Editorial

Pobreza, campo fértil para el narco

El grave problema de narcotráfico y crimen organizado que tiene sumido al país en un clima de incertidumbre y zozobra no sólo es producto de la acción de las mafias, de la enorme e insaciable demanda de drogas en Estados Unidos y de la corrupción de los cuerpos policiacos y otras autoridades de México: el gobierno federal también tiene una grave e ineludible responsabilidad en el avance de esta amenaza contra la seguridad nacional -que ya ha cobrado la vida de más de 960 personas en lo que va del año- por su abandono del campo.

De acuerdo con el magistrado presidente del Tribunal Superior Agrario, Ricardo García Villalobos, el crimen organizado se ha apoderado de 30 por ciento de todas las tierras cultivables del país, lo que le ha permitido a las mafias del tráfico de estupefacientes extender los sembradíos de drogas a zonas de extrema pobreza y áreas boscosas. Para García Villalobos, esta lamentable situación se deriva de la falta de programas gubernamentales de apoyo al campo, aun cuando él mismo alertó a las autoridades sobre este peligro hace más de 15 años.

Como consecuencia de esta negligencia y falta de atención, los campesinos mexicanos se encuentran sumidos en condiciones de miseria, las cuales han sido aprovechadas por el crimen organizado para incrementar la superficie de sus narcosembradíos, proporcionando semillas y recursos monetarios a los pequeños propietarios para que cultiven drogas en sus tierras. En este contexto, los campesinos y sus familias prácticamente no tienen opción, ya que se enfrentan a la disyuntiva de sembrar estupefacientes o padecer hambre.

Esta inacción para incentivar y proteger la producción agrícola y el empleo en el campo se debe en gran parte al abandono del modelo de desarrollo social para favorecer la aplicación de medidas económicas neoliberales planeadas desde las oficinas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, en concordancia con los lineamientos del Consenso de Washington.

De hecho, este viraje en la política económica se concretó precisamente durante el sexenio del ex presidente Carlos Salinas de Gortari con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Al respecto, hay que señalar que el capítulo agrícola de dicho tratado -que establece para 2008 la apertura del mercado mexicano de granos a los productos subsidiados de Estados Unidos- es lesivo para los intereses nacionales y constituye un ejemplo más de cómo el gobierno tiene en el olvido los asuntos relacionados con el campo.

Resulta obvio, pues, que una de las prioridades en el combate al narcotráfico es la protección de las actividades agrícolas, la cual también tendría repercusiones positivas en materia de soberanía alimentaria y reducción de la migración hacia las ciudades y Estados Unidos ante la falta de oportunidades que impera en el medio rural.