Usted está aquí: lunes 30 de abril de 2007 Mundo Firme en Cuba, el predominio de la propiedad estatal: ministro de Economía

Descarta que el gobierno de la isla analice algún cambio en la materia

Firme en Cuba, el predominio de la propiedad estatal: ministro de Economía

GERARDO ARREOLA CORRESPONSAL

Ampliar la imagen José Luis Rodríguez, ministro de Economía y Planificación cubano, en imagen de hace unos días en La Habana José Luis Rodríguez, ministro de Economía y Planificación cubano, en imagen de hace unos días en La Habana Foto: Reuters

La Habana, 29 de abril. El ministro de Economía y Planificación, José Luis Rodríguez, afirmó que Cuba mantiene el predominio de la propiedad estatal y descartó que el gobierno esté analizando un cambio en la materia.

El funcionario, que también es vicepresidente del Consejo de Ministros, dijo a periodistas extranjeros que una comisión recién creada en el Instituto de Filosofía para estudiar el sistema de propiedad en la isla carece de rango oficial.

El asunto "ha sido publicitado más intensamente en los últimos tiempos", dijo Rodríguez. El equipo académico "tiene opiniones muy respetables, pero no constituye en este momento un grupo gubernamental de análisis de la propiedad en Cuba".

Rodríguez reconoció decisiones recientes en la materia, "en la misma medida en que ha resultado indispensable", como la expansión de las cooperativas agrícolas, que de disponer de 15 por ciento de la tierra pasaron en 1994 a controlar 54 por ciento, a costa de las granjas estatales.

Pero esos cambios han ocurrido, añadió el ministro, a partir del principio de que "lo que determina el desarrollo del país es la propiedad estatal". Indicó que el número de microempresarios privados está entre los 100 mil y los 130 mil, el más bajo nivel desde que fue legalizada esa modalidad de autoempleo privado en la década anterior.

"No hay ninguna política dirigida a desaparecer el trabajo por cuenta propia, pero evidentemente hay ajustes", señaló Rodríguez.

El surgimiento de la investigación sobre la propiedad vino después que el año pasado los medios informativos desplegaron reportajes sobre defectos de la economía interna.

El presidente interino, Raúl Castro, dijo en diciembre que él mismo había alentado una serie de reportajes en el diario oficial Granma sobre la baja productividad del campo, los accidentes de la comercialización y el impacto en los altos precios de los alimentos.

En la misma sesión, el mandatario en funciones ordenó un informe de alto nivel, que deberá estar listo en junio próximo, sobre un adeudo que arrastra el gobierno con las cooperativas agrícolas, lo cual es reconocido como un factor de baja producción, escasez y carestía.

Juventud Rebelde, el otro diario nacional, criticó en el mismo periodo la baja calidad de los servicios y la adulteración de productos en el mercado doméstico y en octubre reportó la creación del grupo académico que estudiará la propiedad.

"Los manuales de economía socialista que conocemos fueron muy apologéticos y vieron al socialismo como una sociedad muy armónica y perfecta", dijo al diario el investigador Ernesto Molina, del Instituto Superior de Relaciones Internacionales, uno de los integrantes del equipo que empezó a trabajar este mes. "El socialismo cubano surgió en medio de una economía de escasez, donde la oferta es deficitaria y no satisface la demanda".

También en Juventud Rebelde, Luis Marcelo Yera, del Instituto Nacional de Investigaciones Económicas, opinó que "hay que estudiar de nuevo, a fondo, cuestiones cruciales como la ley del valor y la realización de la propiedad social". Subrayó que "es perfectamente posible tener un sistema empresarial estatal en Cuba liberado de ataduras burocráticas".

En los últimos tres años se ha expandido la intervención estatal, ganándole terreno, donde es posible, a la inversión extranjera o a la minúscula empresa privada. La captación y salida de recursos en divisas está centralizada en un selecto grupo de altos funcionarios, igual que numerosas decisiones gerenciales, a costa de la autonomía de las empresas y de las entidades públicas de rango inferior y medio.

 
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