Usted está aquí: jueves 17 de mayo de 2007 Economía Fallas en 25% de las obras en AICM; sólo se puede administrar la saturación

Padece México de ''cleptocracia'' por mal manejo de recursos públicos, dice ASF

Fallas en 25% de las obras en AICM; sólo se puede administrar la saturación

Inconcebible, que no haya medidas para detener el saqueo anual del patrimonio nacional

VICTOR CARDOSO, JOSE GALAN

Ampliar la imagen Integrantes de la comisión de vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados firmaron un convenio de colaboración con Arturo González de Aragón Integrantes de la comisión de vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados firmaron un convenio de colaboración con Arturo González de Aragón Foto: Francisco Olvera

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó ante la Cámara de Diputados lo que consideró uno de los mayores problemas detectados en el manejo de la cuenta pública 2005: las inversiones en la ampliación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), que previsiblemente darían una vida útil de 50 años a la terminal aérea, sólo permitirán continuar las operaciones por siete años, lapso en el que únicamente se deberá ''administrar la saturación''.

En un encuentro para presentar el Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2005, el auditor especial de Desempeño de la ASF, Roberto Salcedo Aquino, manifestó la urgencia de comenzar a proyectar un nuevo aeropuerto capitalino, pero fuera de la zona metropolitana.

Los diputados de la Comisión de Vigilancia de la ASF manifestaron su preocupación por las irregularidades encontradas en el desempeño de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), pero en particular resaltaron las referentes al AICM, de las que derivaron 932 observaciones, y en las que incluso se determinó que en los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano se detectó que el Servicio de Administración Tributaria no fiscalizó adecuadamente a los contribuyentes que no pagaron por el uso, goce o aprovechamiento del espacio aéreo nacional en operaciones aeronáuticas.

Destacó que existe el riesgo de que el gobierno federal se vea obligado a regresar mil 536 millones de pesos, sin que se especificara la causa.

Peor aún, el auditor Salcedo Aquino señaló que en el gasto realizado para las obras de ampliación del AICM, que ascienden a 7 mil millones de pesos, en alrededor de 25 por ciento se encontraron irregularidades, además de que los objetivos establecidos para la operación de la Terminal 2, construida precisamente para atenuar la saturación, han evolucionado desfavorablemente.

De ahí que, destacó, todas las obras que se hagan en el aeropuerto serán para ''administrar la saturación''. Recordó que en la revisión de la cuenta pública 2005 se encontró que las operaciones en algunas horas pico mostraban saturación. Como respuesta, dijo, las autoridades sólo se concretaron a modificar los horarios, por lo que ahora son más las ''horas saturadas''.

Podrían emprenderse acciones legales contra ex funcionarios de Pemex

Arturo González de Aragón, auditor superior de la Federación, adelantó que para la segunda quincena de junio podrían emprenderse acciones penales en contra de ex funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) como presuntos responsables del desvío de más de mil 750 millones de pesos durante 2005, y al mismo tiempo también se iniciará la revisión de la cuenta pública de 2006 donde se presuponen malos manejos.

En México, dijo, existe tal grado de opacidad en el manejo de los recursos públicos que anualmente ''es el año de Hidalgo'': desaparece todo tipo de patrimonio, tanto muebles, porque a veces sólo quedan las llaves de oficinas vacías, y hasta inmuebles propiedad de la nación que se escrituran a nombre de particulares. ''La discrecionalidad y la impunidad en México han generado riquezas prontas e inexplicables, tal como pregonan múltiples historias en el país'', puntualizó.

Ayer, la ASF, la Cámara de Diputados y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, firmaron un convenio de colaboración para mejorar los instrumentos de prevención y fiscalización de los recursos públicos, así como la homologación, en los tres niveles de gobierno, de los criterios contables en la administración de los recursos públicos.

Para el auditor especial de Desempeño de la ASF, Roberto Salcedo Aquino, el mal manejo en la administración de los recursos públicos hace pensar que en México padecemos una ''cleptocracia''.

Para el diputado Antonio Ortega Martínez, presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF, se requieren medidas ''para amarrar las manos de burócratas y funcionarios que a veces parecen tener más vocación de cleptómanos que de servicio'' público.

González de Aragón fue enfático ante los diputados en su denuncia de robos de bienes públicos en los niveles federal, estatal y municipal, así como su asombro por el hecho de que no se haya procedido en contra de quienes pueden resultar responsables de hurtos, malos manejos y desvío de bienes y dinero público. ''Es inconcebible que no se haya hecho nada para detener este impune saqueo'', dijo.

Añadió: ''la posibilidad de llamar a cuentas a los gobernantes es una de las condiciones necesarias de la democracia. Toda democracia política debe contar con la posibilidad instituciones de obligar a los hombres públicos a rendir cuentas a la sociedad. El saqueo del patrimonio nacional ha sido una constante en la vida pública de nuestro país. No llevar registro, control y resguardo de los activos adquiridos en los tres niveles de gobierno, ha provocado que al término de cada administración se pierdan los bienes patrimoniales, debido al abuso de muchos servidores públicos deshonestos''.

En entrevista al final de la firma del convenio dijo que se requieren reformas y nueva normatividad en materia de contabilidad de muebles e inmuebles públicos. Es práctica recurrente en el país que al final de cada año o administración se desaparezcan bienes comprados con recursos públicos, ''cada año parece el año de Hidalgo'', sobre todo en algunas administraciones municipales, donde ''lo único que queda son las llaves de oficinas vacías y hasta de inmuebles que no se registran como propiedad pública y desaparecen de la contabilidad del erario''.

Reconoció que no se ha cuantificado el monto de las pérdidas que cada año sufre la administración pública por el ''saqueo''.

 
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