Usted está aquí: martes 8 de mayo de 2007 Estados Pretenden desalojar a 197 familias en Tultitlán

Constructora promueve juicio para recuperar 250 casas; las pagaron, aseguran vecinos

Pretenden desalojar a 197 familias en Tultitlán

SILVIA CHAVEZ GONZALEZ CORRESPONSAL

Ampliar la imagen Vecinos del fraccionamiento Residencial de las Fuentes, en Tultitlán, estado de México, muestran documentos que amparan la compra de sus viviendas Vecinos del fraccionamiento Residencial de las Fuentes, en Tultitlán, estado de México, muestran documentos que amparan la compra de sus viviendas Foto: Mario A. Núñez

Tultitlán, Méx., 7 de mayo. Al menos 197 familias del fraccionamiento Residencial de las Fuentes se pertrecharon en sus viviendas para oponerse a una orden de desalojo y denunciaron la violación de sus derechos constitucionales y humanos, pues desconocen los motivos por los que se les pretende expulsar de sus casas.

Jorge Herrera Obregón, abogado de los colonos, explicó que según la causa penal 27/07, la juez tercera Elaine Dolores Nava Martínez giró una orden de desalojo que se cumpliría a las nueve de la mañana de este lunes, que fue pospuesta.

Fuera de la unidad habitacional, de alrededor de 250 casas, Herrera Obregón explicó que la inmobiliaria Promotora y Constructora de Hogares SA de CV promovió un juicio para recuperar los inmuebles

Dijo que se desconocen los motivos de la demanda de la empresa, pues cada uno de los vecinos pagó 375 mil pesos por sus inmuebles. Estos exhibieron recibos, cédulas de entrega y acta de recepción expedidos por la inmobiliaria.

"¡Defenderemos lo que nos pertenece!", gritaron desde el interior de sus hogares algunas familias que con parte de sus muebles habían bloqueado las puertas de acceso a sus viviendas.

Juan Manuel Ruelas Ortiz, dijo que su esposa, Herlinda Hernández, adquirió su vivienda en 375 mil pesos, y exhibió recibos de pago firmados por representantes legales de la inmobiliaria.

Samuel Bustos Ramírez, otro afectado, mostró documentación de la constructora con fecha de octubre de 2006. En todos los casos los colonos presentaron más de cinco documentos que probarían la compra de sus casas.

Por ello, acusaron de fraude a la empresa y a la juez que ordenó el desalojo de violentar sus derechos constitucionales y humanos.

Herrera Obregón exigió al Tribunal Superior de Justicia del Estado de México un juicio justo para sus clientes, en el que puedan defenderse y presentar las pruebas en su defensa.

También demandó sancionar a la juez Dolores Nava Martínez, quien sentenció a 197 familias a ser desalojadas y cone ello violentó su garantía de audiencia.

 
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