Editorial
Economía: peligros desatendidos
El Banco Mundial advirtió ayer, en el informe Flujos mundiales de financiamiento para el desarrollo 2007, que la crisis en el sector inmobiliario de Estados Unidos podría afectar a México y reducir el crecimiento del producto interno bruto de nuestro país en el presente año. Para poner el dato en perspectiva, ha de considerarse que la industria de la construcción en la nación vecina representa la principal fuente de empleo de millones de migrantes mexicanos. Por tanto, es de suponer que la crisis que actualmente vive ese sector está relacionada con la caída en las remesas de los trabajadores a sus familias en México: entre mayo de 2006, cuando alcanzó su punto culminante, con 2 mil 600 millones de dólares, y el presente, el ingreso mensual de remesas al país ha bajado en forma sostenida hasta ubicarse en su nivel actual, de unos mil 700 millones de dólares. Significativamente, fue también en aquel momento del año pasado cuando se frenó abruptamente la construcción de viviendas en Estados Unidos.
Este panorama, de suyo grave, resulta tanto más preocupante si se considera la precariedad interna que padece la economía nacional, agudizada por una inflación que afecta los bolsillos de los sectores populares y que recibió un claro impulso con los incrementos de precios en los combustibles y la leche al final de la administración foxista; luego vendrían los aumentos en el precio de la tortilla, aceptados y oficializados por el presente gobierno en sus primeros días. Por otro lado, los salarios se encuentran estancados y las perspectivas de creación de empleo se ven reducidas, sobre todo a raíz del anuncio que hiciera el Banco de México hace un mes, en el sentido de que se incrementarían en un cuarto de punto las tasas de interés, lo cual habrá de traducirse en menos inversiones y menor generación de plazas laborales.
Aunque el actual titular del Ejecutivo dijo el pasado 26 de abril que "México apostará por sí mismo", el equipo de gobierno, carente de una política económica definida, se ha limitado a clamar por unas reformas estructurales inciertas y cuestionables -que, de no enfrentar una oposición mayoritaria en el Congreso, generarán, a no dudarlo, un repudio mayoritario en la población-, y a insistir en los intentos por gravar con el IVA el consumo popular en vez de incrementar la base y las tasas del impuesto sobre la renta. Por otra parte, ha ignorado el clamor nacional que demanda el combate a la escandalosa corrupción heredada del foxismo y la reducción significativa de las insultantes percepciones y prestaciones con que se regalan los altos funcionarios de los tres poderes.
A pesar de que el Ejecutivo federal concentra su atención en la guerra contra el narcotráfico como tema casi único, y en inventar y esgrimir nuevas corporaciones de seguridad -cuyo destino es fácilmente previsible: ser corrompidas por la delincuencia organizada y empeñarse en la represión de movimientos sociales-, es pertinente exigir que se atiendan los preocupantes signos económicos y se adopten medidas urgentes para impulsar la siempre postergada reactivación económica y el necesario fortalecimiento del mercado interno. Hasta el momento, la única previsión seria que ha tomado el gobierno en este terreno ha sido la planeación de dispositivos para contener los estallidos sociales que pueden surgir en un escenario de represión abierta o, peor aún, de descarrilamiento general de la economía.