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El robo del archivo impide validar la ilegalidad en la toma de nota de Elías Morales

La PGR deberá realizar otro peritaje para probar la falsificación de firmas

La SFP inició investigaciones contra ex funcionarios de la STPS y servidores de PGR

GUSTAVO CASTILLO, GABRIEL LEON

La Procuraduría General de la República (PGR) deberá realizar un nuevo peritaje para demostrar que las firmas con las cuales se dio posesión como dirigente del sindicato minero a Elías Morales eran falsas, toda vez que ahora ya no existe un documento incuestionable que permita validar la ilegalidad en la toma de nota del depuesto dirigente, revelaron fuentes gubernamentales.

En tanto, la Secretaría de la Función Pública (SFP), a partir de la recepción de una serie de denuncias, inició dos investigaciones: una, para determinar si el ex secretario del Trabajo Francisco Javier Salazar o, en su caso, Carlos Abascal Carranza, participaron o avalaron la falsificación de firmas para la toma de nota de Elías Morales; y otra para establecer las sanciones administrativas contra funcionarios de la PGR que pudieran ser responsables del robo de documentos de la averiguación previa relacionada con el sindicato minero.

De acuerdo con los datos obtenidos, al continuar las investigaciones del robo de documentos ocurrido en la delegación
de la PGR en el Distrito Federal, entre el 11 y el 12 de abril pasado, la Visitaduría de la dependencia decidió solicitar a un juzgado federal el arraigo de los responsables directos del expediente, y ayer se les notificó su cambio de situación jurídica al pasar de testigos a indiciados.

Las fuentes consultadas señalaron que el ex delegado Armando del Río Leal, la subdelegada de Procedimientos Especiales, Rosalía Lilián Espinoza Martínez, y la agente del Ministerio Público Federal encargada del caso, Martha Contreras Rosales, son considerados los principales responsables de la sustracción ilícita de los documentos, y por eso también se analizaba la posibilidad de realizar cateos a las viviendas de las personas antes mencionadas, en busca de evidencias del ilícito.

La información recabada en círculos oficiales refiere que el móvil del robo fue impedir el avance de la averiguación previa PGR/DDF/SPE-XX/5393/2006, y colocar en situación de debilidad los argumentos de la PGR en cuanto a que se falsificaron firmas, pues no es válido sostener que pruebas periciales concluyeron que hubo falsificación de documentos si no existen los originales.

Bajo esa circunstancia, mencionaron los entrevistados, el Ministerio Público está obligado (una vez que se repusieron los documentos robados) a validar mediante peritajes que las firmas estampadas fueron falsificadas, de la misma manera que en el documento inicial.

Por otra parte, el titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, designó a Ricardo Celso Nájera Herrera titular de la delegación de la PGR en el Distrito Federal, en sustitución de Armando del Río Leal.

En la pasada administración, Nájera Herrera fungió como director general de Desarrollo, Innovación y Políticas Gubernamentales de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, además de ocupar varios cargos en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Aunque la dependencia federal aún no define la situación jurídica de los 15 funcionarios que son investigados, las fuentes precisaron que la agente del Ministerio Público de la mesa 20, Martha Contreras Rosales, ya tramitó un amparo ante jueces de distrito para evitar actos jurídicos de la PGR que puedan derivar en una orden de aprehensión o arraigo.

 
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