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Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano /I

Las perspectivas del sector energético en México

Ampliar la imagen De mantenerse los niveles actuales de extracción, las reservas de crudo tendrán una vida de nueve años. En la imagen, la plataforma marítima KU-S, la más grande del país De mantenerse los niveles actuales de extracción, las reservas de crudo tendrán una vida de nueve años. En la imagen, la plataforma marítima KU-S, la más grande del país Foto: Archivo

Una de las grandes riquezas de México la constituyen sus recursos naturales, particularmente aquellos que tienen que ver con la explotación de los hidrocarburos y la generación de electricidad. Sin embargo, estamos iniciando el siglo XXI sin contar con una política integrada que favorezca su aprovechamiento sustentable y, por otro lado, la gestión que se hace de estas áreas, encomendadas constitucionalmente en exclusiva al Estado, presenta insuficiencias que significan la pérdida de oportunidades para el crecimiento del país y de sus empresas, así como para el mejoramiento de la población y la preservación del medio ambiente.

La importancia del sector energético nacional es ampliamente reconocida. Se trata no sólo de un sector estratégico desde el punto de vista económico y de las finanzas públicas, sino que es también factor clave en la política exterior y vital para la seguridad nacional, para el buen funcionamiento de las actividades productivas y el bienestar de las familias mexicanas. Por ello, frente a la situación actual del país -de deterioro social creciente y de un prolongado estancamiento económico- es preciso dar un cambio radical a las políticas energéticas y en particular a la petrolera.

Desde fines del siglo XIX y sobre todo desde principios del XX, el petróleo se convirtió en el energético más importante para la economía y para la vida social en el mundo. Desde esos tiempos, México ha sido uno de los principales productores del hidrocarburo. Las empresas que comenzaron la explotación de nuestros yacimientos, extranjeras las más importantes, tuvieron, desde un principio, un alto peso relativo en la economía del país y en función de ello y del apoyo que les brindaron los gobiernos de los países en los que residían sus matrices, una influencia política de consideración en la vida nacional.

Nuestra historia registra las confrontaciones de las compañías petroleras con los gobiernos del país cada vez que, en función de los muy altos rendimientos de la actividad, se les imponían nuevas cargas fiscales o cuando a través de nueva legislación, la nación reivindicaba sus derechos sobre los recursos del subsuelo.

Los antecedentes inmediatos de la expropiación son bien conocidos: la unificación de los sindicatos de trabajadores petroleros de las diferentes compañías en uno solo en 1937; la presentación, en mayo de ese mismo año, de un pliego conteniendo las demandas laborales del sindicato único a las empresas y el rechazo de éstas al mismo; el estallamiento de una huelga y la calificación de la controversia como un conflicto económico, lo que permitió la reanudación de las actividades industriales; una serie de resoluciones de las autoridades laborales y judiciales y el rechazo de las mismas por parte de las compañías hasta llegar a la desobediencia que con soberbia manifestaron frente al fallo adverso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que enfrentó al gobierno, ya en marzo de 1938, a la disyuntiva de doblegarse ante la presión de las compañías o hacer cumplir la ley del país.

En esas condiciones, el 18 de marzo de 1938, Lázaro Cárdenas decretó la expropiación de los bienes de las empresas petroleras rebeldes a cumplir con la resolución de la justicia mexicana, haciendo valer el estado de derecho y la soberanía de la nación ante el mundo.

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Cada país, de acuerdo a sus condiciones particulares, considera y califica como estratégicos a determinados recursos. Ese es el caso de aquéllos que resultan vitales para que una nación esté en capacidad de tomar decisiones con autonomía, sea por la contribución que esos recursos hacen a la economía, sea porque evitan, atenúan o rompen dependencias. Casos paradigmáticos son el agua para Canadá, el cobre para Chile, los hidrocarburos para los países del Oriente Medio y tal es el caso, entre otros, del petróleo para México.

Así, desde el momento en que se decretó la expropiación y el petróleo pudo manejarse de acuerdo a un interés público y nacional, la industria petrolera se constituyó en el eje principal de la industrialización y en conductora determinante del crecimiento económico del país. A partir de su propio desarrollo -al crear tecnología propia para la exploración, la explotación y diferentes procesos industriales, al construir refinerías, plantas de petroquímicos básicos, tender redes de ductos, etc.- impactó a otros sectores productivos: la petroquímica derivada, los fertilizantes, la industria metal mecánica y también la agricultura, la construcción, la ingeniería, el transporte y muchos más, atrajo inversiones privadas y públicas y contribuyó a la generación de empleos y al desarrollo general de diversas regiones del país.

