Rechazan ponencia de Aguirre Anguiano sobre la Ley Federal de Radio y Televisión
Medios comunitarios denuncian trato desigual en relación con los comerciales
La ponencia del ministro Salvador Aguirre Anguiano sobre la Ley de Federal de Radio y Televisión "no reconoce" las condiciones de las radios comunitarias, pues en su argumento sólo acredita la reglamentación para los medios privados con fines de lucro, refiere un documento que la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc) entregó a la Suprema Corte de Justicia de a Nación.
La asociación argumenta que estas radios no reciben ningún apoyo del Estado, por lo que tampoco son públicas.
En ese contexto, la ponencia del ministro Aguirre "nos deja desatendidos, al sólo considerar las concesiones para medios con fines de lucro, dando a las comunitarias un trato desigual ante medios iguales como los comerciales".
El análisis señala que las radios comunitarias se instituyen al amparo de la figura legal de los permisos (permisionarios), por lo que "deben distinguirse de los concesionarios y de las permisionarias públicas, así como tenerse en mente que no necesariamente pueden ser operadas por comunidades indígenas", pues muchas pertenecen a asociaciones civiles.
La agrupación subraya que el proyecto de Aguirre argumenta que no existe discriminación entre concesionarios y permisionarias, "porque en algo prevalece una diferencia elemental: que los primeros tienen un carácter comercial, mientras las segundas pueden tener por objeto fines culturales, de experimentación o bien, constituirse como escuelas radiofónicas, pero sin fines de lucro. A partir de esta distinción queda justificado que se trate igual a los iguales y desigual a los desiguales", expone el ministro.
Ese argumento, responde la Amarc, "resulta desacertado", pues asevera que "los derechos de las radios comunitarias no podrían defenderse argumentando su menoscabo debido a una discriminación legal impuesta en privilegio de los concesionarios".
Agrega que el documento de Aguirre Anguiano también "vulnera" los derechos indios y de otras comunidades, "porque se asume que la regulación para radios indígenas o grupos equiparables no aplica" a medios con fines de lucro.
La Amarc expone a los ministros que tal y como estructuró Aguirre Anguiano su dictamen, las garantías de esos sectores "resultan desprotegidas", porque se asume implícitamente que las permisionarias no gozan de derechos legales reconocidos a los concesionarios.
Afirma que entre concesionarios y permisionarias es posible hallar semejanzas y diferencias, con las que se permite acreditar que "existe una discriminación" al catalogar ambos conceptos:
"Existen diferencias innegables, como que los primeros operan estaciones comerciales y dirigen sus actividades a la obtención de un lucro; mientras las segundas operan, entre otras, estaciones culturales, de experimentación o escuelas radiofónicas, y se conducen sin ánimo de lucro. No obstante, estas diferencias no pueden utilizarse para ocultar semejanzas inobjetables, pues ambas clases son particulares, gozan de los derechos humanos reconocidos en las disposiciones supremas y operan estaciones de radio y televisión en ejercicio de dichos derechos."
El análisis apunta que a las radios comunitarias "se les priva de la posibilidad para allegarse de recursos económicos" para mantenerse al aire, afrontar los cambios tecnológicos y ejercer en forma efectiva sus garantías, debido a que el proyecto citado sólo reconoce el derecho para otorgar servicios adicionales a las telecomunicaciones al vender publicidad, sobre todo electoral.
"Pensar que la propaganda electoral tiene carácter comercial conllevaría el absurdo de ver en los electores consumidores y en las opciones políticas simples productos a comprar."