Usted está aquí: martes 10 de abril de 2007 Sociedad y Justicia El Seguro Popular no solucionará el problema de la mortalidad materna

En Guerrero y Oaxaca sólo hay afiliación de 19%, revela un estudio de Fundar

El Seguro Popular no solucionará el problema de la mortalidad materna

ANGELES CRUZ MARTINEZ

Ampliar la imagen El presidente Felipe Calderón, durante su gira de trabajo por Yucatán, entregó este lunes credenciales a beneficiarios del programa Seguro médico para una nueva generación Foto: Notimex

Con una afiliación al Seguro Popular (SP) de apenas 19 por ciento de personas que carecen de seguridad social en los estados de Guerrero y Oaxaca, el problema de la mortalidad materna, expresión del rezago social y la desigualdad en el acceso a los servicios de salud, no se podrá solucionar, ni siquiera en el mediano plazo, asegura una investigación de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, asociación civil.

Muy poco es lo que, en tres años de operación, pudo avanzar en ese rubro el programa estrella del gobierno foxista -que continúa en la administración de Felipe Calderón-, señala el estudio, efectuado en las entidades donde se reporta la mayor incidencia de muertes asociadas con la maternidad.

Indica que en Guerrero, hasta el tercer trimestre de 2006, habían sido afiliadas 12 por ciento de familias que no tenían acceso a seguridad social, lo que representa un progreso de cuatro por ciento anual. De continuar ese ritmo, la meta de 100 por ciento se obtendrá en 25 años, aunque el SP plantea lograr la cobertura total en 2010.

La investigación, realizada en ese estado por David Meléndez, también destaca que de las 63 mil 777 familias afiliadas, sólo 23 por ciento correspondía a indígenas (13 mil 946), por lo que el avance para ese sector es de apenas 9 por ciento.

Los magros resultados también se reflejan en el número de unidades médicas incorporadas al SP. De un total de 931 centros de salud, sólo 47 están afiliados, y de éstos únicamente 13 cuentan con la acreditación del Seguro Popular. En el segundo nivel de atención, ocho de los 14 hospitales generales forman parte del SP, pero únicamente cinco han sido acreditados; es decir, reúnen las condiciones de calidad para la prestación de dichos servicios.

Ante este panorama, señala el documento -que está en proceso de edición-, es evidente que sólo el funcionamiento del Seguro Popular "no permite imaginar a mediano plazo una reducción del número de muertes maternas".

Entre los problemas que se deben resolver destaca la reformulación del gasto social del Estado y etiquetar los recursos destinados a la atención de ese problema. Los servicios de salud son responsables de diseñar y aplicar acciones basadas en evidencias, sobre todo en las regiones más marginadas de Guerrero, y garantizar al menos la atención de urgencias obstétricas en las clínicas instaladas en las cabeceras municipales. También deben promoverse estrategias reales de traslado de mujeres por parte de los municipios.

Para el caso de Chiapas, los investigadores Sergio Meneses y Graciela Freyermuth recuerdan que el SP se planteó como alternativa para solucionar la inequidad en que se encuentran amplios sectores de la población, al estar excluidos de un sistema de protección social en salud.

Sin embargo, en esta entidad, al término de 2006, apenas 16.2 por ciento de la población sin seguridad social se había afiliado al SP, aunque la cobertura de la protección sanitaria es de únicamente 31.6 por ciento de chiapanecos, lo cual significa que 511 mil 999 familias (dos millones 934 mil 437 personas) carecen de servicios médicos.

Del análisis se desprende que en la zona de los Altos de Chiapas el SP ha privilegiado a los municipios menos marginados, mejor comunicados y con una red de servicios más sólida, mientras los de mayor atraso y peores indicadores de desarrollo siguen sin servicios sanitarios. El reporte también da cuenta de la persistente inequidad en la distribución de recursos económicos entre afiliados a la seguridad social y adscritos al Seguro Popular.

En relación con la infraestructura, señala que algunos recursos para la atención materna se han incrementado con la puesta en marcha del SP. Entre otros, aumentó el número de recursos humanos y ambulancias, se dispone de equipos para suturar y para la atención de partos (al menos en las unidades ubicadas en las cabeceras municipales de Los Altos) ha mejorado la infraestructura de primer nivel.

Sin embargo, asegura, apenas se han incorporado 56 centros de salud y ocho hospitales generales a la red de servicios del SP. Todavía falta agregar más de 800 unidades médicas en el estado.

Otra carencia observada por Fundar es que la mitad de las clínicas que se ubican en las cabeceras municipales de Los Altos no dispone de un lugar adecuado para la atención de partos, y varias carecen de los recursos necesarios para la administración de líquidos intravenosos y fármacos esenciales para la atención de las principales urgencias obstétricas.

Una evidencia más de que el SP no garantiza el acceso a la atención obstétrica de todas las mujeres, principalmente de quienes siempre se han encontrado más desfavorecidas, es que en 2005 ese esquema únicamente atendió 916 partos, que representan 1.5 por ciento de los casi 60 mil nacidos vivos registrados en la entidad en ese año.

 
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