Ex jefa delegacional denuncia que han alterado en su perjuicio documentos oficiales
Reclama que le entregue el ISSSTE pensión completa
Durante ocho años, María Ana Castañón ha demandado en tribunales que le paguen la pensión con base en el sueldo que percibía como jefa de oficina en la delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Tlaxcala, luego de que a causa de una retinosis pigmentaria, prácticamente ha perdido la vista.
Antes obtuvo el laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en el que se determina que el ISSSTE debe pagar a la quejosa la pensión que le corresponde. Sin embargo, señaló Castañón, los montos expresados en el laudo no corresponden con el salario que devengaba hasta junio de 1999, cuando fue despedida en forma injustificada.
La mujer, de 62 años de edad, afirma que el ISSSTE le entregó una hoja de servicios que tampoco corresponde con su verdadero nivel salarial, que era de 3 mil 756 pesos de sueldo base, mientras que el instituto sólo le reconoce un monto de 2 mil 479.76 pesos.
Aunque para el instituto este caso está concluido, dada la resolución de la autoridad laboral del 15 de noviembre de 2002, y que Castañón puede tramitar el pago de su pensión con base en la misma y en la hoja de servicios, todavía el pasado 10 de abril la jefa de servicios, Verónica Mejorada Gómez, le reiteró a la quejosa que su pensión está disponible desde el 9 de mayo de 2003.
Sin embargo, con copias de sus comprobantes de pago, Castañón asegura que su nivel salarial hasta el día 14 de junio de 1999 es superior al reconocido por el ISSSTE. También destacó que percibía ingresos por una compensación única que tenía por sobrecarga de trabajo, y la cual también debería ser considerada para calcular el monto de su pensión.
Afirmó que trabajaba un turno especial que no se le remuneraba económicamente, el cual también puede comprobar con sus tarjetas de asistencia.
Por estas y otras irregularidades señaladas por Castañón, inició una nueva demanda, ahora de tipo penal, en contra de diversos servidores públicos, a quienes acusa de haber alterado documentos oficiales en su perjuicio.