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Entrevista a JUVENTINO V. CASTRO, MAGISTRADO RETIRADO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

En 2006 hubo un procedimiento sucio de cambio de poder

En la toma de posesión se uso de forma absurda al ejercito

Señala que fue lamentable que el máximo tribunal del país haya decidido abstenerse de participar en dos hechos de trascendencia nacional: el proceso de desafuero contra Andrés Manuel López Obrador y la calificación de la elección presidencial

JESUS ARANDA

Ampliar la imagen El ministro jubilado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juventino V. Castro, durante la entrevista con La Jornada El ministro jubilado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juventino V. Castro, durante la entrevista con La Jornada Foto: María Meléndrez Parada

"Hubo un procedimiento sucio de cambio de poder" en 2006, sentencia el ministro jubilado Juventino V. Castro, quien lamenta que ante el viciado proceso de desafuero contra Andrés Manuel López Obrador y la forma en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de Federación (TEPJF) convalidó los comicios, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya optado por "dejar pasar" la oportunidad de conocer y resolver esos asuntos de trascendencia nacional.

El máximo tribunal "simplemente fue un miembro pasivo", se sintió ajeno al problema jurídico y político que se le planteaba, señala en entrevista con este diario, con motivo de la aparición de su libro Cambio de cultura política y jurídica en México, en el que se refiere también al "poder castrense" y el "confuso cambio presidencial" de diciembre pasado, cuando hubo un "uso desconsiderado y absurdo" del Ejército.

Se involucró gravemente al Ejército, subraya el magistrado, en cuestiones totalmente político-partidistas, al intervenir en la protesta de Felipe Calderón en San Lázaro, cuando no había una emergencia grave en la seguridad del país que motivara su participación en la toma de tribuna del Poder Legislativo.

En este contexto, enfatiza: "Es obvio que si un gobierno se inicia bajo la protección castrense, es claro que tiene el propósito de continuar gobernando amparándose en su fuerza, su acondicionamiento y su prestigio". Situación grave porque de continuar con esta tendencia en los próximos años, el "poder castrense habrá llegado a su fin", y el jefe del Ejecutivo Federal no sólo será el comandante supremo de las fuerzas armadas, sino el titular de ellas.

Castro y Castro, quien al dejar la Corte creó la asociación civil Cambio de la Cultura en México AC, señala en el prólogo de su obra que el procedimiento de solicitud de desafuero del ex candidato de la coalición Por el bien de Todos, contenía un error jurídico garrafal, a cargo éticamente del Poder Judicial Federal -encabezado en aquel entonces, por el ministro Mariano Azuela Güitrón-, el cual "se ajustó a los deseos políticos del Ejecutivo" federal (Vicente Fox) y que además "se hizo cómplice al guardar en toda ocasión un silencio jurídico cómplice del Ejecutivo conspirador".

-¿Por qué la necesidad de escribir el libro?

-Cuando se vinieron estos acontecimientos dije sobre el desafuero que era una posición absurda y arbitraria de un gobierno que resolvió deshacerse de un peligroso enemigo político a como diera lugar: me indignó profundamente como jurista, como mexicano y como ser humano. El (Andrés Manuel López Obrador) lo agradeció indirectamente y empecé a sentir a mi alrededor una especie de crítica, porque yo tomaba posición contra el desafuero y de esa forma me acercaba a uno de los candidatos a la Presidencia.

"Eso culmina cuando me pide que forme parte de su cuerpo de asesores, específicamente sobre reforma del Estado y yo, muy agradecido, lo acepté.

"Lo que yo expresé y me involucró con López Obrador, fue que yo siempre entendí que el proceso de desafuero era improcedente porque no lo formulaba la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino el procurador general de la República, siendo que ninguna ley lo facultaba para ello.

"Obviamente, había un error de la Cámara de Diputados de aceptar a trámite un asunto por parte de una persona moral no legitimada.

