zermeño Infante, a comisiones para su análisis y dictamen.