La PGR pide a la de Coahuila declinar en la indagatoria ante la posible comisión de delitos
Proceso penal a seis ex funcionarios de la STPS por Pasta de Conchos
La dependencia estatal turna un desglose de la averiguación previa sobre la explosión en la mina
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Viudas de los mineros aún esperan justicia
Foto: Víctor Camacho/Archivo
La Procuraduría General de Justicia de Coahuila turnó a la Procuraduría General de las República (PGR) un desglose de la averiguación previa 073/2006, para que inicie un proceso penal en contra de seis ex funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), por su responsabilidad ''en la posible comisión de delitos'' derivados de la explosión en la mina Pasta de Conchos, en la que murieron 65 trabajadores de Industrial Minera México (IMMSA).
El desglose se realizó a petición expresa de la PGR, instancia que solicitó a la procuraduría coahuilense declinar en la investigación contra los seis ex empleados de la dependencia -entre ellos quien fuera delegado, Pedro Isaac Camarillo-, por tratarse de hechos delictivos que probablemente cometieron funcionarios federales.
La indagatoria relacionada con los ex empleados de la STPS fue turnada por el agente del Ministerio Público en Nueva Rosita, Jorge Ríos Coss -en 13 mil 754 fojas- a la delegada de la PGR en Coahuila, Aurora de la Mora Alvarado, en la cual detalla que la procuraduría estatal ''declina la competencia por razón de fuero''.
Se llegó al ámbito federal
Se refiere que el 5 de marzo pasado el agente del Ministe-
rio Público Federal, Mario Aurelio Tirado Rayón, envió el oficio PGF/DGCAP/DF/011/2007, en el cual solicita decline la competencia de la investigación iniciada contra quien resulte responsable, en razón del fuero.
''Revisada la presente indagatoria, y toda vez que de la misma se desprenden hechos posiblemente constitutivos de delitos cometidos por Mario Alberto Fraga Zamarrón y Jesús Reynaldo Menchaca Medina (ex inspectores); Rogelio Fernando Aguirre Tovalín (ex jefe de la oficina regional de la secretaría); María del Carmen Martínez Sánchez; Luis Raúl Sarmiento Villegas (ex director jurídico), y Pedro Isaac Camarillo Adame, quienes se desempeñaban en la época de los hechos como servidores públicos de la Secretaría del Trabajo, y que con motivo de sus funciones se cometieron los hechos que les son atribuibles (...) y la secretaría es una dependencia de orden federal, es procedente declinar la competencia única y exclusivamente por lo que respecta'' a los ex servidores públicos, señala.
Se aclara que la declinación de competencia es para que la PGR ''continúe con la investigación de los hechos atribuidos, y en su momento ejercite la acción penal correspondiente''.
Los empleados de IMSSA
Asimismo, este diario obtuvo copias del auto de formal prisión en contra de seis ex funcionarios de Industrial Minera México, a los que la procuraduría estatal consignó por el delito de homicidio culposo, en agravio de los 65 mineros fallecidos en la explosión del 19 de febrero de 2006 en Pasta de Conchos.
El Ministerio Público que consignó a los directivos de la empresa encargados de la operación y seguridad de la mina señala que sabían, por los informes de concentración de metano y los bajos niveles de oxígeno, que existía la posibilidad de una explosión en el tiro y, por tanto, debieron ordenar la evacuación del personal, pero no lo hicieron.
En el caso de Antonio Campos, supervisor de seguridad, asegura que ''no dio cabal cumplimiento a sus obligaciones'' como empleado de IMMSA, pues omitió realizar adecuadamente su trabajo como responsable de que las operaciones de la mina y sus instalaciones estuvieran siempre dentro de las normas de seguridad e higiene establecidas.
La consignación detalla que Campos González ''debía supervisar la ventilación del yacimiento y efectuar mediciones de los volúmenes de aire y cantidades de gases, así como la temperatura en distintas áreas, las entradas y salidas'', y que para cumplir con esa labor ''requería realizar diversos recorridos''. Era, además, el encargado de aplicar el polvo inerte en los lugares donde se extrae carbón, con la finalidad de disminuir la combustibilidad de los gases, y también tenía a su cargo revisar los monitoreos de metano en las máquinas conocidas como ''mineros continuos'', con las que se realiza el corte del carbón y cuenta con un dispositivo para medir las concentraciones de gas.
También refiere que fue el encargado de elaborar los reportes higrométricos y de volúmenes de aire en los días previos a la explosión, de los cuales ''se desprende una deficiencia de ventilación de la mina'', que redujo a 271 metros cúbicos por minuto la inyección de aire, cuando el nivel mínimo debía ser de 276, lo cual a su vez ''originó una atmósfera explosiva en el interior'', pero omitió tomar medidas para evitar la concentración de gases, "lo que produjo la explosión''. La procuraduría determinó que el supervisor no ordenó la suspensión de labores y la evacuación del área.
Respecto del ingeniero de seguridad, Emilio Rodríguez Díaz, refiere que le correspondía vigilar el buen funcionamiento de los equipos e instalaciones, así como verificar las condiciones de seguridad en el interior y exterior del yacimiento, y por tanto verificar los volúmenes de aire. Por lo que toca al superintendente de mina, Sergio Rico Pérez, detalla que no cumplió con su obligación de supervisar la operación de los ''mineros continuos'' y revisar los reportes que, a su vez, elaboró Campos González.
En el caso del gerente general, Rubén Armando Escudero Chávez, refiere que parte de sus funciones era recibir los reportes de seguridad de las fallas en la mina, por lo que conocía las deficiencias en el suministro de aire y las concentraciones de metano. Sin embargo, ''omitió ordenar se evacuara el área y se realizaran los trabajos pertinentes para disminuir el nivel de dicho gas'' y, como en el caso de los otros funcionarios, ''lesionó el bien jurídico más preciado que tiene el ser humano, y que lo es la vida de las personas, ya que no previó el resultado que ocasionó''.
Finalmente, el superintendente de operaciones, Fermín Carlos González Bermea, ''omitió tomar medidas para proveer al interior de la mina el volumen de aire exigido por la norma y ordenar a sus subalternos suspender las labores y se realizaran los trabajos pertinentes para disminuir el nivel del gas'' metano.