Repudian ley que pretende indemnizar a familias de militares represores muertos
Conmoción en Uruguay por hallazgo de los restos del desaparecido Helios Serra Silveira
Buenos Aires, 18 de abril. La reciente identificación de los restos del uruguayo Helios Serra Silveira, secuestrado el 27 de junio de 1978 en esta capital por un grupo de tareas de la pasada dictadura (1976-1983), causó conmoción en Uruguay, donde diversos sectores reclaman al gobierno de Tabaré Vázquez que no se apruebe la ley que intenta indemnizar a familias de militares en ese país.
Serra Silveira tenía 23 años cuando fue secuestrado en esta capital y pasó por los centros clandestinos de detención El Banco y El Olimpo, desde donde fue llevado en diciembre de 1978 a un lugar no determinado en uno de tantos vuelos de la muerte.
Arrojado al mar como se hizo con miles de detenidos desaparecidos, su cadáver llegó a Pinamar, en la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires, no muy lejos del lugar donde a finales de 1977 se recogieron otros restos, que se comprobó -27 años después- pertenecían a tres madres fundadoras de Plaza de Mayo, secuestradas por los marinos ese año.
El joven figuraba en la lista de más de un centenar de compatriotas suyos desaparecidos en Argentina, aunque muchos de ellos fueron trasladados a Uruguay en el contexto de la coordinación criminal de las dictaduras, desde el temible centro clandestino de detención Automotores Orletti, que fue sede de la Operación Cóndor aquí.
La familia de Serra pidió la repatriación de los restos en momentos en que también se conoce el testimonio que confirma que León Duarte, un conocido dirigente sindical, fue llevado a su país en un segundo vuelo clandestino y desaparecido allí.
Con Duarte fueron secuestrados aquí Gerardo Gatti y otros 20 compañeros del Movimiento por la Victoria del Pueblo de Uruguay, en julio de 1976.
Gatti y Duarte figuraban como desaparecidos, pero esto indicaría que el número de uruguayos secuestrados en Argentina y trasladados para ser eliminados en su país fue mucho mayor de lo que se estimaba.
Una persona identificada en medios uruguayos como ROSD, que estuvo detenida y fue torturada en el centro conocido como 300 Carlos de Material y Armamentos, en los fondos del Batallón 13 en Uruguay, escuchó un desesperado aviso de otro detenido que gritó: "soy León Duarte, nos trajeron de Argentina y nos van a matar a todos".
Esto confirmaría las denuncias que indican que varios ciudadanos uruguayos -entre ellos la joven argentina María Claudia García de Gelman, nuera del poeta Juan Gelman- fueron trasladados de Orletti en un segundo vuelo a otro centro clandestino de detención que funcionó en el Batallón 13.
Se presume que los que llegaron en el "segundo vuelo" fueron ejecutados en masa. Estos detalles hacen más complicado el panorama para el gobierno del presidente Tabaré Vázquez, cuando el país debate una ley de reparación que a solicitud de un diputado derechista alcanzaría también a militares muertos por "la sedición", como dice el proyecto que presentó.
El mensaje y proyecto de ley que el Ejecutivo elevó ahora a la Asamblea General refrenda la iniciativa de una asociación que defiende a los militares y que presentó el diputado derechista Daniel García Pintos.
La propuesta sostiene que el objetivo es "coadyuvar a la consolidación de la paz que anhelamos". Pero para los familiares de los desaparecidos este proyecto beneficia a victimarios y responsables de delitos de lesa humanidad, y reaviva las heridas de las miles de víctimas de la dictadura.
El proyecto que se presentó el 26 de marzo pasado propone resarcir con 150 mil dólares a las llamadas "víctimas de la sedición" en los años 60 y 70, sumándolo al resarcimiento que se pide para los familiares de los desaparecidos durante la dictadura, que fueron reconocidos como tales en 2003 por la Comisión para la Paz.
De acuerdo con varios organismos, se trata de un proyecto injusto "porque equipara dos situaciones que nada tienen que ver, la de las víctimas del terrorismo de Estado practicado por la dictadura entre 1973 y 1985 y las víctimas de enfrentamientos entre agentes del estado y grupos sediciosos", como el propio proyecto designa.
Afirman que el proyecto pone sal en las heridas de víctimas del terrorismo de Estado y reivindica la teoría de los dos demonios, esgrimida por la dictadura y la derecha nacional, que han querido plantear la tesis de una guerra que nunca existió", señalan en un comunicado "Ciudadanos en contra del proyecto de Ley presentado por el Poder Ejecutivo al Parlamento el 26-3-07".
También el Foro de Frenteamplistas radicado en Argentina rechazó esta decisión y señaló que "estamos ante la declaración que nunca hubiéramos querido realizar (...) El proyecto de ley presentado y la confluencia entre lo peor del Parlamento y el gobierno progresista en torno a este tema tan sensible para la totalidad de la sociedad uruguaya resultan humillantes para quienes votamos a este gobierno y lesivos para la totalidad de la ciudadanía democrática".