Editorial
El fisco de los ricos
De acuerdo con un informe de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) dado a conocer ayer, la carga fiscal en nuestro país es de sólo 10 por ciento con respecto al producto interno bruto (PIB), muy por debajo del 40.6 por ciento que es el promedio de los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la que México forma parte. En el ámbito latinoamericano, en donde el promedio de la carga fiscal con respecto al PIB es de 18 por ciento, el indicador correspondiente a México también es el más bajo. En su informe la Cepal señala las tendencias regionales de desgravar el comercio exterior y de incrementar la recaudación por medio del impuesto al valor agregado, destaca una falta de avances en la reforma de los sistemas tributarios y la necesidad de establecer una mayor presión impositiva para consolidar políticas públicas que garanticen los derechos económicos y sociales de la población.
El señalamiento del organismo económico latinoamericano es otra forma de ver lo que aquí fue revelado hace unos días por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el sentido de que el gobierno foxista benefició en forma sostenida, mediante la concesión discrecional de créditos fiscales, a un puñado de corporativos bancarios, agroindustriales y de comunicación y entretenimiento. De acuerdo con el reporte de la ASF, entre 2001 y 2005 las arcas nacionales sufrieron pérdidas por casi 500 mil millones de pesos por impuestos que no ingresaron a ellas y que debieron ser cubiertos por causantes mayores que resultaron, sin embargo, beneficiados por la excesiva tolerancia del Sistema de Administración Tributaria (SAT). El documento señala que algunos deudores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que encabezaba Francisco Gil Díaz fueron incluso favorecidos por la devolución de impuestos. En ese mismo periodo, el saldo de los préstamos mencionados pasó de 28 a 35 por ciento de los ingresos ordinarios del gobierno federal, 40 por ciento de ellos fueron impugnados en tribunales por los causantes remisos y el año antepasado la entidad tributaria consiguió recuperar sólo 1.7 por ciento de los adeudos.
La imperdonable complacencia que caracteriza al Ejecutivo federal desde hace varios sexenios se limita a los grandes magnates nacionales y extranjeros y a sus consorcios, y contrasta con el terrorismo fiscal que padecen los asalariados y las micro y pequeñas empresas. El sistema tributario hace impensable que un consumidor pueda eludir el pago del IVA en sus compras en el comercio formal, pero nada impide que un solo contribuyente -la ASF no aclara si es persona física o moral- acumule casi mil 500 créditos fiscales. Los causantes cautivos y los profesionistas que cobran por honorarios pueden enfrentarse a un infierno fiscal y jurídico, ya no se diga por una intención deliberada de engañar al fisco, sino hasta por errores contables e irregularidades menores en el manejo de sus archivos. Pero los grandes bancos beneficiados por el "rescate" que inventó en su favor Ernesto Zedillo, o las empresas televisivas que dominan el mercado, pueden tomarse su tiempo para pagar sus impuestos, y hasta para no pagarlos.
A la vista de las irregularidades referidas y de la masiva inmoralidad que dejan entrever, es razonable pensar que para enderezar las finanzas públicas ni siquiera se necesita una reforma fiscal, y que posiblemente bastaría con que en las filas de la administración pública se combatiera la corrupción y el dispendio -fenómenos que llegaron a niveles escandalosos en el gobierno pasado- y que el SAT se desempeñara con un mínimo de equidad y transparencia en el cobro de impuestos. Es probable que esas medidas bastaran para dotar de los fondos de mantenimiento y desarrollo requeridos a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad, para construir las carreteras que el país necesita, para dignificar los sistemas públicos de salud y educación, para garantizar el abasto de agua potable a la población y para restituir el decoro a las pensiones de los jubilados. Y no se hace referencia, desde luego, a los insultantes fondos de retiro de que gozan los altos funcionarios de las instituciones financieras del Estado, los ex presidentes y los ex ministros del Poder Judicial, sino a las pensiones miserables destinadas a la mayor parte de los empleados públicos y privados.
Desde luego, si sigue ocurriendo lo que ocurrió en 2005 -50 grandes contribuyentes con ingresos brutos anuales superiores a 500 millones de pesos acabaron pagando en el periodo menos de 74 pesos cada uno por impuesto sobre la renta, y otros tantos aportaron un promedio de 67 pesos por impuesto al valor agregado, según datos de la ASF-, el Estado seguirá siendo altamente deficitario, Pemex seguirá como objeto de rapiña fiscal y el país no podrá ni siquiera iniciar el despegue de un proceso de desarrollo redistributivo que mejore las condiciones de vida de su población.
Sea como fuere, en tanto no se ponga un alto al desvergonzado subsidio público a los ricos, es moralmente impresentable el propósito de gravar con IVA los alimentos y las medicinas y de obtener de los bolsillos de los más necesitados los fondos públicos que luego resultan dilapidados o robados en bibliotecas magnas, enciclomedias, programas demagógicos de "seguro popular" y "rescates" onerosos e injustificables de bancos, carreteras, líneas aéreas y parientes políticos del entorno de Los Pinos.