Por Rocío Sánchez

“Todas las personas estamos a favor de que se acaben los abortos, el problema es que para que eso suceda hay quienes piensan que se tienen que penalizar y otras personas pensamos que se tiene que despenalizar”. La aclaración de la antropóloga Marta Lamas centra una discusión bizantina: el debate por la despenalización del aborto en el Distrito Federal.

Desde que diputados locales de la ciudad de México anunciaron una propuesta para despenalizar el aborto en el caso de que se realice cuando “a juicio de la mujer o a solicitud de ella se interrumpa su proyecto de vida y su desarrollo integral”, los grupos de derecha, confesional y partidista, respondieron como se esperaba y manifestaron su rechazo. Su pancarta central es “la lucha por la vida” y sus iconos las inefables y falaces fotos de fetos destrozados —la mayoría de más de seis meses, muy lejos de la propuesta legislativa que habla de autorizar la interrupción hasta las 12 semanas de gestación (cuando el producto apenas es un embrión).

La población general, de acuerdo a las encuestas, también presenta una fuerte división de posturas, pero con una tendencia a apoyar la despenalización. La encuestadora Consulta Mitofsky señala que 50 por ciento de los hombres y 48 por ciento de las mujeres están a favor de que se permita la interrupción de los embarazos si así lo deciden las mujeres. En contra se manifestaron 48 por ciento de los varones y 49 por ciento de las mujeres. Otra encuesta, del periódico Reforma, arrojó que 53 por ciento de los capitalinos está a favor de la despenalización y 42 por ciento se opone.

Pero mientras la discusión avanza —y polariza— los abortos y los riesgos no esperan. Según estimaciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), en 1995 se produjeron 110 mil abortos inducidos en todo el territorio nacional. Un estudio del Instituto Alan Guttmacher hace referencia a 533 mil abortos provocados en México. De acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), las complicaciones de abortos mal practicados son la tercera causa de muerte materna en nuestro país.

La mortalidad por aborto no es consecuencia del procedimiento en sí, sino que es mucho más alta cuando éste es considerado un delito. De acuerdo con el estudio Aborto inseguro: la pandemia prevenible, publicado en la revista médica The Lancet (noviembre, 2006), en los países donde el aborto es ilegal causa en promedio 30 veces más muertes maternas que en los países donde está legalizado.

La legislación que castiga esta práctica no sirve para disuadir a las mujeres de recurrir a ella. Tampoco es cierto que el legalizarlo provoque un aumento en su incidencia. Según datos de la organización civil IPAS México, 23 de cada mil mujeres de 15 a 49 años que viven en los 82 países con la legislación más restrictiva experimentan un aborto, mientras que sólo dos de cada mil lo hace en los 52 países más liberales respecto al tema.

La capital, en espera

Luego de que la batalla empezara en todo el mundo en la década de los treinta, la ciudad de México sería la primera en América Latina en despenalizar totalmente el aborto. Sin contar a Cuba, ningún país de la región acepta la interrupción del embarazo por causas que no sean violación, peligro de la vida de la madre o malformaciones congénitas, principalmente.

En marzo se presentaron en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) dos proyectos que, aunque distintos en sus planteamientos, buscaban ampliar las cuatro situaciones que actualmente eximen de responsabilidad penal a una mujer que interrumpa su embarazo: si el embarazo es resultado de una violación, si resulta de una inseminación artificial no consentida, si el embarazo traería consecuencias graves a la salud de la madre o si, a juicio de dos médicos, el producto presenta alteraciones genéticas o congénitas que puedan dar como resultado daños físicos o mentales.

Finalmente, ambas propuestas —una del PRI y otra de la Coalición Socialdemócrata que agrupa a Alternativa, Partido del Trabajo y Convergencia— quedaron unificadas en un dictamen preliminar presentado el pasado 30 de marzo, quedando estipulada una quinta causal de no responsabilidad penal en el artículo 148 del Código Penal, “cuando a juicio y solicitud de la mujer se interrumpa el embarazo durante las primeras doce semanas de gestación”. Esto significa que la mujer no tendría que especificar ningún motivo particular para interrumpir su embarazo.

El mismo proyecto reforma el artículo 14 de la Ley de Salud, estableciendo que el gobierno difundirá políticas sociales y educativas que promuevan la salud reproductiva y defiendan los derechos sexuales.