La situación empezó a cambiar por 1977, a partir de que se hizo público el descubrimiento del campo gigante de Cantarell, con cuya explotación aumentaron bruscamente la producción de crudo y su exportación, dando un giro radical a la política petrolera, que anteriormente se orientaba básicamente a satisfacer la demanda interna y a industrializar en el país los volúmenes requeridos por la expansión de la refinación y la petroquímica. Todavía en esos años en que empezaron a destinarse fuertes cantidades de crudo a la exportación, se construyeron varios complejos petroquímicos de importancia.

El viraje más fuerte en la política petrolera empieza a darse en la primera mitad de los años noventa, años en los que se inicia el desmantelamiento y el deterioro de la petroquímica estatal, se deja de ampliar la capacidad de refinación en función de los aumentos de la demanda nacional de combustibles y la actividad de la industria se concentra en elevar las exportaciones de crudo. Por otro lado, se impone a Petróleos Mexicanos un régimen fiscal que priva al organismo de recursos para invertir en su expansión y en un adecuado mantenimiento de las instalaciones, y el ingreso que genera la exportación se convierte en fuente principal de la recaudación fiscal del Estado, al tiempo que crece la alta burocracia y con ello el gasto corriente del gobierno. Esa es la historia de 1992 a la fecha. Esa es la historia de nuestro petróleo en las administraciones del neoliberalismo entreguista.

En ese periodo, por otro lado, deja de haber una política real de industrialización del país, se impone como patrón el de la maquila, se disminuye hasta casi desaparecer la banca de fomento, se acelera el desmantelamiento y la privatización corrupta de la economía estatal, se destruye la economía rural y se acelera la caída de los niveles de vida de amplios segmentos de la población.

Al disminuir la presencia del Estado en la vida económica y al hacer depender sus finanzas de la renta petrolera, los gobiernos neoliberales han reducido intencionadamente su autonomía en la toma de decisiones y han hecho depender al país cada vez más de factores externos -políticos, económicos y culturales-, lo que claramente puede verse en la presencia creciente de constructores y prestadores de servicios extranjeros en nuestro país, de una banca comercial extranjerizada, de las transacciones intrafirmas de las exportaciones de la maquila, así como en el constante aumento de la migración de mexicanos hacia Estados Unidos y el desmedido incremento de las remesas, que se han constituido en factor determinante de la economía del país y en la muestra más evidente de la desvergüenza y la falta de compromiso y de voluntad política de los últimos gobiernos para resolver, en México, los problemas de vida de los mexicanos.

En el caso particular de la industria petrolera, se desmembró la administración de Petróleos Mexicanos con la finalidad de preparar la privatización de sectores clave de la actividad, se adoptaron esquemas violatorios de la Constitución para la explotación de gas natural, como son los llamados contratos de servicios múltiples, se recurrió a patrones de financiamiento externo de alto costo -los pidiregas-, se redujeron drásticamente los presupuestos para exploración, no hubo proyectos para la expansión de la refinación, la petroquímica, las redes de ductos y el control de sus flujos, la renovación e incremento de la flota o para el apoyo a la investigación y el desarrollo de tecnología, en este caso, en el Instituto Mexicano del Petróleo.

Sucede, por ejemplo, que la hacienda pública federal ha recibido en los últimos seis años más de 2.2 billones de pesos de la actividad petrolera, más que en cualquier otra época de la historia del país, y en cambio sólo se ha autorizado a Pemex una inversión de 641 mil millones de pesos (29 por ciento de lo ingresado), de los cuales el 85 por ciento ha sido mediante deuda en el esquema de pidiregas, lo que ha generado un endeudamiento desmesurado y absurdo del organismo público. La evidencia mayor de que hay una actitud deliberada para causar problemas a Pemex, se observa en que durante la pasada administración se obligó a la paraestatal a mantener un superávit primario anual superior a los 100 mil millones de pesos, al tiempo que la empresa fue llevada a endeudarse para cubrir necesidades ya no de inversión, sino incluso de mantenimiento básico.

Hoy la industria petrolera nacional se encuentra marcada por la velocidad de la declinación del yacimiento de Cantarell, principal activo de nuestra riqueza petrolera, que registra ya, en los últimos tres años, una pérdida de alrededor del 20 por ciento con respecto a su máxima producción; y al mismo tiempo, por el deterioro general de la industria y la incapacidad de quienes la han venido administrando para sostener los niveles de extracción que exigen imperativamente los equilibrios fiscales del país.

Se hace en consecuencia urgente restituir las reservas petroleras y así fortalecer la seguridad energética del país. Las reservas probadas de petróleo y gas, que se estiman en 13 mil 700 millones de barriles de petróleo crudo equivalente (mmbpce), de mantenerse los niveles actuales de extracción de mil 600 millones por año, prolongarían su vida alrededor de nueve años. La extracción de petróleo llegó a su máximo en 2004, con 3 mil 383 millones barriles diarios, estimándose que el 70 por ciento del volumen original de las reservas probadas ya fue extraído.

 
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