Promueven reforma para imponer trabajo obligatorio
Guanajuato gasta en reos 80% de su presupuesto de seguridad
Guanajuato, Gto., 29 de abril. La Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato destina 80 por ciento de su presupuesto anual a la manutención de 5 mil 58 internos, que purgan condenas en 11 cárceles municipales, 10 centros de Readaptación Social (Cereso) y el Centro de Atención a Menores Infractores, sin que ''verdaderamente se cumpla un objetivo claro de readaptación ni de preservación de los derechos humanos de los internos", advirtió el presidente del Colegio de Abogados en la entidad, Marcelino Trejo Ortiz.
El secretario de Seguridad Pública estatal, Baltasar Vilches Hinojosa, admitió que 599 millones 45 mil 340 pesos se destinan al sistema penitenciario de Guanajuato, mientras que 149 millones 761 mil 341 pesos son empleados en programas de prevención al delito, equipamiento tecnológico, armamento, vehículos, capacitación, seguridad social y gasto corriente de cuerpos de seguridad como Tránsito, Fuerzas de Seguridad Pública y 46 corporaciones policiacas locales que salvaguardan la seguridad de 5.4 millones de habitantes.
''Esa disparidad en el gasto de presupuesto en seguridad desplaza la verdadera prevención del delito, nos priva de la profesionalización y el equipamiento de las fuerzas del orden, y desprotege en esa misma proporción a los ciudadanos. Además, en los centros de reclusión legales no se logra el objetivo central de una verdadera readaptación'', según Trejo Ortiz.
Pese al presupuesto del sistema penitenciario local, la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato ha enviado reiteradamente recomendaciones a autoridades municipales con cárceles propias, por falta de infraestructura, servicios médicos, sicológicos y programas de readaptación para los internos.
A pesar de que a escala federal se analizan modificaciones al artículo 18 de la Constitución Política federal, con miras a hacer obligatorios el trabajo y la educación para convictos, en la entidad es un tema que apenas se empieza a discutir.
La presidenta de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso estatal, María Bárbara Botello Santibáñez, adelantó que ya se trabaja en una reforma al Código Penal de Guanajuato, que ''establezca la obligatoriedad del trabajo penitenciario, como ocurre en otras entidades, a fin de que se logre la readaptación de los internos y la sustentabilidad de los centros de reclusión. Ellos (los reos) no están de vacaciones'', agregó.