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Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano /III y última

Las perspectivas del sector energético en México

Para tratar a la industria energética en su condición de estratégica y devolverle su carácter de conductora principal de la industrialización y del crecimiento económico del país, pensando en las generaciones actuales y del mañana, y en que los mexicanos aprovechemos con responsabilidad y de la mejor manera posible la enorme riqueza que la naturaleza ubicó en nuestro territorio y nuestros mares, se hace hoy necesario dar, como pasos iniciales, los siguientes:

En materia de hidrocarburos:

1. Desarrollar un sistema de planeación energética que dote al Estado de una política industrial moderna y racional, priorizando la exploración y acrecentamiento de nuevas reservas probadas, la transformación industrial de los hidrocarburos dentro de nuestro territorio, la seguridad energética del país, el fortalecimiento de un amplio sector de empresas de proveeduría, ingeniería y servicios relacionados que fortalezcan el contenido nacional de los proyectos petroleros e industriales, y que en el futuro puedan ser una de las bases importantes de la innovación tecnológica y la formación de capital humano.

2. Abrir ese sistema de planeación a la participación no sólo de entes gubernamentales y legislativos, sino también de las empresas que contribuyen en el esfuerzo productivo y en el consumo intermedio y final de los insumos y bienes liberados por las empresas públicas de energía, así como constituir la Comisión Nacional de Energía, que sería instancia de concertación y definición de metas y políticas industriales de largo aliento.

3. Una gran reforma institucional, que no implica alterar el orden constitucional vigente, que libere de trabas la operación de Petróleos Mexicanos, lo sustraiga de la confiscación presupuestal que realiza la Secretaría de Hacienda; establezca un ordenamiento especial para adquisiciones, arrendamientos y obra pública; y diseñe nuevas formas de programación, control y fiscalización que favorezcan la transparencia y agilicen la operación. Por otro lado, que cambie la estrategia de inversión-financiamiento al través de pidiregas, que resulta excesivamente onerosa, y abra al organismo la posibilidad de recurrir, en caso necesario, a financiamientos directos para atender con agilidad las necesidades de sus procesos industriales y de transporte de petrolíferos.

4. Transformar Petróleos Mexicanos en una verdadera entidad pública productiva, con la suficiente autonomía de gestión y presupuestal y la profesionalización de su órgano de gobierno, en el que se dé una presencia ciudadana y se impidan interferencias que pretendan privilegios políticos o el beneficio de intereses particulares.

5. Una reforma institucional que permita al Estado establecer una administración eficiente de sus derechos sobre los recursos naturales. Se supone que Petróleos Mexicanos "ejerce la conducción central y la dirección estratégica de todas las actividades que abarca la industria petrolera", pero la realidad es que nadie cuida de la adecuada explotación de los yacimientos, el territorio, el mar y los fondos marinos que los albergan; es necesario entonces, crear una instancia superior -que bien podría ser una Comisión Nacional de Energía- que acuerde con Pemex su programa institucional de largo plazo y asegure que el aprovechamiento de los recursos por parte del operador estatal resulte en el óptimo beneficio para el país.

6. Un nuevo régimen fiscal que vincule la contribución de Pemex a la situación particular de sus activos; que separe la actividad extractiva de la industrial, para que esta última sea tratada bajo parámetros fiscales similares a los de cualquier otra empresa, mientras que la actividad extractiva sea gravada como tal, de modo que quede garantizada tanto la inversión necesaria para la expansión de la industria, como la recuperación de los niveles de reservas, y que vincule el uso de recursos excedentes a proyectos de largo plazo en investigación tecnológica y formación de capital, evitando se destinen a gasto corriente.

7. Precisar con claridad, a partir de que el Congreso junto con el Ejecutivo establezcan anualmente las plataformas de extracción y exportación, los criterios para que los volúmenes de hidrocarburos que se extraigan, guarden una relación adecuada con el nivel de reservas que garantice al país su seguridad energética, lo que debe llevar a Pemex a establecer compromisos de extracción vinculados a la incorporación de reservas, compromisos verificables por la autoridad responsable de garantizar los derechos de la nación sobre sus recursos petroleros.

8. Atender con urgencia las necesidades de mantenimiento adecuado y de expansión de la planta industrial de Pemex, es decir, de las instalaciones para refinación, manejo de gas, petroquímica, el sistema de ductos y la flota, para garantizar el abastecimiento cotidiano de productos y una reducción de costos que favorezcan la competitividad de las empresas mexicanas.

9. Examinar la conveniencia de crear una empresa pública que se encargue del manejo de la cadena de gas natural, que se enmarque en las disposiciones constitucionales en la materia, y lleve a cabo la coordinación, hoy inexistente, entre los nuevos hallazgos, la producción nacional y las grandes importaciones de gas natural licuado, que realiza principalmente la Comisión Federal de Electricidad.

10. Lanzar un programa que específicamente se ocupe de las actividades jurídicas y diplomáticas que garanticen el ejercicio de la soberanía del país en los casos de yacimientos de hidrocarburos transfronterizos o que requieran de acciones concertadas internacionalmente para su aprovechamiento, dado que varias cláusulas del tratado suscrito con Estados Unidos, que delimita la frontera en la plataforma continental, entrarán en vigor al finalizar la presente década. Por otra parte, Pemex tendrá que dar cada vez mayor atención a las explotaciones en aguas profundas, que dependen del acceso y control de innovaciones tecnológicas de alta complejidad, que pueden requerir de alianzas con otras entidades, principalmente debido a los elevados costos de esas operaciones.

