Complicado, echar abajo esa reforma, dicen especialistas
Vergonzoso, el papel de quienes aprobaron la citada legislación
La llamada ley Televisa no se leyó ni se discutió en el pleno del Congreso hace un año, aun cuando la mayoría de los legisladores desconocían su contenido y términos. De hecho, se trató de una irresponsabilidad por parte de los representantes populares, e incluso se puede pensar en simplicidad, afirmó ayer Lorenzo Córdova Vianello, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Ahora, la demanda de inconstitucionalidad presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de dicha ley enfrenta un panorama complicado, admitió por su parte Alejandro Madrazo, abogado representante del grupo de legisladores que busca frenar la legislación.
Ambos ponentes hablaron en el foro A un año de la ley Televisa, organizado por la Asociación Mexicana del Derecho a la Información y realizado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
Córdova Vianello añadió que la protección de los derechos y garantías debe tener lugar ante cualquier poder público o privado, particularmente los medios de comunicación, por lo que, añadió, no es casual que el llamado "neoconstitucionalismo" se confronte con otros poderes "que de manera reciente han brotado impunemente sobre el contexto público.
"Se trata pues, de nuevos entes que por el poder que tienen en sus manos, son capaces de lesionar masivamente los derechos; son poderes públicos y salvajes como el del Estado; poderes públicos ilegales, como los casos en que el Estado, al margen de la ley, patrocina a eventuales grupos paramilitares por ejemplo; poderes privados legales, como los medios de comunicación, y los ilegales, como la delincuencia organizada", señaló.
Al participar en el foro, Madrazo calculó que la resolución a la acción de inconstitucionalidad se resuelva "en no más de dos meses, pero necesitamos ocho de 11 votos para forzar cualquier modificación a los artículos de la ley Televisa", dijo.
En este sentido, precisó que los poderes fácticos constituyen un ejemplo de esos poderes salvajes que el constitucionalismo confronta. Se trata de poderes que el Estado constitucional debe frenar, para controlar, regular y proteger los derechos.
El investigador universitario hizo énfasis en que el nacimiento de los llamados poderes fácticos se constituyen como entes que no sólo desafían e incluso someten al Estado por un lado y, por el otro, existe un retroceso del propio Estado en una función de control y árbitro de partes que el funcionalismo moderno le había conferido.
Así, los medios electrónicos se han asumido como los grandes ejes decisivos en el debate público del país.
Recordó el lamentable y vergonzoso papel que jugaron los actores políticos en la votación de la Ley de Radio y Televisión, misma que se aprobó en siete minutos con el consentimiento unánime de todos los partidos.
Existe pues, una necesidad de transparencia por parte de la Suprema Corte de Justicia, que tiene la última palabra en este asunto. Tiene la obligación de hacer una declaración clara y puntual del porqué se pronuncia en un sentido u otro.
Por otra parte, el papel de los medios de comunicación durante todo el procedimiento de la llamada ley Televisa es otro asunto ominoso, como lo es el linchamiento público de figuras representantes del Estado y funcionarios del mismo; todo con la permisividad de la autoridad reguladora de la materia y que verifica que los concesionarios cumplan con sus obligaciones legales, entre otros el respeto a los derechos fundamentales.
A su vez, Alejandro Madrazo señaló que en la aprobación de la ley hubieron diversas acciones inconstituciones.
Se refirió a que los monopolios, en materia de medios, atacan los principios de la democracia, en opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.