En 15 días de operaciones ya ha iniciado cuatro averiguaciones previas

Pese a carencias, avanza agencia del MP especializada en pueblos indígenas

Manejada por ex activistas, su mayor responsabilidad es la ''verdadera impartición de justicia''

AGUSTIN SALGADO

En dos semanas ha iniciado cuatro averiguaciones previas. Aún no tienen fax y tampoco cuentan con los servicios de un médico legista, pero lo que marca la diferencia en la Agencia del Ministerio Público Especializada en Pueblos Indígenas es el perfil de sus trabajadores.

Son alrededor de 10 indígenas que antes de ingresar al servicio público y convertirse en autoridades responsables de procurar justicia estaban del otro lado de la barandilla como activistas de diferentes organizaciones de la sociedad civil.

Sósimo Ortega González es un indígena triqui que a los seis años emigró junto con sus padres a la ciudad de México. Sus estudios de derecho -cursados en la Universidad Autónoma de Puebla (UAP)-, le permitieron trabajar en la Asamblea de Migrantes Indígenas de la Ciudad de México. Ahora es agente del Ministerio Público.

"Ha sido complicado. Estábamos acostumbrados a entrarle a todo, a realizar trámites en una y otra dependencia, y para ser sinceros la percepción de procuración de justicia que teníamos no era muy buena; alguna ocasión, como integrante de la asamblea, me tocó tramitar un asunto de discriminación étnica.

"Pero ahora tienes el reto de estar del otro lado y nos preocupa mucho la cuestión de los tiempos, que es uno de los grandes problemas de las dependencias gubernamentales. Desde adentro nos hemos dado cuenta que hay funcionarios de todo tipo, los hay sensibles y otros que son el típico ejemplo del funcionario que no tiene interés en su trabajo, y por ello tenemos que cuidarnos mucho, porque no queremos que nos absorba el medio".

Experiencia nueva

En los 15 días que ha funcionado la agencia se han comenzado cuatro expedientes. El primero fue por robo y lesiones, que un grupo de indígenas mazahuas inició semanas antes en la delegación Benito Juárez. Fue el primer asunto que conoció la representación social.

Días después se presentaron en el lugar varios triquis de la zona baja para dirimir ante las autoridades la posesión de un predio ubicado en la delegación Venustiano Carranza, específicamente en las inmediaciones del Metro Calendaría.

En este caso, Ortega González fungió como traductor: "se me complicó un poco, porque yo soy triqui de la zona alta. Pero poco después llegó Mario y fue él quien platicó con los involucrados".

Mario Merino López es del municipio autónomo de San Juan Copala. Antes de ingresar al servicio público trabajó para la Unión de Artesanos Indígenas, y califica el proyecto como una "experiencia nueva" cuya principal característica "es una verdadera impartición de justicia".

En torno a la figura de gobierno asumida por su comunidad a principios de año, Merino López establece: "Es muy interesante y estoy seguro que los compañeros de la región se van a poner de acuerdo, van a impulsar el proyecto y van a salvar sus diferencias internas".

Por su parte, Sósimo refiere que en ocasiones ha tenido que trascender la barandilla para acercarse a los ciudadanos. Asegura que en una ocasión salió de las instalaciones de la representación social ya que se encontraban "unas compañeras" que no se animaban a ingresar a la agencia: "de repente, que se quedan paradas allá afuera, y uno alcanza a ver a que grupo étnico pertenecen. Entonces sale uno para invitarlos a pasar, pero si lo haces en español pues es difícil que se animen, por la imagen deteriorada de la procuraduría, pero cuando hablas su lengua pues hay más confianza, se dan cuenta que esto les pertenece".

Silvia González está en el décimo semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ella es zapoteca de la sierra norte de Oaxaca y antes de trabajar como oficial secretaria, realizó su servicio social en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF): "primero estuve en la dirección de quejas y orientación y después en la segunda visitaduria".

La tercera averiguación previa fue iniciada por una indígena nahuatl que se acercó a la agencia especializada en busca de ayuda. De acuerdo con el responsable de la representación social, Heriberto Méndez, la mujer levantó una denuncia en contra de su casero por presunto abuso sexual, a lo cual el acusado reviró con una acusación por robo de un celular en su contra.

Méndez, quien es indígena mixe, explica que ambas indagatorias ya fueron atraídas y se actuará conforme a derecho.

En el cuarto expediente están involucrados cuatro tzeltales acusados de robo, y es el único caso en que se han solicitado los servicios externos de un traductor.

"Eran cuatro jóvenes que pasaron la noche en las galeras. No hay ningún abogado que hable tzeltzal y por ello pedimos la intervención de un perito traductor. Al final, determinamos que se trató de un pleito, ya que los inculpados habían estado tomando con la parte acusadora, se hicieron de palabras y terminaron en golpes. No se acreditó el delito y quedaron en libertad bajo las reservas de la ley".

En torno a las carencias, Méndez, establece: "las computadoras no funcionan correctamente. No tenemos fax, tampoco tenemos copiadora fotostática, pero apenas empezamos y estamos seguros que se corregirán estas fallas".