El Congreso debe aprobar una ley para ampliar los términos procesales, dice la Fiscalía
Políticos colombianos vinculados con paramilitares podrían quedar libres
Escapa una mujer que estaba secuestrada por las FARC; su esposo sigue en cautiverio
Santafe de Bogotá, 20 de mayo. Un grupo de 13 congresistas y 15 políticos colombianos acusados de tener vínculos con grupos paramilitares quedarán en libertad si el Congreso no aprueba una norma que amplíe los términos procesales, advirtió el fiscal general de Colombia, Jorge Iguarán.
Según el funcionario las investigaciones que la dependencia a su cargo y la Corte Suprema de Justicia llevan a cabo sobre la relación de varios políticos, empresarios y líderes sociales con el grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), "se están manejando con los términos de justicia especializada, que da mucho más tiempo para investigar que la justicia ordinaria".
Estos términos vencen el 30 de junio, por lo que la fiscalía y la Corte no tendrían tiempo de armar los expedientes en contra de los acusados y estos tendrían que ser liberados.
Iguarán recordó que durante el gobierno de César Gaviria, a principios de la década de los 90, se vivió una situación similar.
"Por vencimiento de términos, el fiscal (Gustavo) De Greiff hubiera tenido que dejar libre" al narcotraficante Pablo Escobar. La solución fue que Gaviria "declaró el estado de sitio y se convirtió en legislador para ampliar los términos" marcados por la ley, explicó.
Las comisiones del Congreso ya aprobaron la postergación de la fecha de vencimiento de los términos de la justicia especializada, pero está pendiente su aprobación en el pleno de la Cámara. Si ésta no se da antes del 16 de junio, la medida no entrará en vigor a tiempo para que se realicen las investigaciones y se armen los expedientes.
La detención de los políticos y empresarios con vínculos con los grupos paramilitares fue posible gracias a las confesiones de los líderes de las AUC.
Según la Ley de Justicia y Paz que impulsó el presidente Alvaro Uribe en 2004, los paramilitares que confiesen sus crímenes no recibirán condenas de más de ocho años de cárcel. Las declaraciones de quienes se acogieron a esta ley provocaron los primeros arrestos, en lo que se ha conocido como el escándalo de la narcoparapolítica.
En otro asunto, una mujer secuestrada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) logró escapar de sus captores.
Se trata de Diana Peña, la esposa de un ciudadano sueco que sigue en poder del grupo guerrillero. Su huída se produjo apenas cuatro días después de que escapó de las FARC el policía John Pinchao, quien dice haber visto a la excandidata presidencial Ingrid Betancourt con buena salud, a pesar de los cinco años que ha vivido en cautiverio.