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Joel Ayala asegura que los recursos "no procederán"

Abogados sin escrúpulos timan a los empleados, según la FSTSE

GABRIEL LEON ZARAGOZA

Ante la movilización nacional de diversos frentes jurídicos y laborales que promueven y tramitan "gratuitamente" amparos contra la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) consideró que se trata de un "timo" a la clase trabajadora por parte de "abogados sin escrúpulos".

En un comunicado, la dirigencia de la federación "aclaró" a sus agremiados que "el ISSSTE no se privatizará; el Pensionissste no desaparecerá; la nueva ley no afecta el sistema de jubilaciones y pensiones", además de que "los recursos de amparo no procederán, ya que carecen de sustento jurídico, pues dichas reformas a la ley no atentan en ningún momento contra las prestaciones y patrimonio de los trabajadores al servicio del Estado".

El diputado y dirigente del frente sindical, Joel Ayala, rechazó "los infundios de grupos políticos que envían abogados a los centros de trabajo para exigirle dinero a empleados, con la falsa promesa de tramitar recursos de amparo, a todas luces improcedentes por carecer éstos de sustento jurídico alguno".

A los trabajadores de base, Ayala Almeida les pidió rechazar estas acciones "que van en contra de los intereses de los servidores públicos, de nuestra institución y del propio país".

En el boletín de prensa, difundido luego de tener lugar, de forma masiva, el trámite de cientos de amparos por parte de afiliados y usuarios del ISSSTE, Ayala apuntó que la FSTSE rechaza "los infundios" de grupos políticos que envían abogados a los centros de trabajo para exigirle dinero a empleados".

El legislador dijo que su posición obedece a que trabajadores al servicio del Estado han denunciado que grupos de litigantes "están solicitando entre 400 y 600 pesos a cada empleado público para poder tramitar un supuesto amparo en contra de la nueva Ley de ISSSTE".

Consideró que se trata de "un perverso proceder de supuestos abogados, que buscan medrar con la buena fe de los empleados públicos".

 
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