Partidos en opciones estratégicas
¿Cuándo comienza el deterioro del sistema de partidos en México que se expresa en luchas intestinas intermitentes, ausencia de debate político sustantivo, pragmatismo instrumental y muy débiles lazos de lealtad?
El sistema de partido hegemónico. Fue construyéndose a partir de las reformas cardenistas y alcanza su punto más alto en los 18 años que abarcan los gobiernos de Alemán, Ruiz Cortines y López Mateos. Luego inicia una lenta y dilatada decadencia a partir del gobierno de Díaz Ordaz y hasta el gobierno de De la Madrid. En este largo proceso el partido promovía consensos y sobre todo equilibrios por medio de un mecanismo de arbitraje presidencial decididamente dependiente de la lealtad de los líderes políticos.
¿Qué garantizó la lealtad, en ausencia de un código prográmatico, como ocurre con otros partidos históricos? La certidumbre de la permanencia en el poder como una fuerza hegemónica. Esto permitió, como lo expresó un agudo analista, que todos esperaran su turno en la fila de los aspirantes. Permitió una lenta pero discernible circulación de la elite partidista. El camino para llegar al Poder Ejecutivo pasaba de manera destacada al Poder Legislativo, pero también por las corporaciones agrarias, obreras, de profesionistas y burócratas, empresariales.
Impugnando este pacto. El primer ámbito de impugnación fue producto de la propia iniciativa del sistema hegemónico con las señeras reformas electorales de Jesús Reyes Heroles en el gobierno de José López Portillo. Destapa un zigzagueante proceso de apertura electoral que finalmente con las reformas en el gobierno de Ernesto Zedillo establece una real competencia electoral.
La modernización de la sociedad mexicana. Tanto el acceso selectivo a la educación superior como el disfrute de algunos bienes culturales, pero sobre todo las crisis recurrentes de fines de sexenio, generaron unas clases medias informadas, antisistémicas y en ocasiones capaces de articular movilizaciones cívicas de diversas intensidades.
Resentimiento. El tercer ámbito de impugnación es más complejo. Es producto de la percepción ciudadana de un gobierno ineficiente atrapado en redes de clientelismo y corrupción y profundamente injusto con aquellos que no tienen poder político o poder económico. El resentimiento social contra la impunidad de los personajes poderosos es probablemente el resorte más profundo en las movilizaciones ciudadanas de los últimos años.
El pastel está repartido, más o menos. Pero como consecuencia de la alternancia un cierto grado de poder político está distribuido en diputaciones, senadurías, gubernaturas y puestos administrativos, entre los tres principales partidos. Esto genera una reacción hacia la estabilización del sistema. Hacia un nuevo pacto oligárquico para erigir barreras de entrada a otros potenciales actores políticos. Esta estabilidad no es producto del debate, la deliberación pública y el establecimiento de reglas claras para la competencia interna, sino de acomodos circunstanciales en una permanente fuga hacia adelante.
El espectáculo político. La pobreza del discurso político en la campaña electoral, la renuncia a debatir internamente los perfiles de los candidatos idóneos de cada partido al Congreso y sustituirlos con encuestas y sondeos o con cuoteos definidos "en lo oscurito", y la influencia real de los otros poderes fácticos, genera un fenómeno generalizado en la escena política. La política como espectáculo, como riña para dirimir conflictos personales. Esto es el panorama entre la clase política de siempre.
Las elecciones de 2006 han abierto un periodo -que seguramente será largo- de acomodo entre las fuerzas políticas y sociales del país. Esos acomodos a partir de guerras intestinas, confrontaciones inter-partidistas y movilizaciones sociales están configurando desde ya tres posibles escenarios de salida.
Decadencia administrada. Sería el resultado del fracaso en la construcción de una coalición política que se exprese dentro y fuera del Congreso con capacidad de conducir las pulsiones y las demandas básicas de los ciudadanos y de las elites. Es la continuación del entrampamiento que ocurrió en todo el sexenio foxista. Su resultado es una sistemática decadencia en áreas completas de la economía y la sociedad, con pequeñas franjas dinámicas a manera de enclaves.
Restauración conservadora. Buscaría restablecer el predominio de la centralización administrativa o política bien sea mediante una ampliación de los poderes del Ejecutivo o de una combinación de semiparlamentarismo. Cualquiera de estas fórmulas busca producir una gobernabilidad estable. Es sobre todo un contrato entre las elites para realizar un conjunto de reformas económicas y políticas que implican mayor centralización administrativa y una democracia restringida -o delegativa, como la denominó O'Donnell (1994). La restauración, sea en clave neoliberal o neopopulista, busca mantener los actuales privilegios de los monopolios, teniendo como interlocutores en las alianzas y en las políticas públicas al conjunto de actores corporativos que pueblan el mundo laboral, empresarial, de los medios y de las ideas.
Modernización democrática. Parte del concepto de soberanía popular como una sociedad que se gobierna a sí misma elaborando leyes. Es, por cierto, la definición que desarrolla De Tocqueville en un pequeño capítulo de La democracia en América. Este escenario supondría una coalición de los "nuevos plebeyos", esencialmente jóvenes y mujeres urbanas de clases medias empobrecidas y de las nuevas clases populares obreras, campesinas, artesanas, marcadas todas por la migración. Esta coalición potencial se ha expresado en movilizaciones y redes regionales. Podría cuajar sobre la base de un claro compromiso con la democracia concebida como proceso permanentemente deliberativo, con una radical adhesión a formas federativas que desmantelen la centralización administrativa, y capaz de generar una construcción institucional que favorezca la experimentación y el aprendizaje en el ejercicio de una ciudadanía de alta intensidad.