Usted está aquí: sábado 26 de mayo de 2007 Mundo Caracas, lista para enfrentar disturbios por cierre de RCTV

Desestima el presidente Hugo Chávez la condena de eurodiputados a la disposición

Caracas, lista para enfrentar disturbios por cierre de RCTV

Especialistas resaltan el papel de algunos medios de información durante el golpe de 2002

"Gobierno y pueblo", atentos a posibles sabotajes cuando se presente Tves, la nueva emisora

STELLA CALLONI

Ampliar la imagen Este viernes miles de estudiantes venezolanos salieron a las calles de Caracas para manifestar su rechazo a la negativa del mandatario Hugo Chávez de no renovar la concesión a la televisora Este viernes miles de estudiantes venezolanos salieron a las calles de Caracas para manifestar su rechazo a la negativa del mandatario Hugo Chávez de no renovar la concesión a la televisora Foto: Reuters

Caracas, 25 de mayo. En un escenario cargado de rumores y tensión, ante una posible conspiración de opositores, el gobierno del presidente Hugo Chávez espera un fin de semana agitado. Son fuertes los preparativos para evitar "cualquier provocación" que pueda enturbiar la fiesta por el inicio de operaciones de Televisora Social (Tves), cuando en la medianoche del próximo 27 de mayo finalice la concesión del espacio radioeléctrico que desde hace más de 50 años posee la empresa Radio Caracas Televisión (RCTV).

El mandatario desestimó ayer el voto de 43 legisladores del Parlamento Europeo -en una cámara integrada por 784, que estaba vacía-, quienes condenaron la medida del gobierno venezolano de no renovar la concesión al monopolio informativo RCTV. Otros 22 votaron en favor de Venezuela. Esto último, señalaron voceros gubernamentales en Caracas, "muestra una respuesta absolutamente débil ante la presión de Estados Unidos y las derechas más recalcitrantes".

Chávez agradeció a eurodiputados socialistas que rehusaran estar presentes en esa votación de la "extrema derecha europea", a la que calificó de "fascista, franquista y hitlerista".

De la misma manera, restó importancia a que en Estados Unidos el republicano Richard Lugar y el demócrata Christopher Dodd solicitaran al senado condenar al gobierno venezolano. Insistieron en llamar "cierre" lo que Chávez considera como "el final de una concesión y el derecho soberano del país", y mencionaron que no hay sentencia judicial alguna que pruebe la "actividad delictiva" de RCTV, lo cual, dicen, supone una violación a los compromisos firmados por Venezuela en materia de derechos humanos.

"Esto es un planteamiento tergiversado, porque en ningún momento se habla de que haya una situación judicial o se intente cerrar esa empresa por desinformar, y menos aún por la línea editorial distinta al pensamiento del gobierno, sino que termina una concesión y no se renueva. Esa es la verdad. Lamentamos que algunos políticos se hayan dejado engañar de esta manera. Además, saben que RCTV puede ocupar las señales de cable que quiera", sostuvieron voceros gubernamentales.

Quizá Chávez se inspiró en los jóvenes analistas que están trabajando en diversos organismos estatales, quienes en días pasados concluyeron que Estados Unidos "no tiene moral para demandar nada, ya que impuso leyes de silencio y obligó a medios y periodistas a mentir y convalidar la invasión a Irak, donde ocurre un verdadero genocidio, a sabiendas de que los argumentos expuestos para actuar eran falsos".

También recordaron que "gobierno y pueblo" estarán atentos "a posibles sabotajes" cuando sea lanzada Tves. Señalaron que durante el golpe de abril de 2002, se cortó la señal a la única televisora estatal y "se unieron todos los medios del poder para desinformar y mentir, como se ha comprobado internacionalmente".

Con estudiantes, en la conferencia Universidades autónomas rumbo al socialismo, Chávez hizo una larga reflexión sobre los peligros que rodean la democracia venezolana, "por los diversos mecanismos conspirativos".

"En cualquier lugar de América Latina, durante 200 años, donde aparecieron movimientos que pusieron en peligro la hegemonía imperialista y de las élites en nuestros países, allí estuvo la mano del imperio", dijo. Advirtió que si se suscita una situación desestabilizadora, actuará para disuadir cualquier intento de provocación o violencia.

En un documento de Periodistas por la Verdad en Venezuela se responde a lo que llaman manipulación y tergiversación de la verdad, "con evidente intención política de confundir a la opinión pública nacional e internacional sobre la legalidad y legitimidad de esa acción".

Afirman que la concesión "fue otorgada a la sociedad mercantil RCTV el 20 de septiembre de 1952 y no se previó plazo de vigencia, ya que fue otorgada bajo el régimen de la Ley de Telecomunicaciones de 1940, pero su duración quedó establecida en el reglamento sobre concesiones para televisoras y radiodifusoras del 27 de mayo de 1987, el cual determinó en el artículo primero que las concesiones para el establecimiento y explotación de estaciones televisoras y radiodifusoras se otorgarán por 20 años". Destacaron: "por eso la concesión vence el 27 de mayo de 2007".

Asimismo, explicaron que la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, en su artículo 210, sostiene que "todos los derechos y obligaciones adquiridos al amparo de la anterior legislación permanecen en pleno vigor en los mismos términos y condiciones establecidas en las respectivas concesiones y permisos. Esa legislación estima 20 años para el vencimiento de la concesión".

El documento rechaza lo afirmado por uno de los dueños de RCTV, Marcel Granier, de que "no renovar la concesión atenta contra la libertad de expresión y los derechos humanos", lo que es absolutamente falso. El gobierno de Chávez no tomó medidas ante el golpe de 2002 y el paro patronal y petrolero, durante los cuales la televisión era la principal propagandista".

Investigadores que trabajaron en el Libro blanco sobre RCTV, publicado por el Ministerio de Comunicación e Información, recopilaron conclusiones de organismos internacionales que investigaron lo sucedido durante el "golpe mediático de Estado" de 2002. En éstas se menciona al Consejo de Asuntos Hemisféricos, con sede en Washington, en un documento del 11 de marzo de 2003, que sostiene que "el intransigente antagonismo de los medios hacia el gobierno llegó a provocar un sentimiento de burla hacia el orden constitucional de la nación".

También advierte que "los periódicos y las estaciones de televisión sirvieron de tribuna a los voceros de ultraderecha más radicales de la oposición. Durante el paro general patronal las estaciones privadas de televisión sacrificaron el tiempo de comerciales pagados para transmitir la petición de renuncia del presidente".

 
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