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Impide a pueblos indios contar con sus propios medios, advierte Aleida Calleja

La ley Televisa bloquea desarrollo de radios comunitarias, según expertos

De no prosperar la acción de inconstitucionalidad, grupos civiles recurrirán a la CIDH

Afirman que la legislación pone en seria desventaja a quienes no persiguen fines de lucro

ANGELES CRUZ MARTINEZ

Ampliar la imagen En imagen de archivo, el director de Radio Calenda, Carlos Bourguet, en el poblado de San Antonino, Oaxaca, donde se encuentran las instalaciones de la emisora comunitaria. En imagen de archivo, el director de Radio Calenda, Carlos Bourguet, en el poblado de San Antonino, Oaxaca, donde se encuentran las instalaciones de la emisora comunitaria. Foto: José Carlo González

La falta de certeza jurídica, la discrecionalidad para obtener el permiso de funcionamiento y la violación del artículo segundo constitucional, que garantiza el derecho de los pueblos indígenas a tener sus propios medios de comunicación, son algunas de las violaciones en que incurre la ley Televisa, sostuvo Aleida Calleja, vicepresidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc).

Al informar sobre los argumentos que esta agrupación, así como José Roldán Xopa, académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y la organización Artículo 19 sección México presentaron el pasado martes a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la inconstitucionalidad de la ley Televisa, Calleja resaltó que el principal objetivo era hacer visible la problemática en que se encuentran las radiodifusoras comunitarias.

Señaló que la ley vigente desde 2006 da "un trato desigual a los iguales" y con claras desventajas para los medios de comunicación que no persiguen fines de lucro, como son los comunitarios, culturales y educativos.

Entre las iniquidades de la ley señaló que sólo para acceder a la convergencia tecnológica los medios de comunicación requerirán una inversión de entre 300 y 500 mil dólares, pero al negárseles la posibilidad de realizar actividades económicas -que generen ganancias-, las radiodifusoras comunitarias tendrán que cerrar sus operaciones.

Otro aspecto que vulnera el derecho a la libertad de expresión de estas agrupaciones es el relativo a los mecanismos para acceder a una concesión. De acuerdo con la ley que analiza el máximo órgano de justicia del país, la forma de acceder a las concesiones es mediante subasta, lo cual significa que las ganarán quienes tengan más dinero.

En conferencia de prensa, Roldán Xopa comentó que entregó a los ministros un estudio en el que analiza los efectos de la Ley Federal de Radio y Televisión sobre las radios comunitarias, mientras Darío Ramírez, de Artículo 19, señaló que dependiendo de la resolución de la SCJN todavía existe la posibilidad de llevar este caso ante los organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Recordó, además, que ya existen recomendaciones internacionales al gobierno de México para que realice los cambios legislativos necesarios que garanticen la existencia de las radiodifusoras comunitarias y el libre ejercicio de la libertad de expresión e información, principalmente de las poblaciones indígenas.

 
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