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Paulina Fernández

Alerta en La Parota

Sin aviso ni permiso, en 2003 la Comisión Federal de Electricidad ya había iniciado los trabajos de construcción del proyecto hidroeléctrico La Parota en terrenos de la comunidad de Cacahuatepec. Obligada por los comuneros de la zona a consultar a la población, la CFE buscó, por diferentes vías, que se aprobara la expropiación de esas tierras, pero el resultado le fue adverso: el 17 de octubre de 2006 el Tribunal Unitario Agrario otorgó las medidas cautelares al núcleo agrario de Cacahuatepec y ordenó a la CFE abstenerse de ingresar a esa zona de conflicto para realizar cualquier obra, mientras no se emitiera una sentencia definitiva sobre el juicio de nulidad que había interpuesto el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop) para que se declarara nula la asamblea de comuneros celebrada el 23 de agosto de 2005 (Reforma, 22/03/07).

Para este domingo 20 de mayo se ha convocado a una asamblea general de comuneros del núcleo agrario de Cacahuatepec, municipio de Acapulco, Guerrero. Es el segundo intento en este mes que hace el Comisariado de Bienes Comunales de este lugar para despejar el camino al proyecto hidroeléctrico La Parota. Hay indicios de que la CFE y el gobierno del estado están interesados en resolver en esta ocasión, de manera definitiva y en su favor el conflicto para reiniciar de inmediato la construcción de la presa. Diversos antecedentes obligan a pensar que al lugar de la asamblea, en el poblado de El Bejuco, llegarán las autoridades convocantes acompañadas de miles de personas, apoyadas por fuerzas policiacas estatales.

Ya en el año 2006 el Cecop tuvo que interponer juicios agrarios con el fin de anular las cuatro asambleas en las que supuestamente se había aceptado la expropiación de las tierras. Las convocatorias a dichas asambleas fueron ilegales en tiempo, lugar, y forma, según lo establece la Ley Agraria y no respetaron los usos y costumbres de los pueblos; se pusieron en marcha mecanismos tradicionales de fraude, como hacer votar a los muertos y a los ausentes del país; comprar votos, retener identificaciones, y acarrear personas sin documento que acreditara la propiedad de una parcela. Asimismo, se recurrió a la fuerza pública para intimidar a la gente e impedir la entrada de los comuneros opositores, provocando con ello enfrentamientos violentos.

Para la CFE y los gobiernos federal y estatal, las asambleas son un molesto trámite que hay que cumplir y de paso aprovechar para darle un barniz legal a la imposición de sus proyectos, mientras que los comuneros, ejidatarios y población en general piden una auténtica consulta a las más de 100 mil personas que habitan las 21 comunidades que serían afectadas, directa e indirectamente, al inundarse 17 mil 300 hectáreas de tierras fértiles y productivas. Una denuncia recurrente y, sin duda, una de las irregularidades mayores de todo el proceso ha sido la falta de información. Varias fuentes afirman que la mayoría de los campesinos que podrían ser afectados por el proyecto no sabe qué pueblos van a ser inundados, dónde van a vivir los desplazados, con cuánto se les va a indemnizar. Es tal el desprecio que la CFE y el gobierno del estado han mostrado hacia el pueblo, que ni siquiera quienes han estado dispuestos a votar en favor de la presa cuentan con la información mínima, según explicaron a la prensa comuneros de Cacahuatepec que así justificaron su inasistencia a la asamblea del pasado 6 de mayo (El Sur de Acapulco, 07/05/07).

Con esas deficiencias previas, preocupa que no esté previsto, antes de cualquier votación, informar plenamente a los comuneros que asistan a la asamblea del próximo domingo, y sí en cambio se pretenda el acuerdo de la asamblea para todo lo que requiera el proyecto. Así, resulta muy significativo el punto ocho del orden del día, que dispone someter a consideración de la asamblea la autorización para que los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales de Cacahuatepec celebren acuerdos de voluntades relativos a la ocupación previa de las tierras, destino de uso de suelo y los demás relacionados con el proyecto hidroeléctrico La Parota... Algo así como una carta poder en blanco, en medio de un conflicto que ha polarizado y enfrentado a los pueblos.

Las objeciones a La Parota sobre el río Papagayo también han sido expuestas por diversos organismos, destacadamente el Tribunal Latinoamericano del Agua, el cual declaró que este proyecto debe cancelarse, ya que no se demuestran los beneficios a la población local ni su contribución al desarrollo regional ni a la protección del medio ambiente y los recursos naturales. Pero esto no parece tener importancia frente a una obra que requiere mil millones de dólares para empezar; sin duda, una buena fuente de negocios a la que la CFE y el gobierno de Guerrero no quieren renunciar. Y esta sinrazón es suficiente para una prolongada alerta.

 
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