El dictamen aún debe ser aprobado por las comisiones unidas de Salud, de Equidad y Género y de Procuración de Justicia, acto que legisladores prevén se realice antes del 19 de abril, para discutirlo en el pleno de la Asamblea el próximo 24 del mismo mes.

Sí a la vida, sí a la despenalización

Al margen de la discusión moral y religiosa alrededor de la cual ha oscilado gran parte del debate, el aborto es una realidad de salud pública innegable en nuestro país. Una cifra que indirectamente revela la cantidad de abortos clandestinos en México es la de atenciones por abortos incompletos en hospitales del IMSS, ISSSTE y de la Secretaría de Salud, que ascienden a unas 10 mil mujeres al año, explica Raffaela Schiavon, directora general de IPAS México, en conversación con Letra S.

Las posibles reformas, considera, son un asunto de justicia social porque “sabemos que las mujeres que tienen recursos llevan a cabo sus decisiones en clínicas, en hospitales o hasta en otros países; las que se mueren, las que se enferman, las que tienen problemas para tomar estas decisiones son las mujeres pobres, marginadas, jóvenes y mayores”. Una clínica dedicada a realizar abortos en la ciudad de El Paso, Texas, (colindante con Ciudad Juárez, Chihuahua), reveló que alrededor de 35 por ciento de sus pacientes son mexicanas: unas 560 mujeres al año (La Jornada, 31 de marzo de 2007).

Entre los argumentos que ha esgrimido la oposición partidista al aborto legal está el aumento en la irresponsabilidad de los jóvenes que tendrán más relaciones sexuales sin protección, por lo cual, incluso contra sus posturas históricas y en un sentido no muy claro, proponen iniciar estrategias de prevención de los embarazos no deseados.

“Pero aún dentro de la mejor óptica de prevención posible, de todos modos habría abortos porque los métodos anticonceptivos fallan, porque hay relaciones sexuales violentas o no previstas, porque un mismo embarazo, deseado en un principio, puede volverse no deseado después”, advierte Schiavon.

“Consecuencias” del aborto y “soluciones”

Grupos de ultraderecha como Pro Vida, el Colegio de Abogados Católicos de México y otras coaliciones ciudadanas fantasma que han sido portavoces de la postura en contra del aborto esgrimen argumentos “científicos” que dicen que el aborto está relacionado a un sinnúmero de consecuencias negativas. La amenaza de esterilidad futura, el síndrome de estrés post aborto y hasta el cáncer de mama son las pesadas lozas que penden sobre las cabezas de quienes deciden interrumpir su embarazo.

“Las evidencias que aportan estos grupos son mala ciencia, es ciencia que no se puede constituir en evidencia”, explica Schiavon. El riesgo de muerte es elevado, aclara, cuando el aborto se realiza en condiciones inseguras e insalubres. De ser llevado a cabo en condiciones legales, el aborto es el más seguro de varios procedimientos obstétricos con sólo 0.56 muertes por cada 100 mil eventos, de acuerdo con un estudio publicado en el American Journal of Obstetrics and Gynecology, mientras el parto presenta 7.06 muertes por cada 100 mil eventos.

Sobre la infertilidad futura, sólo se sostiene “si hablamos de abortos donde las mujeres se meten sustancias, sondas, ganchos; el riesgo de infección o de perforación por supuesto que afecta la vida o la fertilidad futura de la mujer”.

Ante el rápido posicionamiento del tema del derecho a decidir de las mujeres en la opinión pública, el Partido Acción Nacional, como principal partido opositor a la despenalización del aborto, ideó una “contrapropuesta”, en la que planteó dar un apoyo económico a todas las mujeres que tuvieran un embarazo no deseado, para solventar sus gastos y los de su hijo hasta los nueve años de edad. Asimismo, la líder panista en el DF, Mariana Gómez del Campo, dijo que el gobierno debe ofrecer opciones seguras y confiables para que las mujeres puedan dar a sus hijos en adopción.

En México, refiere Schiavon, hay un promedio de mil adopciones legales al año, a la par que existe un promedio de 170 mil hospitalizaciones por aborto al año en todo el país, muchas de ellas por aborto inducido. “Yo no sé si tienen idea de lo que están hablando”. Independientemente de que se tendría que multiplicar por diez la cantidad de adopciones, “el discurso de la adopción es muy poco humano, que conlleva la conceptualización de la mujer como una incubadora, como una máquina que incuba bebés y una vez que el bebé se logra, lo saca y lo regala, como si eso no significara nada para esa mujer”.