"Ese fue el comienzo. La segunda observación que hice fue que de cualquier manera no estaba claro que hubiera una sanción penal por desobedecer una orden de suspensión. A la larga, el propio Ejecutivo me dio la razón en este punto.

"El libro tiene como contenido la reforma judicial que propongo. Me dirigí al actual presidente (de la Corte), Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, cuando lo felicité por su nombramiento, y le comenté que me interesaba exponerle mi punto de vista sobre el tema.

"Pero no hubo contestación: lo entiendo perfectamente bien, un hombre tan ocupado no tiene por qué tomar en cuenta un ofrecimiento genérico sobre cuestiones sobre las que tiene sus propias ideas.

"En el libro reitero la necesidad de un habeas corpus para defender la libertad; sobre el amparo social, que tanto lo necesita México y los juicios orales como manera de suavizar la pésima justicia penal que tenemos."

Infantil conclusión del TEPJF

"Fue motivo también de disgusto que un tribunal electoral, que es el más alto del país, dijera: 'En este proceso intervinieron el Presidente de la República y las personas más poderosas en México, pero esto no fue determinante'. Esto es una cosa asombrosa, no sólo porque es casi infantil la conclusión, sino porque no sé cómo pudo calcular el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que un proceder no aceptado por la ley influyó o no en la votación del pueblo mexicano.

"Ahora ya estamos un poco más tranquilos, no vale la pena seguir insistiendo en la legitimidad o no del procedimiento que ocurrió en 2006."

-¿Pese a que no se hable ya de la legitimidad, queda en duda por lo menos, la forma como se calificó la elección?

-El tribunal electoral no puede ser, en sus determinaciones, revisado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego entonces, tenemos dos más altos tribunales en la República; en materia electoral, el TEPJF y en el resto de las materias, la SCJN.

"Por eso, propongo que la Corte tenga al menos la posibilidad de intervenir ante una violación generalizada de garantías. Creo que nuestro sistema está cojo," asevera.

-Retomando el asunto de López Obrador y cómo se da el desafuero y la calificación de la elección, ¿podemos decir que hubo un manejo escrupuloso en estos casos?

-Hubo un procedimiento sucio de cambio de poder: yo no valoro conductas personales, yo valoro procedimientos jurídicos. Y mi conclusión es: no hubo un cambio de poder terso, hubo un cambio de poder manejado, y hubo una ausencia total de intervención de un poder que era clave, el Poder Judicial de la Federación.

-La Corte intervino, hasta después de que el tribunal electoral convalidó la elección.

-La Corte pudo haber tomado su determinación antes, como igualmente pudo haber tomado en su momento el desafuero. Noto una no presencia del Poder Judicial en cuestiones tan delicadas como fue el nombramiento de un nuevo Ejecutivo federal.

-¿La misma Corte se relegó, no quiso asumir su papel?

-Siempre ha venido absteniéndose, no interviniendo. Es evidente que la Corte mostró la poca voluntad de involucrarse en este problema que juzgó totalmente político y ajeno a ella.

-¿Y un poder político puede sentirse ajeno en tales circunstancias?

-Pues por supuesto que no, porque el supremo poder, dice la Constitución, reside en tres distintos poderes, no en dos ni en uno, y mucho se ha luchado porque cada poder tome su posición.

"La Corte dejó pasar dos oportunidades, una en el desafuero, y la segunda, cuando se le planteó la posibilidad de que interviniera a través del artículo 97 constitucional."

-En breve, la Corte analizará la constitucionalidad de la ley Televisa, y por primera vez, el pleno resolvió entregarle a las partes la información general con que cuenta y los proyectos de resolución, ¿qué opina al respecto?

-Esto es muy importante, si se está estableciendo una nueva forma de proceder por parte de la Suprema Corte; muy circunstancial si nada más se toma esta determinación para este asunto concreto.

"Mi deseo profundo es que esto sea el comienzo de una verdadera intervención de las partes en las cuestiones que maneja la Suprema Corte, no sólo en amparos, sino también en controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y su facultad de investigación prevista en el artículo 97."

 
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