Campesinos piden fin a privilegios de trasnacionales
Demandan pacto histórico para salvar al sector agropecuario
La crisis en el campo no es pasajera ni coyuntural, alertan
Para detener el agrocidio y la exclusión social en el campo, agrupaciones del Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (Conoc) sugirieron al gobierno federal incluir en su plan sexenal de política agropecuaria un programa especial para salvaguardar la soberanía y seguridad alimentarias, terminar con los privilegios de las grandes empresas y combatir los monopolios en el sector, así como rechazar el uso de alimentos en la generación de biocombustibles. "Salvar al campo es salvar al país, los campesinos no son sobrantes, inservibles ni desechables", acotó.
En su propuesta sobre política agropecuaria, las seis organizaciones del Conoc sostuvieron que se requiere un nuevo pacto histórico del Estado con los campesinos para salvar al sector agropecuario, ya que "ningún país podrá avanzar hacia estados superiores de desarrollo y democracia con un campo arrasado y en ruinas. Esta no es una crisis agropecuaria coyuntural y pasajera, hay una verdadera exclusión social sin precedente".
El gobierno debe iniciar una investigación amplia sobre los oligopolios en el sector alimentario, no únicamente en la cadena maíz-tortilla, y por ello otorgar a la Comisión Federal de Competencia autonomía y facultades amplias para que lleve a cabo dicho procedimiento; al mismo tiempo, tiene que eliminar los regímenes fiscales de privilegio para los monopolios agroalimentarios y poner en marcha un programa estratégico de organización comercial, equipamiento y financiamiento para pequeños y medianos productores de granos básicos, para "nivelar el terreno de los mercados agropecuarios".
Ante la vulnerabilidad e inseguridad alimentaria y la expansión de los oligopolios trasnacionales agroalimentarios, el Conoc propuso revalorar el papel de la agricultura campesina e indígena, reconocer el carácter multifuncional de la agricultura, defender el derecho de las comunidades agrarias a la tierra, territorio y recursos naturales, e insistió en la renegociación del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pero fundamentalmente de la exclusión del maíz y frijol del acuerdo comercial.
A su vez, el Consejo Nacional de Organizaciones Rurales y Pesqueras -integrado por 15 agrupaciones- sugirió establecer un plan permanente para aumentar la superficie sembrada de maíz amarillo e impulsar el incremento de la producción del blanco. La estrategia tendrá que orientarse a elevar la productividad a 2.7 toneladas por hectárea en promedio nacional para incrementar en 2 millones de toneladas la producción de maíz blanco; mientras que para el amarrillo habría que sembrar un millón de hectáreas para tener 4 millones de toneladas adicionales, además de reducir las pérdidas después de la cosecha para recuperar un millón de toneladas del grano.
La agrupación se sumó al rechazo de destinar maíz a la producción de etanol. El maíz blanco tiene que ser exclusivamente para consumo humano, "el objetivo debe ser lograr un crecimiento sostenido en la productividad del grano mínimo de 5 por ciento anual a partir del próximo año, y en el mediano plazo incorporar nuevas áreas de cultivo para el grano".
En los pasados 15 años, la productividad del maíz creció sólo en 2.07 por ciento promedio anual, debido a la incorporación de tierra de riego a la siembra del grano, pero el aumento ha resultado insuficiente para cubrir la demanda interna y por ello se ha recurrido a las importaciones, que en ese mismo periodo se incrementaron tres veces y ahora se compran 10 millones de toneladas.
A su vez, el Congreso Agrario Permanente consideró que el campo requiere una "revolución agrarista y productiva, que establezca cambios de fondo para combatir la pobreza y la desigualdad, e impulsar programas para elevar la rentabilidad de los agricultores, generar empleos e ingresos dignos en el sector rural".