Para Martha Lucía Micher, directora del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, la medida es igual de inverosímil. “Me imagino una niña de 12 años violada, que lleva a término su embarazo para dar en adopción el hijo de su papá o de su tío que la violó. ¿Qué valor moral y ético tiene esta propuesta?”

Con la Iglesia hemos topado

Desde el inicio de la discusión, las presiones, críticas y hasta amenazas de los grupos conservadores, del Partido Acción Nacional y de la jerarquía católica, hicieron acto de presencia. Incluso el presidente Felipe Calderón, cuestionado sobre el tema, se manifestó “en defensa de la vida” y reiteró su “pleno respeto por la dignidad y la vida humana”.

El Vaticano terció un mensaje de rechazo en voz del presidente del Pontificio Consejo para la Familia, cardenal Alfonso López Trujillo, quien en un evento de grupos pro vida advirtió que es imposible que el ser humano quiera “corregirle la plana a Dios”. Cuando grupos por el derecho a decidir pidieron vigilar de cerca al representante del Papa, el subsecretario de Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Florencio Salazar, lo escudó diciendo que el purpurado “no está contraviniendo (las leyes mexicanas), ninguna disposición que atente contra la paz pública, contra las instituciones; está participando en el marco de un tema que es parte doctrinal de la Iglesia que él representa”.

Sobre la intervención de la Iglesia en el tema, la antropóloga Marta Lamas estima que “desde que se acabó la lucha contra el comunismo y a partir de la caída del muro de Berlín la Iglesia se quedó sin una causa para hacer cruzadas y decidió que la próxima sería todo lo relacionado a sexualidad y reproducción”. Entrevistada por Letra S, contrastó esta postura con las palabras del obispo auxiliar de Madrid, Alberto Iniesta , quien, en 1985, dijo: “Mi conciencia rechaza totalmente el aborto, pero mi conciencia no rechaza la posibilidad de que la ley no lo considere un delito”.

Para Martha Lucía Micher, el debate corre el riesgo de desviarse de “la responsabilidad del Estado para respetar, proteger y garantizar el derecho humano de las mujeres a una salud integral y su derecho a decidir”, y quedar en un ámbito doctrinario.

Por su parte, el secretario de Salud, José Angel Córdova, no pudo resistir la tentación de opinar en contra de la despenalización al soslayar la importancia de las muertes por abortos clandestinos. Ante las primeras preguntas se había mostrado prudente aclarando que las autoridades de salud acatarían lo que determinara el Poder Legislativo, pero días después argumentó que el aborto no es un problema tan grave de salud pública, pues en 2006 sólo se registraron 88 muertes por esa causa.

“No es correcta una declaración de este tipo que además contradice su discurso porque él dijo que teníamos que trabajar sobre la prevención, y un asunto sobre el que se está trabajando aquí es el de la prevención”, expresó Martha Lucía Micher. “Este asunto no va a impactar únicamente en una ley, también tiene que impactar en educación e información sexual, propuesta que el propio secretario de Salud no aceptó cuando ambos éramos diputados federales: yo presenté una modificación a la Ley General de Salud para que se les diera información a las y los jóvenes sobre todos los medios de anticoncepción, incluida la anticoncepción de emergencia, y él se opuso”.

Las expertas consultadas coincidieron en que otro débil argumento contra la interrupción legal del embarazo es que va a haber “filas interminables” de mujeres buscando hacerlo. Las mujeres no se embarazan para abortar, ni abortarán porque sea declarado legal, las mujeres recurren a esa opción porque no tienen otra salida y eso es lo que hace necesario que el procedimiento sea legal y seguro.

La discusión en el DF dio lugar a que se presentaran tres iniciativas a nivel federal. Dos de ellas son del PRD, una está en el Senado y otra en la Cámara de Diputados. Ambas se enfocan a ampliar el poder de decisión de las mujeres sobre continuar o no con sus embarazos. Una más, presentada a últimas fechas, es la promovida por el Partido Verde Ecologista de México, que propone, por el contrario, aumentar las penas vigentes en el Código Penal Federal para mujeres que aborten o médicos que realicen el procedimiento, subiendo el tiempo de cárcel que actualmente es de seis meses a un año, hasta uno a tres años.