Inútiles, los esfuerzos para que no conociera el caso
El juez Luna Altamirano resolverá demanda de amparo de Echeverría
El ex presidente Luis Echeverría no consiguió que se retirara al magistrado federal Jesús Guadalupe Luna Altamirano del estudio de la demanda de amparo que pidió hace dos meses contra el juicio por genocidio que enfrenta por ser presunto responsable de la matanza del 2 de octubre de 1968.
El segundo tribunal colegiado determinó ayer por unanimidad que Luna Altamirano sí puede conocer el caso y resolver la petición del inculpado.
Ahora Echeverría deberá esperar a que el magistrado, quien en 2002, siendo juez de distrito, se pronunció en favor de extraditar a España al ex represor argentino Ricardo Miguel Cavallo, acusado de genocidio y tortura, emita su resolución.
Luna Altamirano, titular del tercer tribunal unitario penal, escribió en 2004 un libro en materia de extradiciones, el cual dedicó a las víctimas y familiares de actos genocidas, entre los que mencionó los que de alguna forma padecieron directa o indirectamente las víctimas de la matanza del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco.
Según la versión de los penalistas Juan Velásquez y Heraclio Bonilla, defensores de Echeverría, las manifestaciones de Luna Altamirano son un claro prejuicio que le impediría ser imparcial en el estudio de la demanda de garantías, por lo que debería quedar impedido legalmente para resolverla.
No obstante, revelaron fuentes judiciales, tres magistrados resolvieron ayer en sesión colegiada que Luna Altamirano sólo emitió una opinión sobre un tema general, y que en su libro jamás hizo referencia directa a Luis Echeverría, por lo que no prejuzgó sobre los hechos que actualmente estudia en un juicio de amparo.
Desde diciembre pasado el ex presidente quedó sujeto a juicio en el juzgado 15 de distrito, con sede en el Reclusorio Sur, en lo que representa el primer precedente jurídico en México sobre un proceso penal abierto por el delito de genocidio.
En entrevista, los abogados de Echeverría indicaron que el magistrado Luna Altamirano, en su libro La extradición en México y otros países, editado por Porrúa, emitió opiniones relativas a la matanza del 2 de octubre de 1968, al considerar que diversas personas fueron "torturadas, mancilladas, desaparecidas, encarceladas y asesinadas por razones políticas y regímenes dictatoriales".
Según los litigantes, con base en los artículos 66, 67, 68 y 70 de la Ley de Amparo, que establecen que un juzgador queda inhabilitado para conocer de un asunto cuando se ha pronunciado públicamente sobre el contenido del mismo, Luna Altamirano debe excusarse y turnar la demanda de garantías de Echeverría a otro tribunal unitario del Distrito Federal.
Sin embargo, el segundo tribunal colegiado no compartió el criterio de los penalistas, por lo que será el magistrado Luna el encargado de resolver si procede o no conceder la protección de la justicia federal a Echeverría contra el auto de formal prisión que enfrenta por genocidio.
Empero, los litigantes admitieron que la resolución estuvo apegada a derecho y dijeron confiar en la sentencia que en su momento emita el juez.