El propio sistema agravia a quien pide justicia, afirma
Incumplen autoridades garantías de víctimas de delitos, señala la CNDH
Pese a que las garantías fundamentales de las víctimas de un delito se han elevado a rango constitucional, en la realidad las autoridades federales, estatales y municipales no dan cumplimiento a sus obligaciones, establece la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su recomendación general 14.
El documento está dirigido a los procuradores General de la República, de Justicia Militar y de Justicia de las entidades federativas; a los secretarios de Seguridad Pública y Salud federal y de los estados, así como a presidentes de los tribunales superiores o supremos tribunales del país.
En la recomendación, el ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, refiere que en México prevalece la ausencia de una política pública de colaboración institucional que permita acciones integrales para que las víctimas reciban atención y apoyo jurídico.
Ello ha originado que desde la perspectiva de las víctimas de algún delito, el acceso a la justicia y la reparación del daño sean percibidos fuera de su alcance.
"No atender los derechos de las víctimas u ofendidos, como lo refiere la Carta Magna, implica violación a la seguridad jurídica, a la legalidad y al derecho que tienen los seres humanos a que se respete su integridad física y sicológica, a su dignidad y a que se repare el daño de quienes son víctimas de delitos", subraya Soberanes en el documento de 30 cuartillas.
La recomendación surge del análisis de 45 mil quejas en todo el país en un periodo de ocho años, y la mayoría de las violaciones están relacionadas, según la CNDH, con actos u omisiones en el debido funcionamiento de la administración pública, denegación de la justicia, dilación o negligencia en el proceso, insuficiente protección de las personas, intimidación, irregular integración de averiguaciones previas y negativa de asistencia a los afectados por delitos.
Las violaciones también se relacionan con negativa a la reparación del daño, no aceptación de la denuncia por maltrato o por violación presentadas por mujeres, no consignación de la averiguación previa, omisión de la imposición de sanción legal y prestación indebida del servicio público, señala el documento.
Lo anterior "representa una victimización institucional, considerada aún más negativa, ya que el propio sistema es el que agravia a quien le pide justicia".
El titular de la CNDH alerta que la reparación de daños y perjuicios a las víctimas por parte de las autoridades "continúa como una deuda no saldada a las víctimas, por la carencia de mecanismos jurídicos que faciliten su cumplimiento".
El ombudsman señala que las "omisiones" en que recae la autoridad generan impactos físicos y sicológicos en las víctimas de delitos.
Por lo anterior, el presidente de la CNDH recomienda a las autoridades mencionadas tomar las medidas respectivas para la homologación de los derechos de las víctimas, en términos de lo que marca la propia Constitución; establecer la colaboración y coordinación institucional para garantizar los derechos de los afectados, lo cual "necesariamente debe involucrar a las autoridades del ámbito federal, estatal y municipal, así como a las organizaciones de la sociedad civil".
Asimismo, exhorta a proponer ante los congresos federal y estatales la creación de una partida especial de sus presupuestos para la atención de las víctimas del delito y abuso de poder, además de que se destinen recursos a la creación de áreas especializadas y fondos de reparación del daño y de asistencia social.
Una recomendación más es que se impulsen iniciativas y reformas legislativas a fin de que se cumpla "a cabalidad" el derecho de reparación del daño.