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Legisladores priístas olvidan su amago de sacar el tema de la agenda y lo apoyan

Aprueban diputados ley que permite la producción de biocombustibles

Frenesí en San Lázaro: en un día avalan 16 iniciativas de ley y turnan 112 a comisiones

ENRIQUE MENDEZ, ROBERTO GARDUÑO

Ampliar la imagen La foto del recuerdo que marcó el término del segundo periodo ordinario de sesiones de la 60 Legislatura causó, por un momento, algarabía entre los diputados La foto del recuerdo que marcó el término del segundo periodo ordinario de sesiones de la 60 Legislatura causó, por un momento, algarabía entre los diputados Foto: María Meléndrez Parada

Con el dilema de aprobar cuanto dictamen se pudiera en un solo día, la Cámara de Diputados resolvió a favor 16 iniciativas de ley de relevancia -algunas en tres minutos- 11 puntos de acuerdo, y turnó a comisiones 112 iniciativas y 187 puntos de acuerdo, en un récord sin precedente en los años recientes.

En medio de ese frenesí, el pleno aprobó la minuta del Senado que expide la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, la cual busca impulsar el uso de combustibles alternativos a partir del maíz, como el etanol y el biodiesel, con objeto de remplazar los derivados del petróleo.

A pesar del amago del PRI, que durante la semana pasada anunció que no permitiría que el maíz se utilizara para la producción de ambos combustibles y que, por lo tanto, sacaría definitivamente el tema del dictamen, ayer en San Lázaro quedó en entredicho una vez más la postura del tricolor y se puso en riesgo la soberanía alimentaria, porque la base fundamental de la dieta nacional se destinará a necesidades industriales.

La minuta fue aprobada por 243 votos en favor, de la mayoría priísta y panista; 128 en contra, de los diputados del Frente Amplio Progresista, y ocho abstenciones. El reclamo a PRI, PAN y Nueva Alianza -que respaldó la reforma- provino de la fracción perredista.

El diputado Fausto Mendoza advirtió desde la tribuna que de ninguna manera se beneficiarán los agricultores mexicanos con esa reforma; al contrario, sostuvo, quienes la aprovecharán serán las empresas privadas, que generarán el combustible y lo venderán a Petróleos Mexicanos.

La nueva ley promete, según el dictamen, "mejores condiciones al campo mexicano" y sienta las bases para promover y desarrollar el uso de los bioenergéticos como elementos claves en la contribución a la autosuficiencia energética de México.

Sobre todo considera que se establecen los lineamientos para apoyar a los productores de maíz y de caña de azúcar en materia de construcción de infraestructura, adquisición y operación de plantas de conservación y transformación industrial, insumos, equipos y demás bienes que requiera la siembra y cultivo de ambos productos.

Ley contra la trata de personas

Otra iniciativa aprobada ayer por la Cámara fue la referente a la ley para prevenir y castigar la trata de personas, que propone sanciones hasta de 27 años de cárcel y 3 mil 300 días de salario mínimo a las personas que incurrieran en ese delito.

La ley tiene por objeto castigar la trata de personas, así como prevenir, atender y dar asistencia a las víctimas para garantizar el respeto a su libre desarrollo. De tal forma, las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como la Procuraduría General de la República, en el ámbito de sus respectivas atribuciones llevarán a cabo o colaborarán en la realización de programas permanentes para prevenir la comisión de esos delitos.

Por tal razón, serán castigados quienes promuevan la trata de personas u ofrezcan, faciliten, consigan, trasladen, entreguen o reciban para sí o para un tercero a una persona por medio de violencia sexual o moral, con el fin de someterla a explotación sexual.

De este delito se derivan casos de prostitución infantil, tráfico de personas y de órganos, trata de blancas y explotación sexual. La ley tiene por objeto castigar la trata de personas, así como la prevención, atención y asistencia a las víctimas para garantizar el respeto a su libre desarrollo. De tal forma, las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como la Procuraduría General de la República, en el ámbito de sus respectivas atribuciones llevarán a cabo o colaborarán en la realización de programas permanentes para prevenir la comisión de esos delitos.

Asimismo, los legisladores aprobaron un punto de acuerdo para exhortar al secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, para que actualice y publique los nombres de los permisionarios, operadores, estados financieros de las personas y empresas que administran juegos con apuestas y sorteos en el país.

El diputado perredista Camerino Márquez Madrid presentó el punto de acuerdo para solicitar al funcionario que presente una radiografía nacional de los operadores de los centros de apuestas, así como los que no cuentan con permisos para trabajarlos.

"Se exhorta respetuosamente al secretario de Gobernación para que, a través de la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos, actualice la base de datos sobre juegos con apuestas y sorteos contenida en el sitio de Internet de la Secretaría, en lo relativo a los permisos otorgados, sanciones impuestas e identidad de los funcionarios", señala el documento.

También los legisladores federales aprobaron por 315 votos a favor y una abstención el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Población, con lo cual se despenaliza la migración ilegal en el territorio nacional.

Con ello, sólo se impondrán sanciones administrativas a los extranjeros que, habiendo sido expulsados, se internen nuevamente en el país sin haber obtenido un acuerdo de readmisión, así como los que no expresen u oculten su condición de expulsados para que se les autorice otro permiso.

Además, las personas que realicen actividades contrarias a la ley o al permiso de internación que Gobernación les otorgue, serán castigadas por la legislación mexicana y, sobre todo, a las que dolosamente utilicen o se ostenten como poseedoras de una calidad migratoria distinta de la que la dependencia les haya concedido.

A partir de ahora, las sanciones van desde una multa de 20 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal hasta 36 horas de trabajo comunitario.

 
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