En materia de electricidad:

11. Se debe mejorar la calidad del servicio público de energía eléctrica y determinar sus tarifas en función de los costos de producción. Las tarifas deben ser equitativas, formuladas por el nivel de tensión y el tipo de suministro, sin privilegiar o discriminar a sectores específicos de consumidores, sea por su actividad, sea por su nivel económico o su situación geográfica. Además, deben ser establecidas por el organismo regulador a propuesta del operador eléctrico.

12. En adelante, los subsidios deben provenir del fisco y no gravar la economía de las empresas públicas. Los subsidios cruzados entre sectores de consumidores deben desaparecer. El monto y destino de los subsidios deben ser determinados, revisados y evaluados periódicamente por el Congreso. Para soportar esta transformación, las empresas públicas deben pagar, efectivamente, un aprovechamiento actualizado por el uso de bienes y recursos naturales de la nación.

13. Es preciso diversificar las fuentes de generación de energía, equilibrando el uso de las diversas energías para generar electricidad, poniendo limites a la penetración del gas natural importado y revalorando, incluso, las posibilidades carboníferas y nucleares; desarrollando en forma combinada la energía eólica, la derivada de la biomasa y la hidroelectricidad; estableciendo cuotas de participación de otras fuentes renovables o no convencionales de energía y aplicando mecanismos compensatorios para que puedan competir con las fuentes tradicionales.

14. Resulta de interés nacional alentar los procesos de generación distribuida en sus distintas modalidades: cogeneración, autoabastecimiento y las diversas formas descentralizadas de producción de energía eléctrica. Lo anterior permitirá una mejor y más armoniosa utilización de los recursos energéticos y financieros, públicos y privados. Se debe mantener abierto el acceso de los productores con esas modalidades a la red eléctrica nacional, tanto para la transmisión de la energía a sus propios centros de consumo, como para la venta de sus excedentes y que éstos puedan ser aprovechados para el servicio público. Sin embargo, estas actividades no deben fomentarse mediante subsidios al servicio de porteo ni respaldo.

15. La industria eléctrica estatal es capaz de financiarse de manera solvente y sin que ello signifique costos adicionales para los usuarios, a partir de las tarifas, que deben ser la fuente principal del financiamiento para su expansión. Simultáneamente se requiere, para incrementar los recursos propios de las empresas eléctricas, abatir los costos de producción mediante aumentos de productividad y la reducción de las pérdidas en los procesos de distribución y comercialización.

16. Cuestión prioritaria resulta modernizar Luz y Fuerza del Centro. Urge corregir la relación comercial entre la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, la modernización de todos los procesos de esta empresa y el fortalecimiento de su generación para el área central del país, a la que presta servicio. La automatización del proceso comercial redundará en la disminución de los errores de medición y facturación y en una mejora de la atención en las sucursales, cuestión muy sentida por el público.

En materia de uso de la energía

y cambio climático:

Aun cuando se trata de un tema que en sí mismo rebasa los alcances de esta plática, los gravísimos riesgos que enfrenta la humanidad como consecuencia del cambio climático y su estrecha relación con la evolución energética, impide evadir la reivindicación de que cualquier diseño de política en la materia considere, prioritariamente, un conjunto de acciones orientadas a reducir las emisiones de efecto invernadero1 que tengan como objetivo mejorar la eficiencia en el consumo de energía y estimulen el uso de tecnologías limpias.

17. En México, una parte mayoritaria del consumo de hidrocarburos está relacionada con el transporte, por lo que se requiere racionalizar el uso del transporte masivo de pasajeros y carga, estableciendo metas anuales específicas de construcción de vías de ferrocarril y sistemas urbanos de transporte colectivo, para abatir así el consumo de hidrocarburos. Por otra parte, deben mejorarse las normas para la producción de carburantes a fin de atenuar, al máximo posible, las emisiones de CO2.

18. Pemex quema o ventea a la atmósfera hasta 5 por ciento del gas natural que extrae, lo que resulta ya inaceptable y debe reducirse al mínimo aceptado por razones de seguridad industrial. No menos relevante es establecer una supervisión estricta para que Pemex y sus filiales cumplan, a cabalidad, la legislación en materia de manejo de residuos peligrosos, descargas y preservación de la vida silvestre y del medio ambiente en lo general.

19. La captura de bióxido de carbono más eficiente la lleva acabo la vegetación, por lo que para incrementarla, deben establecerse metas muy ambiciosas de reforestación en el país y sujetarlas a verificación ciudadana e internacional; para ese propósito es deseable la utilización de una parte de los excedentes petroleros y la obtención de bonos ambientales, de acuerdo a los mecanismos previstos en el Protocolo de Kyoto.

20. Finalmente, a fin de elevar la eficiencia de la capacidad de generación eléctrica instalada, debe tenerse clara conciencia que se obtienen mejores resultados mediante la reducción o retiro de demanda, que por el aumento absoluto de la oferta. Sobre esa base, es urgente instrumentar un amplio programa para el aumento de la eficiencia energética que, entre otros rubros, considere el cambio de lámparas ahorradoras en hogares y oficinas; mejores normas de consumo de energía en equipos electrodomésticos e industriales; y la incorporación (por reglamento) de calentadores solares de agua en todas las viviendas -lo que disminuiría considerablemente el consumo de gas natural y/o de gas licuado del petróleo.

***

Volver entonces a hacer de la política energética el eje conductor de la industrialización y del crecimiento económico significará recuperar capacidad de decisión autónoma y de hecho, ampliar los espacios del ejercicio de nuestra soberanía como nación. En ello radica uno de los grandes retos y una de las grandes responsabilidades de los mexicanos de hoy.

1 Cabe recordar que México no sólo es uno de los principales productores mundiales de hidrocarburos, sino que además ocupa el noveno lugar como emisor de CO2.

 
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