Usted está aquí: sábado 28 de abril de 2007 Opinión México SA

México SA

Carlos Fernández-Vega

Simple miscelánea fiscal

Se mantienen los regímenes especiales

Indefinido aún IVA a medicinas y alimentos

Confirman en EU desaceleración económica

Si la reunión "privada" que sostuvieron ayer marca la pauta, la "reforma" fiscal consensuada entre gobierno y Congreso va que vuela para convertirse en una simple miscelánea fiscal, similar a la que año tras año se presenta en San Lázaro durante la temporada de paquete económico.

El secretario de Hacienda, Agustín Carstens, y los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados concretaron ayer el anunciado encuentro en San Lázaro, y los primeros destellos de tal reunión apuntan hacia la ratificación de uno de los lastres más pesados para el fisco mexicano, es decir, no se eliminarán los regímenes tributarios especiales que al erario le cuestan casi 6 puntos porcentuales del producto interno bruto (algo así como 500 mil millones de pesos anuales), y cuya rebanada más gruesa corresponde a los grandes corporativos, propiedad de los de siempre.

Por tratarse de un asunto de interés nacional, porque de éste depende buena parte del futuro de las finanzas públicas, secretario de Hacienda e integrantes de la Junta de Coordinación Política decidieron reunirse "en privado", pero a pesar de su pasión por la transparencia, Agustín Carstens alcanzó a decir en público que se trata de acordar "un régimen tributario equitativo" y "asegurar que quienes tienen que pagar, paguen". Sin embargo, en el concepto de equidad fiscal no entran los regímenes especiales, ni, por supuesto, los santos barones.

Los susodichos regímenes fueron habilitados con la idea de promover la inversión privada, generar empleo, y fomentar el crecimiento económico y desarrollo social. En el papel no es una mala idea, pero la práctica empresarial -sobre todo la de esos barones- ha tirado al bote de la basura ese papel y explotado al extremo los beneficios de tal tributación especial, sin dar nada a cambio. Y si alguien duda al respecto, sólo tiene que consultar los vergonzosos resultados sobre lo que el país recibiría a cambio, es decir, inversión, empleo, crecimiento y desarrollo.

De acuerdo con Carstens, "aún no se define la postura" sobre el IVA en medicinas y alimentos, pero sí tiene muy claro que al gran capital ni con el pétalo de una rosa fiscal, a pesar de que él mismo asegura que el objetivo de la "reforma" es mejorar la estructura de las finanzas públicas. Sin tocar fiscalmente a los barones, el erario mantendrá su escuálida condición, como hasta ahora.

De acuerdo con la información disponible, en el país sólo dos de cada 10 empresas están incorporadas al padrón fiscal y, se supone, pagan impuestos. De un universo cercano a los 3 millones de unidades económicas, poco más de 600 mil están registradas para efectos tributarios, y de éstas una porción muy pequeña, pero muy rica, corresponde a los grandes consorcios de los barones, especialistas en eludir al fisco y beneficiarse de los regímenes especiales.

Algunas voces de la Secretaría de Hacienda se aferran a la fórmula, porque alarmados consideran que de cancelarse los regímenes especiales, "se corre el riesgo de reducir la inversión, cancelar empleos y detener el crecimiento económico". Sin embargo, reitero, sólo hay que revisar lo que en los hechos ha sucedido, con todo y regímenes tributarios especiales, a saber, reducida inversión, nula generación de empleo y raquítico crecimiento económico. Ni qué decir del desarrollo.

De la propia Cámara de Diputados surge el siguiente paseo sobre el mencionado lastre para las finanzas nacionales: los regímenes especiales representan una fuga importante de ingresos que debería recaudar el gobierno federal. La débil capacidad administrativa en materia fiscal permite que incluso las empresas o industrias no consideradas en regímenes especiales se registren en ellos como medidas para evadir el pago de impuestos.

Las empresas que participan en sectores gravados con el régimen simplificado en agricultura, pesca y transporte terrestre (que generan el 10 por ciento del PIB y el 25 por ciento del empleo) prácticamente no pagan impuesto sobre la renta. Una parte de dichos contribuyentes son empresas medianas y pequeñas, pero la mayor parte de estos negocios son controlados por grandes compañías que se benefician injustificadamente. El régimen simplificado debe servir para que las empresas de menor tamaño permanezcan y se incorporen a la economía formal, pero no debe ser un mecanismo que permita la evasión fiscal en montos muy significativos. La OCDE calcula que la eliminación de los regímenes especiales a distintas actividades económicas y al ingreso podría incrementar la recaudación fiscal en alrededor de tres puntos del PIB, lo que elevaría los ingresos públicos mexicanos a niveles similares a los de otros países de América Latina. En México el número de empresas que se consolidan en grupo han aumentado considerablemente y se estima que la consolidación reduce en promedio 30 por ciento el ISR de los grupos".

La evasión y elusión fiscales estrechan la base tributaria del país de manera significativa. El índice de cumplimiento obligatorio en materia tributaria es alarmantemente reducido en México, y el padrón fiscal resulta irrisorio frente al universo real de causantes.

A pesar de ello, la "reforma" va que vuela para miscelánea, porque si requieren más recursos, pero no tocarán a los barones, entonces ¿sobre quiénes se van a ir?

Las rebanadas del pastel

Por si existiera alguna duda, el Departamento estadunidense de Comercio confirmó la tendencia descendente: la economía de aquel país ("motor" de la mexicana) creció a un ritmo anual de sólo 1.3 por ciento en el primer trimestre de 2007, la mitad de lo registrado en igual lapso de 2006 y el más raquítico en cuatro años. Ante esta cruda realidad, la estrategia de Los Pinos es perfecta: discursos a granel.

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